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| César Camacho, líder del PRI en San Lázaro. Foto: Eduardo Miranda |
La comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que encabeza el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, intentó aprobar el 23 de marzo la reducción de fondos a partidos, pero el PRI y el PVEM le enviaron sendos oficios en los cuales le exigieron “suspender” la sesión, revela el legislador a Proceso.
Acosta Naranjo sostiene que se empecinó en realizar la reunión, pero acabó por “dar más tiempo” para procesar las distintas “fórmulas” e iniciativas de PRI, PVEM, PRD, PAN, Morena, MC, PES, independientes y congresos locales, con el compromiso de avalar la iniciativa en el pleno antes del 30 de abril.
Sin embargo, la posibilidad de reducir los recursos a los partidos en 2 mil 200 millones de pesos (52% menos) fue una simulación, pues el periodo ordinario de sesiones ya concluyó y el Senado, que debe ratificarla, terminó su periodo el 28 de abril, con lo que la propuesta se fue a la congeladora.
Si los legisladores quisieran aligerar la carga financiera a los ciudadanos, el Senado podría convocar a un periodo extraordinario y votar la iniciativa, que aún tendría que ser aprobada por al menos 17 congresos locales, ya que se trata de una reforma constitucional.
Todo ello tendría que ocurrir en los próximos 30 días, a fin de que se aplique en la elección presidencial de 2018. De lo contrario, el gasto autorizado de los partidos se incrementará a poco más de 5 mil millones de pesos.
Cuando se le pregunta si todavía hay tiempo para aprobar la medida, Acosta Naranjo responde: “¡Uy, sí! Habiendo voluntad, esto es más rápido que una bala”.
Simulación priista y verde
El 18 de enero Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, dijo que apoyaba toda reforma electoral que tuviera como fin un ahorro en el gasto público:
“El PRI respalda la propuesta de reducción de legisladores plurinominales con la misma determinación con que ha respaldado las medidas implementadas en unidad por el gobierno de la República y los sectores productivos del país.”
En sintonía, el entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado Pablo Escudero, del PVEM, se pronunció por reducir el financiamiento público a los partidos.
Cuando Escudero hizo la propuesta, senadores y diputados se encontraban en receso; en su lugar sesionaba la Comisión Permanente, que es una instancia de deliberación y propuestas integrada por 18 senadores y 19 diputados.
Una semana después, el 25 de enero, los diputados Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Miguel Ángel Sulub Caamal y María del Rocío Rebollo Mendoza, así como los senadores Raúl Aarón Pozos Lanza y Óscar Román Rosas González, todos priistas, propusieron reformar el artículo 41 de la Constitución para reducir el financiamiento público a los partidos.
En su iniciativa argumentaron que en los últimos 20 años se ha duplicado ese rubro presupuestal debido al padrón electoral “y se debe reconocer que ha impactado directamente la economía del Estado mexicano y, por ende, en la de sus ciudadanos, quienes, a través de sus impuestos, fondean no sólo a los partidos, sino también a todo el sistema electoral”.
Después de la reforma electoral de 1996, en el sexenio de Ernesto Zedillo, los partidos tuvieron por vez primera financiamiento público regulado para los comicios federales intermedios de 1997. En esa ocasión el monto ascendió a 2 mil 111 millones 500 mil pesos. Y para la elección presidencial de 2012 llegó a 5 mil 142 millones 500 mil.
En 2014 se modificó la fórmula de financiamiento público, con lo que el presupuesto de los partidos para la elección intermedia de 2015 fue similar al de la presidencial: 5 mil 199 millones 700 mil pesos.
El PRI establece en su iniciativa que el gasto de los partidos para este 2017, de 4 mil 59 millones de pesos, “equivale al costo de 12 mil automóviles compactos o a pagar casi 700 mil salarios mínimos de trabajadores durante un mes o a todo el presupuesto federal asignado para combatir adicciones”.
Actualmente, la fórmula para fijar el monto que se reparten los partidos se obtiene multiplicando el total del padrón electoral por 65% del salario mínimo general.
La propuesta del PRI sugiere sustituir el factor de 65% por 32% y mantiene como base el padrón electoral, en tanto que la del PVEM propone un factor de 32.5%.
El 23 de marzo la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pretendió aprobar otra fórmula, que disminuiría 52% los poco más de 4 mil millones de pesos que se otorgarán este año a los partidos, con el fin de avalarlo de inmediato en el pleno de San Lázaro. Pero la dupla PRI-PVEM lo frenó.
