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| El menor de 11 años relata su historia. Foto: Cortesía Libertad de Palabra |
Videograbaciones realizadas por cámaras cercanas al lugar del homicidio, difundidas en Internet y retomadas por medios locales el día del crimen, captaron la imagen de dos varones que presuntamente habrían participado en el homicidio del notario, pero el fiscal del estado señaló que fueron tres.
Uno de los detenidos es Juan Antonio Reyes Suárez –papá del niño de 11 años al que policías le colocaron un arma de fuego en la sien–, quien le confesó a su esposa que en realidad fue torturado y que él no participó en el homicidio de Ledesma Guerra.
El menor de 11 años detalló a Apro cómo esposaron a su padre, le cubrieron la cabeza y se lo llevaron con la espalda y abdomen enrojecidos de los golpes que le propinaron, aquel día en que él lo acompañó a su negocio.
El relato
“A mí papá le estaban pegando. Mi papá jugaba básquet y se le destrababa su brazo, así que le decía mi papá al otro, ‘se me va a destrabar mi brazo’, y le decía el otro, ‘a mí qué’. Le estaban pegando con el arma, yo estaba tirado, luego le pusieron algo negro en la cabeza, pero antes de eso me apuntaron con el arma, me la ponían aquí”, dijo señalando con su dedo índice la sien.
El menor, quien es estudiante de primaria, recordó que les preguntó a los hombres que los sometieron: “¿de qué armas hablan?”. No les respondieron, las preguntas las dirigieron hacia su padre al tiempo que a él le ponían el arma en la cabeza y amagaban con dispararle.
“Entonces cargaban la pistola y le quitaban el cartucho y le quitaban las balas y así”, narró el menor.
Sin obtener respuesta sobre las armas, el niño dijo que también le preguntaron dónde vivía, incluso, le pidieron llevarlos a su hogar, ubicado a un par de cuadras de ahí.
Cuando llegaron a su domicilio –después de avanzar por una calle de terracería, donde apenas se prevé instalar empedrado en un tramo– recordó que su hermano de 15 años iba saliendo, pero los elementos lo detuvieron y los metieron a la casa, mientras avisaban: “Sí patrón, aquí es la casa” y dijeron “a ver, enséñame los cuartos”.
Ahí de nuevo comenzó el interrogatorio sobre la ubicación de las armas.
El menor de 11 años relató que a su hermano le pegaron en varias ocasiones en el rostro, mientras le advertían que quizá necesitaba algo similar a lo que habían propinado a su padre.
Sin que se percataran de que hubieran localizado algún arma, después que elementos de la Fiscalía revisaron su hogar, los menores de 11 y 15 años fueron llevados de nuevo al negocio de su padre.
El niño de 11 relató que los policías revisaron su vehículo, mismo que se llevaron del inmueble.
“De ahí a nosotros nos llevaron a Querétaro, y ahí, a la hora de entrar (a donde fueron trasladados) dijeron ‘agáchense’, entonces nos agachamos mi hermano y yo, era un señor el que nos llevaba y luego se cambiaron, eran muchachas”, dijo.
El mismo menor agregó que después de pedir permiso para ir al baño, vio un edificio con vidrios y luces. También se percató que en el mismo inmueble a donde los llevaron estaba el vehículo de su padre. Permanecieron horas en el lugar, hasta que los subieron a otro vehículo, fueron a una gasolinera y después en el trayecto se durmió.
“Cuando yo desperté el auto ya estaba en la maderería y otra vez lo estaban revisando y sacando fotos, nosotros tenemos el Jeep que se llevaron a Querétaro, dejaron unas llaves de una Nissan (llaves de un vehículo que no es de su propiedad) y se llevaron las del Jeep”.
A su regreso a la pequeña maderería –donde hay un tejaban de lámina para proteger algunas tablas apiladas– el menor narró que los metieron al cuarto donde tenían a su padre y a otras dos personas.
“Ahí estaba mi papá, esposado y ya le habían rompido (sic) la playera, iba golpeado. Cuando a mi papá lo agarraron le dijeron ‘acuéstese en el piso’, le estaban pegando con el arma, tenía rojo, ya casi se le ponía morado (el abdomen y la espalda), y la cara ya no lo vi porque la tenía tapada”, recordó.
Nueve horas de espera
Esmeralda, la madre de ambos menores, no estuvo durante el cateo a su vivienda porque había salido junto con su otro hijo de 12 años a hacer una faena del programa social “Prospera”, prevista de 5:30 a 7:30 de la tarde de aquel 19 de mayo.
Fue en el trayecto hacia su vivienda, donde habitan desde hace tres años, cuando su suegra le avisó que había hombres armados en el negocio de su esposo, por lo que –asustada– decidió dirigirse a solicitar ayuda a la Policía Municipal de Pedro Escobedo.
La mujer narró que junto con policías se dirigieron primero a su domicilio, donde sólo se había quedado su hijo de 15 años, pero expresó que a ella ya no le permitieron acercarse y los oficiales le prometieron que ellos indagarían y le informarían, lo que no ocurrió.
La madre del menor recordó que después de hablar con algunos de sus familiares que acudieron a la Fiscalía en búsqueda de su esposo, la contactaron con un abogado que les sugirió promover un amparo, pero como no tenían los cinco mil pesos que les pidió no lo contrataron.
