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| La sede de la Conade. Foto: Eduardo Miranda |
Su conducta se configura en delitos tipificados en el Código Penal Federal de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Penal de la Ciudad de México, aunque no pone en riesgo la validez de los documentos mencionados, a través de los cuales la Conade contrata personal y realiza la adquisición de bienes y servicios.
En los 31 meses que lleva en el cargo, Estrada Bernal ha hecho contrataciones por más de 700 millones de pesos, la mayoría de ellas por adjudicación directa: de los 406 contratos que ha firmado en 2017, sólo ocho fueron licitaciones públicas nacionales y otros 18 por invitación a cuando menos tres personas.
En los dos años anteriores ocurrió lo mismo. De los 400 contratos de 2015 (que suman 388.5 millones de pesos), siete fueron por licitación y nueve mediante la figura de invitación a tres proveedores. De los 360 contratos de 2016 (por un monto de 159.8 millones), tres fueron por licitación y 10 por invitación.
Entre los servicios que Adriana Estrada Bernal contrató destaca el servicio integral de transportación de la Conade para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 con una sociedad mercantil denominada Lumo Financiera del Centro, S. A. de C. V. SOFOM E.N.R., por 14. 2 millones de pesos.
Lumo Financiera del Centro le arrienda vehículos de lujo a la Conade –Volkswagen Passat de seis cilindros y Chevrolet Cruze de seis velocidades, modelos 2016– que están al servicio de funcionarios de rangos menores, quienes, de acuerdo con el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, no deben tener un coche asignado.
En ese contrato, que fue suscrito el 16 de febrero de 2016, no sólo Adriana Estrada Bernal se ostenta como licenciada sin serlo; también lo hace el subdirector de Logística, Christian Alejandro González Romero. Al lado de las firmas de ambos funcionarios aparece la del jefe de ambos, Óscar Juárez Davis, subdirector de Administración y brazo derecho del director de la Conade, Alfredo Castillo, desde que ambos estaban en Michoacán.
En el portal DeclaraNet, en el cual los servidores públicos se registran y presentan su declaración patrimonial, Adriana Estrada Bernal ha realizado ocho declaraciones, ya sea de tipo inicial, para modificar la información o final, pues ha trabajado en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
En todas sus declaraciones, la servidora pública ha informado que estudió en el Instituto Brima, S. C., en Toluca, donde cursó la licenciatura en contaduría, y el documento que obtuvo al final de sus estudios fue un certificado.
De igual forma, a través de una solicitud de acceso a la información, se confirmó que la servidora pública se atribuye el carácter de profesionista sin serlo. Se solicitó el curriculum vitae de Adriana Estrada Bernal, así como la copia de su cédula profesional y del título profesional correspondiente.
Lo que la Subdirección de Administración de la Conade entregó, a través de la Dirección de Desarrollo Humano, fue el certificado que expidió el Instituto Brima el 29 de julio de 2005, en el cual se da cuenta que la funcionaria cursó las 57 materias del plan de estudios de la licenciatura en contabilidad. También entregó en una hoja de Word el curriculum vitae.
En este documento aparece el nombre de la funcionaria. En datos académicos dice que tiene la “licenciatura en contaduría” (lo cual no corresponde con lo que se lee en el certificado) y cita como experiencia profesional que de septiembre a diciembre de 2012 fue auditora en la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, que de enero a junio de 2013 fue subdirectora de Recursos Financieros de la PGR y que de junio de 2013 a noviembre de 2014 se desempeñó como directora de Vinculación para el Servicio en la Profeco.
Irregularidades
En la mencionada solicitud de acceso a la información se pidieron los mismos documentos del subdirector de Logística. Llama la atención que el formato de su curriculum vitae es idéntico al de Adriana Estrada Bernal; la misma hoja y los mismos datos, aunque en el documento de Christian Alejandro González Romero sí se aclara que es pasante de la “licenciatura en administración empresas”.
Esta información tampoco coincide con el documento que la acompaña, pues González Romero en realidad estudió la licenciatura en administración, según se lee en el certificado donde se asienta que en 2004 terminó de cursar las 64 materias del plan de estudios en la Universidad Mexiquense, S. C., institución incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
Antes de trabajar en la Conade, Christian Alejandro González Romero fue subdirector de Recursos Materiales en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán (2014-2015) y fue jefe de inventarios en la Procuraduría de Justicia del Estado de México (2011-2013).
Al ostentarse como licenciados sin serlo, ambos funcionarios públicos violentaron el artículo 250 del Código Penal Federal, en cuyo apartado II se establece que se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de 100 a 300 días “al que, sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 Constitucional se atribuya el carácter de profesionista”.
La titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Conade, Blanca Carolina Soto Cerecedo, es la funcionaria responsable de dar seguimiento al caso de Estrada Bernal y González Romero por la comisión de este delito; sin embargo, esta servidora pública es una de las que indebidamente se benefician del contrato de arrendamiento vehicular que la dependencia del deporte firmó con Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V. SOFOM (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) E.N.R. (Entidad No Regulada).
Proceso publicó el pasado 5 de noviembre que Soto Cerecedo tiene asignado uno de los 50 vehículos de lujo que la Conade renta a Lumo Financiera del Centro, empresa propiedad del político mexiquense Luis Humberto Montaño García. Con el aval de Óscar Juárez Davis, la Conade adjudicó en forma directa el contrato correspondiente.