“Yo recibí dos oficios, uno del Verde y otro del PRI, para suspender la sesión del 23 de marzo, para que no se llevara a cabo bajo ese orden del día, con el argumento de que no se había reunido previamente a la Mesa Directiva de la comisión”, señala Acosta Naranjo. Esto generó un debate:
“Les argumenté que es una facultad del presidente convocar y que no todo depende de la Mesa Directiva. Hubo pues una controversia fuerte sobre si se hacía o no la reunión. Pero yo no admití desconvocar ni acepté bajar ningún punto del orden del día”, dice el perredista.
La confrontación ocurrió después de que, para sorpresa de los diputados verdes y del PRI, Acosta Naranjo difundió un boletín de prensa donde anunciaba la sesión para avalar la reducción del financiamiento público a partidos. Enfatizó que, con diferentes fórmulas, todos éstos coincidían en la disminución de los fondos.
Someter la convocatoria a la Mesa Directiva implicaba la posibilidad de que se desecharan algunos dictámenes, ya que esa instancia de la cámara cuenta con 11 integrantes, y a pesar de que PRI, PVEM y Panal sólo suman cinco votos contra los seis de PAN, PRD y MC, prevalece el “voto ponderado”, es decir que cada partido vale según el número de sus legisladores. El PRI y sus aliados suman 260 votos y pueden cerrarle el paso a cualquier dictamen o reunión.
“Les dije que al quedar atrapados en la Mesa Directiva podríamos lastimar derechos de gente que tiene el derecho de iniciativa y cuyas propuestas nunca serían dictaminadas. Bastaría con el voto ponderado para no tener ya ningún dictamen. Les aclaré que mi obligación como presidente de comisión es salvaguardar esos derechos que otorga la Constitución”, comenta Acosta Naranjo.
El atorón
Las 16 iniciativas del PRI PVEM, PES, Morena, PRD, MC, independientes y congresos locales de Jalisco y Sonora coinciden en reducir el financiamiento público; lo que varía es el factor, que va de 65% a 32 y 32.5%, y la base, que puede ser el padrón electoral, la votación válida o los votos nulos.
El dictamen que pretendía someter al pleno Acosta Naranjo combina la propuesta del diputado local independiente de Jalisco Pedro Kumamoto Aguilar –y que asumió el Congreso de ese estado– con las del perredista Agustín Basave, el legislador independiente Manuel Clouthier, el panista Marko Cortés y el perredista Omar Ortega Álvarez.
Así, el dictamen contempla mantener como factor 65% del salario mínimo general, multiplicarlo por la votación nacional emitida en la elección federal anterior, y restarle los votos nulos y votos por candidatos no registrados.
Lo anterior da un resultado de mil 860 millones 248 mil 759 pesos para los nueve partidos registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE): PRI, PVEM, Panal, PES, PAN, PRD, Morena, MC y PT.
El 50% de ese monto se repartiría de manera igualitaria: 930 millones 124 mil 379 pesos para cada partido; la otra mitad, según el número de votos obtenido en la elección de referencia.
Con la fórmula vigente, la bolsa para 2017 es de 4 mil 59 millones 213 mil 905 pesos, 30% de los cuales se reparte en forma igualitaria y 70% de acuerdo al número de votos.
Acosta Naranjo sostiene en el dictamen: “Resulta evidente que existe un descontento social y una gran preocupación por la necesidad de que se incentive la participación ciudadana y se reduzca el financiamiento de los partidos cuando no son capaces de convencer a los votantes de que se involucren en la vida política de su país… de ahí una reingeniería”.
Aunque los partidos estaban de acuerdo en todo eso, el dictamen fue bloqueado por el PRI y el PVEM. Para salir del conflicto, Acosta Naranjo propuso una mesa de trabajo que incluya a la Junta de Coordinación Política de la cámara.
“Tenemos un periodo muy breve (para aprobar el dictamen) y no hay mesa. En estas reformas siempre ha habido mesa de dirigentes de partidos, de los actores de poder del país discutiendo las iniciativas que luego se traen y procesan aquí. En este momento no hay ninguna mesa, el tiempo sigue corriendo y el plazo para aprobarla y que se aplique en el procesos electoral de 2018 vence el 31 de mayo”, sostiene el perredista.
Acosta Naranjo concluye: “Ya forcé (al PRI y el PVEM) a realizar la reunión que no querían (y donde todos los partidos, excepto Morena, aceptaron no votar dictamen alguno); ahora estamos en sesión permanente y con el compromiso de votar el dictamen en el periodo ordinario”.
Pero esto último no sucedió; ni siquiera llegó al pleno de la Cámara de Diputados.
Este texto se publicó en la edición 2113 de la revista Proceso del 30 de abril de 2017.
Fuente : Proceso.
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