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| La banca mexicana. Foto: http://pilotzinoticias.com |
La primera decisión fue el anuncio, el pasado 19 de abril, de una investigación sin precedente para analizar la posible colusión entre grupos financieros, casas de bolsa, administradoras de fondos de retiro (afores) y organismos reguladores durante los últimos 10 años para beneficiarse del manejo y servicio del mercado de valores gubernamentales, calculado en 6.2 billones de pesos, en perjuicio de la hacienda pública.
En un comunicado, el jefe de la Autoridad Investigadora, Carlos Mena Labarthe, calculó que el daño causado al erario y a los inversionistas por esta práctica de colusión podría ser del orden de “los 100 mil millones de pesos diarios”.
Para el profesor Raymundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de economía y finanzas del Tecnológico de Monterrey, “no estamos ante un asunto menor sino ante un posible daño patrimonial enorme” que “involucraría, básicamente, a los seis mayores bancos que habrían actuado como un cártel para fijar tasas de interés, y eso provocó que el gobierno mexicano haya tenido que pagar más”.
La segunda decisión importante de la Cofece se dio a conocer el pasado jueves 4 y fue la sanción histórica, de mil 100 millones de pesos, a cuatro grandes afores privadas (Profuturo, Sura, Afore XXI Banorte y Principal), así como a 11 personas físicas acusadas de realizar “prácticas monopólicas absolutas” que afectaron la competencia y la rentabilidad de los fondos de ahorro para el retiro de 31 millones de mexicanos.
La Cofece aclara a Proceso que se trata de mercados diferentes y de investigaciones con ritmos y ciclos distintos, pero en ambas se presumen “prácticas monopólicas absolutas”.
De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica, esas prácticas consisten en “aquellos contratos, convenios, arreglos o combinaciones de agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con el objeto o efecto de realizar alguna de las conductas anteriores”.
La Cofece desestimó la acusación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de que se “extralimitó” e invadió facultades en su resolución.
“La Cofece está aplicando sus facultades (artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica) y el mandato constitucional (artículo 28) para la cual fue creada. Está investigando una posible práctica monopólica absoluta en el mercado en cuestión, como lo haríamos en cualquier otro donde se tengan indicios de una probable colusión”, señala, vía correo electrónico, la comisionada presidenta Palacios.
Sobre el caso de la investigación del mercado de intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano, Palacios aclara que “se encuentra en curso” y “es muy importante aclarar que durante la indagatoria no se prejuzga. Dada la naturaleza de reserva que impone la ley a los expedientes en proceso, no hay nada más que podamos comentar”.
Vía telefónica, Tenorio Aguilar afirma que esta investigación sería una “práctica espejo” de la realizada en Gran Bretaña hace poco más de dos años, cuando se determinó que la autoridad financiera de Londres y las instituciones bancarias se coludieron para fijar la tasa LIBOR.
Posible quebranto multimillonario
El pasado 19 de abril la Autoridad Investigadora de la Cofece publicó en el Diario Oficial de la Federación que iniciaba una investigación de oficio “por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano”.
Mena Labarthe explicó ese día que “de existir acuerdos que afecten la intermediación de valores gubernamentales, el daño al erario público y a los inversionistas podría ser grave, considerando que cada año el gobierno coloca cientos de miles de millones de pesos en el mercado y que el volumen de valores gubernamentales comercializados pueden llegar a ser de aproximadamente 100 mil millones de pesos diarios”.
La investigación abarcará todos los instrumentos de deuda emitidos por el gobierno federal, los estados y municipios, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, la banca de desarrollo y empresas estatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad.
Hasta el momento “no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica ni en los sujetos, en caso de ser considerados probables responsables al término de la investigación”, aclaró Mena.
Extraoficialmente se calcula que la investigación puede tardar dos años y medio, si se cuenta a partir del 28 de octubre de 2016, cuando se inició formalmente la investigación, y considerando que a partir del pasado 19 de abril la Cofece tiene un plazo de 120 días hábiles –que puede ser prorrogado hasta cuatro veces– para entregar resultados.
Las autoridades bancarias y financieras mexicanas guardan silencio. De manera escueta, la Secretaría de Hacienda comentó que “no es parte de la investigación”, pero “se mantiene atenta para cooperar en ella”.
Para Tenorio Aguilar, el principal afectado con las presuntas prácticas monopólicas absolutas sería el propio Banco de México, porque “en cada subasta de títulos gubernamentales tiene el mandato técnico de democratizar el acceso de esos títulos en el mercado y evitar que una se concentre en una sola institución bancaria. Debe revisar que haya varios postulantes.
