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| Los Hank. Padre e hijo. Foto: Miguel Dimayuga |
Para ellos, las elecciones o cambios en los grupos políticos son irrelevantes. Sea quien sea gobernante, en numerosos estados y municipios, les deberán dinero durante cinco, 10, 15 y hasta 25 años.
Los escándalos de corrupción de gobernadores y presidentes municipales de todo el país se relacionan en la mayoría de los casos con el manejo discrecional de recursos obtenidos mediante contratación de deuda, pero esos dos bancos, con enorme influencia política en el país, se oponen a la transparencia de la información.
Un tribunal administrativo acaba de enviar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) uno de los casos promovidos por Interacciones, institución especializada en prestar dinero a los gobiernos que se opone –por la vía del amparo– a que los contratos de deuda sean públicos.
Interacciones, un grupo financiero dedicado a dar servicio sólo a gobiernos, arguye que se afectaría su estrategia comercial; que transparentar los contratos violenta los secretos bancario, financiero, fiduciario y fiscal, y que –como si los gobiernos fueran personas físicas– se vulneran los datos personales de sus clientes.
Además, que les violaron el derecho de audiencia al no ser llamados por las dependencias que dieron respuesta a las solicitudes de acceso ni por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que instruyó la apertura de la información.
El interés público es claro: descendientes del extinto líder del Grupo Atlacomulco –al que pertenece Enrique Peña Nieto–, Carlos Hank Rhon es presidente de Interacciones, y su hijo, Carlos Hank González, lo es de Banorte. El primer banco concentra 12% de la deuda pública subnacional; el segundo, 24%. Así, la familia Hank es acreedora de la tercera parte de la deuda de estados y municipios de México, superando, en acaparamiento de mercado, a todos los bancos.
4 mil 433 contratos son “muestra pequeña”
El 6 de noviembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó una entrega de becas otorgadas por el presidente de Interacciones, Carlos Hank Rhon. El magnate mexiquense ingresó en 2012 a la lista de los más ricos del mundo que publica la revista Forbes, con una fortuna estimada en mil 400 millones de dólares ese año.
La riqueza de Hank Rhon creció a la par del sexenio peñanietista pues para este 2017 se estima ya en mil 900 millones de dólares, producto de sus negocios financieros y de construcción, cuya cartera de clientes se integra principalmente por los gobiernos.
En esa ocasión, frente a Peña Nieto, Hank Rhon defendió el endeudamiento de las entidades públicas y aseguró que en Interacciones, en 10 años (es decir, de 2004 a 2014), la cartera de créditos otorgados a estados y municipios había crecido 17 veces, lo que representaba haber prestado a gobiernos 61 mil millones de pesos. En los años siguientes, afirmó, duplicarían esa cantidad.
Ante esa declaración, un día después, el 7 de noviembre de 2014, Proceso presentó por medio de este reportero dos solicitudes de información, una dirigida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y otra a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Hank Rhon se quedó corto. Sólo la deuda de Coahuila fue renegociada con Interacciones y es superior a 32 mil millones de pesos; en tanto que otros 55 gobiernos adeudan a ese banco otros miles de millones que, hasta noviembre de 2014, había registrado sus contratos ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP.
Más todavía. En la sustanciación del recurso de revisión RDA/5415, la CNBV expuso entre sus alegatos –para no dar acceso a la información– que sólo contaba con una “pequeña muestra” representativa de contratos de Interacciones. Cuando el INAI apremió a dicha entidad para que indicara la dimensión de su “pequeña muestra”, resultó que eran mil 498 líneas de crédito representativas de 4 mil 344 contratos.
Este semanario ha dado distintas batallas judiciales en defensa del derecho a la información, un asunto inherente a su línea editorial desde su fundación en 1976. Cuando se aprobó el marco normativo de la transparencia, Proceso se propuso abrir documentos y datos sobre asuntos emblemáticos de la historia reciente.
Lo hizo con la petición de acceso a la boletas electorales de las polémicas elecciones de 2006. No lo consiguió, pero sí logró abrir un expediente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por vulneración de derechos al semanario y sus integrantes pero que, gobierno y ómbudsman, pretendían mantener en la opacidad.
Además, por medio de sus reporteros, y colaboradores ha librado batallas por la transparencia, como en el caso de Marcela Turati, quien consiguió que se abriera la averiguación previa por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y de Jorge Carrasco, con el expediente de la masacre de Tlatlaya.
Excepto por el caso Ayotzinapa –que se gestionó a través de un equipo independiente bajo coordinación de Turati–, en el resto de los asuntos ha participado en la representación del semanario el abogado Luis Miguel Cano, quien también asumió los casos con Interacciones y Banorte, convertidos en una maraña que ha retardado durante dos años y medio el acceso a la información.
El letargo judicial
Los juicios iniciados por Interacciones en los juzgados Tercero y Quinto en Materia Administrativa, asentados en la Ciudad de México, tienen por común denominador que la actuación de los jueces no resuelve el fondo de los asuntos y prefieren entretenerse en detalles procedimentales.
El reportero, en tanto solicitante de la información, pidió a los dos juzgados reconocimiento como tercero interesado, a fin de alegar que la información es de carácter público, aspecto éste en el que se ha insistido a jueces y magistrados.
Los amparos demandados por Interacciones son contra la SHCP y la CNBV por no avisarles que había solicitudes de información sobre esos contratos.
