El proyecto de decreto en materia de transparencia violenta el principio
de legalidad y el debido proceso, porque se deja la última palabra en
manos de la consejería jurídica del Ejecutivo federal, señala Irma
Eréndira Sandoval.
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(Foto: Cuartoscuro/Enrique Ordóñez) |
Comisionados del INAI, integrantes de organizaciones civiles y representantes de la iniciativa privada criticaron la
resistencia de la Cámara de Diputados a transparentar su gestión administrativa.
“En la Ley General y Federal existía un
listado detallado y amplio de documentos que
los sujetos obligados deben poner a disposición del público, (pero) los
legisladores han mostrado reticencias en cumplir con estas
obligaciones”, dijo la coordinadora de Transparencia y Rendición de
Cuentas de la asociacion civil Fundar, Justine Dupuy, de acuerdo con el
diario
Reforma.
“Al momento de la aprobación de la Ley General apareció un artículo
transitorio que permitía al Congreso de la Unión no cumplir con sus
obligaciones de transparencia sólo hasta que él mismo implemente un
programa reorganización administrativa. Si bien el Senado ha aprobado su
programa de reorganización,
la Cámara no ha aprobado su programa, aun cuando el plazo venció hace cinco meses”, añadió Dupuy.
Por su parte,
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros,
investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México (IIS-UNAM), indicó que el
proyecto de decreto en materia de transparencia violenta el principio de
legalidad y el debido proceso, porque se deja la última palabra en
manos de la consejería jurídica del Ejecutivo federal.