“La sospecha de la Cofece es que existe colusión de ciertos agentes financieros que hayan fijado posiciones coordinadas”, agrega el profesor del campus Santa Fe de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
Tenorio advierte que, así como la Cofece realizó una revisión de los correos y las comunicaciones electrónicos entre los directivos de las afores, puede hacer lo mismo en el caso de los grandes bancos.
“La Cofece tiene atribuciones para pedir este acceso. No estaría violando la privacidad. De comprobarse que sí se pusieron de acuerdo y actuaron como cártel, no se la van a acabar”, subraya.
–¿De existir esta colusión, esto explicaría también por qué el alto costo del servicio de la deuda pública?
–Aquí tiene que cuantificarse el daño patrimonial. La autoridad tiene que investigar a los seis bancos más grandes del país y determinar si no se pusieron de acuerdo para que las tasas de interés no hayan sido más bajas.
–¿Esta investigación no es responsabilidad de la CNBV?
–Tiene facultades de auditoría permanentes, pero, en honor a la verdad, la CNBV no tiene suficientes brazos para investigar a esos agentes.
–¿A qué atribuye usted que la Cofece haya decidido realizar una investigación de este tamaño? ¿Existe una disputa política entre el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y su sucesor, José Antonio Meade?
–No creo que el factor sea político. Se lo atribuyo a la propia autonomía de la Cofece. Los comisionados pasaron por un proceso de selección, de autonomía, sin precedente. El Banco de México y el Inegi (instancias convocadas por el Senado), me consta, realizaron un buen trabajo de selección de esos comisionados.
“No es una confianza a ciegas, pero creo que este tipo de investigaciones pueden augurar un nivel de autonomía mayor. Recordemos que hace tres años la Cofece presentó un estudio sobre las prácticas monopólicas y dominantes de los bancos en México. El objetivo era que el Poder Legislativo lo estudiara para legislar en este terreno.”
Biva y Pensionissste
Dos efectos indirectos de las investigaciones de la Cofece fueron el anuncio de que se aplazaba el inicio de operaciones de la nueva Bolsa Institucional de Valores (Biva), cuyo objetivo principal es, precisamente, el mercado de deuda púbica y servicio a pequeñas y medianas empresas (Proceso 2098), y el relevo del vocal ejecutivo de Pensionissste.
La concesión para Biva fue solicitada por la empresa Central de Corretajes (Cencor), dirigida por Santiago Urquiza, el 29 de octubre de 2015. El modelo de capitalización es a través de un certificado de capital de desarrollo (CKD), que es un título o valor fiduciario destinado al financiamiento de uno o más proyectos, y donde participan tanto socios capitalistas como las sociedades de inversión especializada en fondos para el retiro (siefores).
En el caso de Biva, el CKD 4 está formado por LIV Capital, pero más de 90% de los 450 millones de pesos para el proyecto final de la nueva bolsa provendrá de Afore Banamex, Afore Coppel y Pensionissste; esta última administra más de 2 millones de cuentas para el retiro de los trabajadores al servicio del Estado.
En entrevista con este semanario, Fernando Pérez Saldívar, director del proyecto Biva, afirmó que “todas las inversiones en CKD de todas las siefores que existen en México han estado ahí muchos años. Si hablamos del dinero de las pensiones, si este dinero se invirtiera exclusivamente en bonos gubernamentales, sería mucho más insuficiente de lo que hasta hoy es” (Proceso 2103).
El pasado 26 de abril, una semana después del anuncio de la Cofece y de que se diera a conocer que se pospone el inicio de la Biva, José María de la Torre fue relevado como vocal ejecutivo de Pensionissste; él llegó hace cuatro años a dirigir esta afore pública a invitación expresa de Videgaray, entonces titular de Hacienda.
En su lugar fue designado Rodolfo Campos Villegas, exfuncionario de Pemex y de la Secretaría de Hacienda, cercano a José Antonio Meade.
En un reporte anual fechado el 7 de marzo de 2016, cuya copia tiene Proceso, LIV Capital, Invex Banco y Monex Fiduciario confirman que De la Torre apareció como miembro independiente del Comité Técnico del Fideicomiso, titular de 10% o más de certificados bursátiles.
También el analista Darío Celis informó el lunes 8, en su columna Tiempo de negocios, en el diario Excélsior, que la intermediaria financiera Tullett Prebon decidió correr a sus brókers dedicados a la venta de deuda gubernamental. Algunos de los corridos provenían de Cencor, la misma impulsora de Biva.
