En extrema pobreza, 22 de los 40 millones de menores de 18 años: Redim

MÉXICO, D.F. (apro).- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) exigió al presidente Enrique Peña Nieto se adhiera a la campaña impulsada por Naciones Unidas (ONU) a favor de los niños mexicanos.

Una mujer baña a su hijo en un terreno ocupado irregularmente al norte de Veracruz.
Foto: Yahir Ceballos

En un comunicado con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Redim recordó que en mayo de 2012 el entonces candidato priista se adhirió a la iniciativa “10 por la Infancia”, impulsada por esa ONG y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), campaña que “plantea 10 puntos estratégicos para avanzar hacia la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en toda la República Mexicana”.
El director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García, resaltó que mientras gobernadores, alcaldes y legisladores se han adherido a la iniciativa, aún falta que Peña Nieto “ratifique en evento público su compromiso con la infancia”.

La Redim consideró que “la firma de #10Xinfancia por parte del presidente y su gobierno representaría un motor fundamental para crear una corriente de opinión favorable hacia los derechos de niñas, niños y adolescentes en México”.
Además señaló que la adhesión del gobierno de México es importante dada la situación preocupante en que se encuentra la infancia, pues de los 40 millones de menores de 18 años que hay en el país, unos 22 millones viven en extrema pobreza (54%), de acuerdo con datos de UNICEF y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Otros datos preocupantes del sector se refieren a la tasa de mortalidad por homicidios en la población de cero a 17 años, “la más alta en los últimos años”, de cuatro muertes por 100 mil habitantes, pero “al analizar el rango de 15 a 17 años, se encuentra que la tasa de mortalidad por homicidios fue de 15.7 por cada 100 mil, que aumentó más de un punto porcentual respecto de la registrada en 2010, que era de 14.4”.
Con más de 70 organizaciones integradas, la Redim resaltó que ha solicitado sin éxito a distintas instancias gubernamentales la elaboración de “un diagnóstico y un programa nacional para prevenir y responder a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellos que son víctimas de escenarios del crimen organizado”, en atención a las recomendaciones hechas a México por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y de la representante especial del secretario general de la ONU para el seguimiento de la violencia contra la infancia.
La ONG advirtió que en recientes visitas de la vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Sara Oviedo, y de la comisionada y relatora de los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Ortiz, ambas “expresaron su preocupación en torno de la violencia que viven niñas y niños, la migración infantil y los derechos humanos de la infancia callejera y sus familias”.
La Redim destacó que durante el segundo ciclo de evaluación del Examen Periódico Universal del Estado mexicano (EPU), se recomendó “establecer un sistema integral para proteger los derechos del niño y formular una estrategia nacional para prevenir y combatir todas las formas de violencia en contra de la infancia”.
Ante el escenario violento que se viven en México, apuntó, las preocupaciones de los Estados que formularon recomendaciones a México en torno de la infancia enfatizaron en atender “la situación de los grupos vulnerables (menores indígenas), la discriminación hacia niñas y niños, la violencia de género que viven niñas y mujeres adolescentes, así como la violencia vinculada a la a delincuencia organizada”.
En víspera de la celebración del Día del Niño, la Redim manifestó su preocupación por las “condiciones de violencia, persecución y discriminación por parte de autoridades y grupos vecinales” hacia los menores que viven con sus familias en las calles de la Ciudad de México.
En particular, destaca el caso de “limpieza social” contra el denominado “grupo Juárez” en calles de Artículo 123 en el Centro Histórico del Distrito Federal, operativo que “sienta un grave patrón de violaciones a derechos humanos ante la ausencia de un sistema de protección integral para víctimas de discriminación y exclusión social”, asunto del que tomó nota Rosa María Ortiz, la relatora de la CIDH.
Fuente : Proceso.