La ficha de búsqueda de Emilio David Solís Beck. Foto: Especial
GUADALAJARA, Jal. (Proceso Jalisco).- Emilio David Solís Beck, de siete años, fue sustraído por su padre hace dos años y éste sobornó a autoridades ministeriales para evitar que el menor regrese a los brazos de Ana Patricia Beck Aranda, su madre.
Al enterarse de que Beck Aranda iba a contraer nupcias, el 1 de marzo de 2013, David Solís Gutiérrez se trasladó de Ixtapa Zihuatanejo a Guadalajara para visitar a su hijo, que tenía cinco años y con quien no tenía contacto desde que tenía seis meses.
Relata la historia Eva Patricia Aranda, madre de Ana Patricia Beck. Solís Gutiérrez fue a casa de su exsuegra y le pidió permiso para llevar al niño a un centro comercial. Dijo que le iba a comprar ropa y zapatos. Horas después, Solís Gutiérrez le informó a la señora Aranda, mediante un mensaje de texto a su celular, que se había llevado al menor a Tijuana, Baja California, y que ni ella ni Ana Patricia volverían a verlo.
La madre del menor se trasladó a Zihuatanejo para buscarlo. A través de Facebook se enteró de que Emilio David aparecía en unas fotos a bordo de un vehículo con su padre, en Tijuana.
El 13 de marzo Beck Aranda logró contactar a su expareja, quien a través de mensajes de texto le reiteró que no volvería a ver al niño: “Que hiciera mi vida y que su hijo no iba a tener otro padre”.
Solís Gutiérrez se ostentaba como funcionario del Registro Civil en Zihuatanejo, pero en sus investigaciones la señora Beck Aranda se enteró de que en realidad se dedicaba a falsificar documentos oficiales.
A fin de recuperar a su hijo por la vía legal, Ana Patricia Beck contrató al abogado Jesús Enrique Díaz Sosa y a sus hijos, quienes también se ostentan como licenciados en derecho: Elvia Pamela y Jesús Enrique Díaz Aguilar, cuyas oficinas se ubican en avenida Paseo de la Reforma 389 piso 10, en la colonia Cuauhtémoc del Distrito Federal. Le cobraron cerca de 200 mil pesos con la promesa de que tendría al niño de vuelta en tres semanas.
Para iniciar el caso, los abogados le pidieron a su cliente 100 mil pesos. El 20 de marzo ella depositó esa cantidad en la cuenta Banorte 0515227725, a nombre de Enrique Díaz Aguilar; sin embargo, sólo redactaron dos escritos, uno dirigido a la esposa del presidente de la República, Angélica Rivera, en su calidad de presidenta honoraria del sistema DIF, y el otro, fechado el 20 de mayo de 2013, a la Procuraduría General de la República (PGR), para solicitar con carácter de urgente que “se monte un operativo en la calle Bugambilias número 30, en la colonia Agua de Correa, en Zihuatanejo”. Ninguno de los documentos tiene sello de recibido.
El operativo no se realizó. Los abogados pidieron más dinero: 75 mil pesos. Beck Aranda los depositó en dos partes: el 17 de abril de 2013, en la cuenta 2644185 de Banorte, también a nombre de Enrique Díaz Aguilar, y el resto al día siguiente.
La abuela del niño, Eva Patricia Aranda, explica que confiaron en los abogados porque aseguraron ser “íntimos amigos del entonces procurador, Jesús Murillo Karam; del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y de su esposa, Angélica Rivera. Después de que pasaron las tres semanas, nos piden otros 75 mil pesos para ahora sí hacer el operativo. Pero otra vez no pasó nada. Fue hasta el mes de julio que nos dieron la cara los abogados. Me piden 20 mil pesos más para venir a Guadalajara y hablar con el procurador de aquí. Les dimos el dinero, pero nunca se presentaron. Cuando al fin nos tomaron la llamada, nos amenazaron a mí y a mi hija, diciéndonos que no sabíamos quiénes eran y que si no queríamos problemas dejáramos las cosas así”.
La justicia, de cabeza
Con la urgencia de recuperar a su hijo, la afectada contrató a otro abogado, quien el 27 de septiembre de 2013 pidió a la delegación de la PGR Jalisco que solicitara a su homóloga en Guerrero se designara un agente del Ministerio Público federal adscrito en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, “a fin de que actúe en auxilio de las labores de esta fiscalía”.