En el punto 1.5 del documento se explica que en la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Conade –que se realizó el 12 de febrero de 2016– se determinó adjudicar el contrato de forma directa y sin licitación de por medio, de acuerdo a los artículos 22, 25, 26 y 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como los artículos 71 y 72 del Reglamento de esa ley.
No obstante, la renta de vehículos de lujo no cumple con estas disposiciones que, a grandes rasgos, estipulan que las dependencias podrán adjudicar contratos de forma directa y obviar las licitaciones cuando “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados”.
Además, ese procedimiento deberá fundarse y motivarse “en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios”.
De acuerdo con el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, únicamente el director de la Conade, Alfredo Castillo, y el subdirector general, Pedro Luis Benítez, tienen derecho a gozar de un vehículo pagado por la dependencia. La contratación del servicio de renta de automóviles no está justificada, y mucho menos que los utilicen funcionarios de niveles medios y bajos.
La asignación de autos
Entre los funcionarios de la Conade que se benefician del contrato millonario firmado con Lumo Financiera del Centro destacan: la secretaria de Alfredo Castillo (Cruze placas MXP5590), el secretario del secretario técnico de la Conade, Alfredo Peral (Passat placas MXR2060) y el propio Peral maneja un auto similar.
Adriana Bernal conduce un Passat MZG6732; la directora de Recursos Humanos, Rocío García, otro Passat placas MXR2056; el director de Tecnologías de la Información, Milton Vega, un Passat placas MWU7736, y Christian González Romero, un Cruze MXP6920.
Tampoco deberían tener a disposición un auto el subdirector de Calidad para el Deporte, Idulio Islas; la coordinadora de Comunicación Social, Adriana Téllez; el subdirector de Información, Juan Martín González; la coordinadora ejecutiva de la Subdirección de Calidad para el Deporte, Paulina Lelo de Larrea Torres; la coordinadora ejecutiva de la Subdirección de Cultura Física, Ana Lilia Ramírez Ortega.
En el mismo caso están la jefa del Departamento de Adquisiciones, Mónica Romero Quiroz; así como los coordinadores ejecutivos de la Dirección General y la Subdirección de Deportes, Helios Rojas y Roberto Corona, respectivamente; la ya mencionada titular del Órgano Interno de Control, Carolina Soto Cerecedo; Carlos González, titular del área de auditoría interna, y Emiliano Montiel, quien se desempeña en la dirección general, aun cuando no está en la estructura de la Conade.
Mediante otra solicitud de acceso a la información, la Conade admitió que todos los vehículos de renta están bajo el resguardo de Adriana Estrada Bernal, “encargada del uso eficiente de los mismos”, que ninguno está asignado a algún servidor público en particular y que “todos los vehículos pernoctan” en las instalaciones de la dependencia.
La Conade no entregó las bitácoras de pernocta de estos vehículos que se pidieron en la misma solicitud de acceso a la información. Los funcionarios tampoco están autorizados a llevarse los vehículos a sus domicilios y, sin embargo, lo hacen.
El cumplimiento de este contrato significa que la Conade pagó en 2016 hasta 4.7 millones de pesos para que sus funcionarios tuvieran un coche rentado a su disposición durante 10 meses y medio.
Para 2017 los gastos en ese rubro ascendieron hasta 5.4 millones de pesos. En 2018 saldrá de sus arcas una cantidad igual, en tanto que para 2019 el monto ascenderá hasta 682 mil pesos, puesto que el servicio sólo se ofrecerá durante mes y medio (hasta el 15 de febrero).
Estas cantidades resultan excesivas, más aún si se considera que Alfredo Castillo se ha quejado del recorte presupuestal en el deporte y que la Conade no tiene suficientes recursos para atender a los deportistas que en 2018 tendrán como máximo compromiso los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Por si fuera poco, la Conade cuenta con su propio parque vehicular, que está integrado por 71 vehículos de distintos modelos y marcas. Entre otros contratos que Adriana Estrada Bernal firmó en 2017 destaca el de compra de vales de gasolina y dísel con la empresa Efectivale por 4.1 millones de pesos.
Lumo Financiera del Centro tiene su domicilio en Cerro de las Campanas 3 Local 9 en la colonia San Andrés Atenco, en Tlalnepantla, Estado de México. Su RFC es LFC110620-5B4.
La Conade es una de muchas dependencias del gobierno federal que ha otorgado contratos a Lumo Financiera del Centro. La Secretaría de Educación Pública (SEP), la Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y también Pemex han firmado contratos millonarios por el arrendamiento de vehículos.
Luis Humberto Montaño García fue director de Administración y Finanzas del Instituto de la Función Registral del Estado de México en 2008, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador. También fue suplente del diputado federal priista Antonio Silva Beltrán en la LVIII Legislatura (2000-2003).
En 2015, por adjudicación directa, la SEP le otorgó un contrato por 159 millones de pesos por la renta de 382 vehículos, 85 de ellos de lujo.
En 2012 y 2013, Montaño García fue investigado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a irregularidades detectadas en el municipio de Colón, en el estado de Querétaro, por un crédito de 15 millones de pesos otorgado por la Integradora de Apoyo Municipal, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., otra entidad financiera de su propiedad. Lo mismo ocurrió en el municipio de Othón P. Blanco, en Quintana Roo, y en Mazatlán, Sinaloa.
Este reportaje se publicó el 26 de noviembre de 2017 en la edición 2143 de la revista Proceso.
Fuente : Proceso.
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