Sanción histórica a las afores
El jueves 4, el pleno de la Cofece –Alejandra Palacios, Brenda Gisela Hernández, Martín Moguel Gloria, Jesús Ignacio Navarro Zermeño, Eduardo Martínez Chombo y Benjamín Contreras Astiazarán– emitió su fallo en relación con la investigación iniciada en febrero de 2015 para identificar y sancionar prácticas monopólicas absolutas en las afores.
La Cofece determinó que Profuturo GNP, Afore Sura, Afore XXI Banorte y Principal Afore se coludieron para realizar prácticas monopólicas absolutas, lo que “disminuyó la competencia que existía entre ellas para ganarse la preferencia de los trabajadores”.
“En un mercado en donde las inversiones y las comisiones que cobran las afores están reguladas, los traspasos son una fuente fundamental de competencia. Al convenir limitarlos, disminuyen sus incentivos a ofrecer un mejor servicio y eliminan la posibilidad de que los trabajadores puedan premiar o castigar a su afore según su grado de satisfacción”, subrayó la Cofece.
La investigación se inició el 10 de febrero de 2015 y derivó en un dictamen de probable responsabilidad que emitió la Autoridad Investigadora de la Cofece el 18 de febrero de 2016 y el respectivo emplazamiento a los probables responsables entre marzo y abril del mismo año.
El organismo regulador antimonopolios explicó que cada trabajador que cotiza en el IMSS o en el ISSSTE tiene una cuenta personal e individual en la que canaliza sus aportaciones y es administrada por una afore. Y cada uno tiene derecho a elegir cuál de ellas manejará sus ahorros para el retiro, respetando las restricciones sobre el registro y traspaso de cuentas que señala la regulación.
“No obstante, en seis ocasiones, entre noviembre de 2012 y junio de 2014, directores generales y directores de operaciones de las afores sancionadas celebraron convenios para reducir el traspaso de cuentas entre ellas, estableciendo montos máximos de traspasos semanales que variaban dependiendo del acuerdo. Con esta acción disminuían la competencia”, subrayó el comunicado de la Cofece.
El objetivo fue “reducir el gasto comercial, lo cual repercutiría en mayores beneficios para la afore. Es decir, al tratarse de un mercado en el cual es complejo modificar el monto de las comisiones y en el que las inversiones están reguladas, las administradoras buscaron incrementar sus utilidades a partir de una reducción de su gasto comercial, el destinado a lograr traspasos de cuentas de los trabajadores, a través de concertar entre ellas la reducción de los mismos, disminuyendo así su competencia.
“En 2014, del gasto total de una afore, el comercial representó alrededor de 34% y llegó a ser hasta 50% de la comisión cobrada a los trabajadores. Estas acciones, si bien buscaban reducir los costos de las administradoras, no se vieron reflejadas en una mejor comisión para los clientes”, sentenció la resolución de la Cofece.
Pese a ello, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), presidida por Carlos Ramírez Fuentes, trató de escurrir el golpe y emitió un comunicado para aclarar que la Cofece sólo investigó a las afores multadas por mil 100 millones de pesos en “el ámbito comercial del sistema, lo cual no resultó en afectaciones a las cuentas individuales ni puso en riesgo el ahorro de los trabajadores”.
Videgaray nombró a Ramírez Fuentes titular de la Consar el 7 de enero de 2013. Antes había sido gerente corporativo de Comunicación Social de Pemex y economista en jefe para Banorte.
De las cuatro afores sancionadas, la más grande es precisamente la XXI Banorte –dirigida por Juan Manuel Valle y cuyo accionista mayoritario es Carlos Hank González–, que maneja 17 millones 526 mil cuentas por un total de 866 mil 680 millones de pesos.
La segunda sancionada es Profuturo GNP, del magnate Alberto Bailleres, dueño de Peñoles y El Palacio de Hierro, quien recibió del Senado en 2015 su máxima distinción, la medalla Belisario Domínguez, por “tener el perfil idóneo de empresario responsable”. Profuturo GNP maneja 3 millones 373 mil cuentas por 428 mil 309 millones de pesos.
La tercera es Sura, dirigida por Enrique Solórzano, que maneja 6 millones 126 mil cuentas por 500 mil 391 millones de pesos. Y la cuarta es Principal, dirigida por Jorge A. Llaneza, que maneja 3 millones 549 mil cuentas por 209 mil millones de pesos.
Este reportaje se publicó en la edición 2115 de la revista Proceso del 14 de mayo de 2017.
Fuente : Proceso.
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