El apoyo debía consistir en pedir a la Policía Federal Ministerial que localizara al menor y lo entregara a su madre (expediente AP/PGR/JAL/GDL/AG3-MIV/3137/2013).
En octubre siguiente, la Policía Ministerial acudió al plantel donde estudiaba el menor, el Colegio Instituto México de Zihuatanejo. Eva Patricia Aranda recuerda:
“Fuimos acompañadas por la ministerial de la colonia El Huejal, con tres policías. Entraron armados a las instalaciones del plantel ellos solos. Salieron y nos comentaron que ahí estaba el niño, que en cinco minutos lo tendríamos. Volvieron a ingresar y salieron como a los 10 minutos; nos dijeron: ‘Se nos peló, escapó’.
“Les preguntamos por dónde se había escapado. Respondieron que brincaron una barda. Les pedimos que fueran tras él, pero no lo hicieron, dándole tiempo a que huyera de nuevo. Yo creo que les dieron dinero.”
El 10 de octubre, Solís Gutiérrez solicitó en el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Guerrero, un amparo (1083/2013) contra la orden de detención por la privación ilegal de la guardia y custodia del menor. El juez Rogelio Josué Martínez Jasso se lo negó.
Más de un mes después, el 15 de noviembre, Beck Aranda presentó un juicio civil ordinario para solicitar la patria potestad de su hijo y el pago de pensiones alimenticias (expediente 2066/2013). Su caso fue turnado al Juzgado Décimo de lo Familiar, cuyo titular es José Vázquez Vitela, quien el 13 de febrero de 2014 le concedió la custodia provisional de su hijo. Se le previno a Solís Gutiérrez que entregara a Emilio David, “apercibido que de no hacerlo se procederá en su contra”.
En su demanda, la madre del niño explica que ella y Solís Gutiérrez vivieron juntos, sin contraer matrimonio, en la casa de los padres de David Solís, en Zihuatanejo.
Tras el nacimiento del menor, continúa, “su actitud cambió, volviéndose más agresivo y violento, estando en esa situación seis meses. A mediados de 2008, nuestro hijo enfermó y el señor David Solís se negó a comprar medicinas pues, dijo, no tenía dinero. Decidió irse en ese año, sin reincorporarse a nuestro domicilio, dejando de solventar los gastos alimenticios de la suscrita y de nuestro menor hijo”.
En vista de la situación, Beck Aranda regresó a Guadalajara, de donde es originaria.
La madre afectada tuvo que contratar a otro abogado, Jesús García, quien el 21 de diciembre de 2013 presentó en Zihuatanejo una denuncia contra Solís Gutiérrez por sustracción de menor (averiguación previa AZUE/SC/01/00977/2013).
Según la abuela de Emilio David, la querella está traspapelada, pues en opinión de su abogado “le habían dado el pitazo a David”.
No le sorprende eso, pues sostiene que Everardo Solís Gutiérrez, “hermano del padre de mi nieto, tiene una amistad con una secretaria del Ministerio Público de Zihuatanejo, quien está manipulando y obstaculizando la investigación”.
De acuerdo con la señora Eva Patricia Aranda, el pasado 4 de enero solicitó a la agencia del MP de Zihuatanejo que gire un oficio a una compañía telefónica para que informe “la ubicación exacta y los registros de llamadas del inculpado, David Solís”, pero no ha tenido respuesta.
Agrega que dos hermanos de David Solís, Jorge y Everardo, “se dedican a cosas ilegales, como falsificación de todo tipo de documentación, roban y extorsionan”. Esto implica, dice, que “mi nieto está con una familia sin principios ni valores”. Incluso, señala, “el hermano del abuelo de mi nieto, Jorge Solís Ramírez, está en la cárcel en Zihuatanejo por pederasta, ya tiene siete años preso”.
Por eso pide a “las autoridades correspondientes resuelvan el caso e investiguen por qué no salen las demandas del MP en Zihuatanejo, así como también a esta familia, que ya tanto nos perjudicó, y no sólo a nosotras, sino a mucha gente (por la falsificación de documentos). Todos esperamos justicia por el mal que han hecho”.
Fuente : Proceso.
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