Como el INAI instruyó la entrega de la información, el banco de Hank Rhon se amparó interrumpiendo el procedimiento. Así que los dos respectivos amparos fueron también contra el organismo garante de la transparencia.
Además, Interacciones se amparó contra la Cámara de Diputados y la de Senadores, por aprobar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG); contra el presidente de la República, por promulgarla; contra Gobernación, por publicarla en el Diario Oficial de la Federación. La razón: que el Poder Judicial declare inconstitucionales 29 artículos de la mencionada ley.
En síntesis, lo que busca Interacciones es que se declare inconstitucional la parte de mayor trascendencia de la LFTAIPG por la eventual publicidad de los contratos que tiene con el gobierno, lo que sentaría un precedente crítico para el acceso a otros contratos gubernamentales.
El asunto, que hoy se encuentra en el terreno de la SCJN, fue turnado al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, bajo el número 793/2015, que aceptó –en una ampliación de la demanda de Interacciones– llamar como terceros interesados a 56 gobiernos estatales y municipales. Con ello el proceso se aletargó hasta que se concedió en parte la razón al banco.
La sentencia fue impugnada por todas las autoridades contra las que se dirigió el amparo, es decir, la SHCP, Gobernación, Presidencia de la República y el INAI; también por el autor de esta nota en calidad de tercero interesado, e incluso por Interacciones, cuyo reclamo es obtener un criterio concreto sobre la constitucionalidad de la LFTAIPG.
El asunto tocó al Primer Tribunal de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región en la Ciudad de México, que resolvió el pasado 25 de abril. Dicho tribunal es presidido por la magistrada Andrea Zambrana Castañeda, así como por los magistrados Luis Fernando Angulo Jacobo, Georgina Valenzuela Martínez y el ponente César Thomé González.
Por primera vez, en los diferentes procesos constitucionales que se llevan en torno estos casos, la instancia jurisdiccional determinó (en el recurso de revisión 176/2016) que por sólo haber tesis aisladas insuficientes y no haber jurisprudencia, es la SCJN la que debe pronunciarse y dilucidar los diferentes motivos de reclamo tanto de Interacciones como de las dependencias y entidades federales impugnadas, así como de este tercero interesado.
En concreto, se refirieron en su resolución a la necesidad de que se decida sobre la constitucionalidad de la LFTAIPG, considerándolo el fondo del asunto.
La posición defendida por el abogado Luis Miguel Cano se centra en el carácter público de la información que, al comprometer recursos públicos, no puede reservarse. Además, los argumentos de confidencialidad que Interacciones asegura pueden ser violados ya han sido resueltos en tesis aisladas por la SCJN, por ejemplo, respecto a la constitucionalidad de que la ley proteja datos personales sólo de personas físicas (Tesis: 2ª XCIX/2008), y ha confirmado en otras dos tesis que la LFAIPG respeta el derecho de audiencia de terceros interesados.
Otros casos y manoseos
La otra entidad pública a la que se solicitó información en noviembre de 2014 es, como ya se expuso, la CNBV que, por su parte, reservó la información. Por ello se recurrió ante el INAI, que en mayo de 2015 instruyó la entrega de los contratos solicitados que estuvieran en su poder.
En ese caso, un juez y un tribunal dieron la razón a Interacciones sobre el derecho de audiencia, por lo que instruyeron al INAI a reponer la sustanciación del recurso de revisión que dio origen a todo. El organismo lo hizo, notificando del procedimiento a la dirección ofrecida en juicio por Interacciones, que no compareció.
Así que, una vez que el INAI reiteró lo que ya había resuelto, el banco interpuso otro amparo porque no fue notificado en su domicilio. Así, desde enero de 2016 a la fecha, el asunto ha pasado del juzgado al tribunal, al INAI y de regreso al juzgado y al tribunal. Ahora el INAI debe resolver en unas semanas el asunto, con lo que se reiniciará el ciclo.
Por otra parte, meses después de haberse iniciado la investigación periodística sobre el banco de Hank Rhon, su hijo Carlos Hank González –nieto por vía materna del extinto magnate regiomontano Roberto González Barrera – asumió la presidencia de Banorte.
Fue entonces cuando padre e hijo se convirtieron en los principales acreedores de la deuda subnacional, por lo que Proceso decidió realizar solicitudes de información para saber a qué gobiernos y en qué condiciones prestaron dinero.
La sorpresa fue que la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP pidió a Banorte, por escrito, autorización para entregar la información, lo que se considera ilegal. El banco se amparó. La unidad está a cargo de Marcela Andrade Martínez, quien antes de ingresar al servicio público fue empleada de Protego Evercore, la empresa ahora multinacional de la que es accionista Pedro Aspe Armella, quien estuvo al frente de la SHCP durante la gestión de Carlos Salinas, y que ha negociado y reestructurado las deudas de estados y municipios, en muchos de los casos precisamente con Interacciones y Banorte.
Sobre ese tercer amparo, un tribunal ya se declaró incompetente por lo que también podría pasar a la SCJN. En tanto, Interacciones y Banorte avanzan en todo el país y, de haber concretado su plan anunciado en 2014, Hank Rhon ya habría duplicado los montos colocados desde que Proceso realizó las solicitudes de información.
Este reportaje se publicó en la edición 2116 de la revista Proceso del 21 de mayo de 2017
Fuente : Proceso.
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