Con los párpados hinchados y apenas logrando contener el llanto, la mujer reveló que habían ahorrado 10 mil pesos para comprar mercancía para la tienda de abarrotes que pensaba abrir, pero acusó que después del cateo encontró vacíos los tres monederos.
“No sé qué voy a hacer, él era mi apoyo”, sollozaba durante la entrevista.
El menor de 11 años añadió que también se llevaron algunas cajas de dulces y jugos que habían comprado. Incluso les dejaron algunos envases vacíos de jugos que se bebieron.
No fue lo único, se llevaron cuatro vasos de utensilios de cocina que la señora Esmeralda dijo que había vendido a 150 pesos cada uno y estaba por entregar, fruto de la venta que también hace de estos productos por catálogo.
Esmeralda no llegó a un acuerdo con el abogado que les pretendía cobrar cinco mil pesos pero éste les proporcionó el número de teléfono de la Defensoría de los Derechos Humanos.
Fue así que la madre de los niños tuvo acercamiento con quien identificó como la “Licenciada Moreno” de esa institución, de quien recibió orientación para que solicitara poner bajo su resguardo a sus hijos.
Por indicaciones de esta licenciada, acudió a las oficinas de la Fiscalía en Pedro Escobedo y finalmente la citaron en el negocio de su marido, a las 5:00 de la mañana del sábado, casi nueve horas después de que se llevaron a sus hijos, para entregárselos.
De acuerdo con la versión de Esmeralda, la “Licenciada Moreno” estuvo al siguiente día en su casa (20 de mayo) y tomó nota de todos los abusos que también narró a Apro.
En el directorio de la página oficial de Internet de la Defensoría de Derechos Humanos, la única servidora pública de apellido Moreno en esta institución es la visitadora general, Eva Aracely Moreno Porras. Sin embargo, la presidenta de la Defensoría de Derechos Humanos, Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, aclaró en entrevista el 30 de mayo –10 días después de una reunión con el personal de Derechos Humanos e integrantes de la familia Reyes– que su visitadora general se llama Mónica Gabriela González Pasillas, quien aparece como visitadora adjunta en el directorio de su página web.
Hasta el día de la entrevista (24 de mayo) a la esposa del detenido no le habían permitido ver el expediente de su marido, solamente se percató que en un documento relacionado con el cateo señala que entraron a su casa hasta las dos de la madrugada del sábado, cuando en realidad fue alrededor de las ocho de la noche del viernes.
Expresó que el abogado de oficio se molestó porque además de llamarle le envió un mensaje para pedirle información sobre su esposo.
Lo que sí logró fue hablar con su marido quien le aseguró que es inocente. Y ella le cree, aunque la Fiscalía difundió que los tres implicados “reconocieron su participaron en el homicidio”.
Esmeralda analiza regresar a su pueblo en Michoacán y dejar el municipio de Pedro Escobedo, en Querétaro, porque teme que la familia del notario asesinado, de quien leyó que se trata de una familia poderosa, vaya tomar represalias contra sus hijos.
Aún no saben si es grave
La presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, aclaró sobre la denuncia de violaciones de derechos humanos de familiares de uno de los detenidos en el caso del crimen del notario Ledesma Guerra, que aún no sabe si se trató de algo grave.
“Hay una investigación, más bien, que se está haciendo aquí en la Defensoría en relación con alguna actuación de la Fiscalía, pero no, no, más bien, dijéramos, una situación a un lado de esto”, respondió a la pregunta de si han iniciado alguna queja o no.
“En el caso de una de las personas que fueron detenidas, más bien vino la familia a preguntar, sobre todo para ver a la persona, no les dejaban verlo, por el momento, en esa situación. Más no le puedo dar porque también ya es información que tenemos ahí todavía, que está en trámite”, dijo aunque reconoció que sí hay una queja cuyo contenido es confidencial.
La versión oficial
De acuerdo con un primer comunicado de la Fiscalía, en la escena del crimen fue hallado un teléfono móvil ajeno a la víctima, lo que permitió ubicar un vehículo y dar con los presuntos asesinos del notario, pero no se precisan mayores datos del automóvil involucrado.
También reportaron el cateo de dos inmuebles, el hallazgo de un arma, así como que los tres detenidos habrían reconocido su participación en los hechos.
“Reconocieron su participación en el homicidio, refiriendo que fueron contratados por una persona para dar muerte al profesionista por un conflicto con motivo de sus actividades profesionales”, señaló la Fiscalía.
De acuerdo con un segundo comunicado de la misma dependencia, “con base en la contundencia de los datos de prueba, el juez de control concedió la petición de vincular a los imputados a proceso, así como de imponerles la medida cautelar de prisión preventiva”.
Personal de la Fiscalía convocó a una conferencia para informar del esclarecimiento del crimen, pero la convocatoria fue selectiva. Este reportero fue excluido, pese a haber solicitado un día antes información del caso al responsable de Comunicación Social, Gerardo González.
El crimen del notario ocurrió al mismo tiempo en que se llevaba a cabo la “CXVII Jornada Nacional del Notariado Mexicano” en Querétaro. Un día después del crimen, y de iniciada la reunión de notarios, el fiscal anunció la captura de los perpetradores.
La Fiscalía de Justicia reconoció que el autor intelectual sigue libre, no obstante, fue felicitado por organismos empresariales locales por “actuar con prontitud”.
Fuente : Proceso.
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