MÉXICO, D.F. (Proceso).- El tema relativo a la salud de
quienes ejercen el poder en el país y, paralelamente, el relacionado con
el derecho a saber de la sociedad, se encuentran en constante tensión
en nuestro entorno: Tal pareciera que en estos terrenos no hay puntos
medios o zonas de grises, sino blancos o negros. Aquí, el interés reside
en la presencia de casos, por ejemplo, de gobernadores y legisladores
–recuérdese el de Fausto Vallejo en Michoacán y el del fallecido senador
Alonso Lujambio– cuyos problemas de salud tuvieron un severo impacto en
sus gestiones públicas. Lo anterior trae a cuento las insistentes
versiones en el sentido de que ahora es el propio presidente de la
república, Enrique Peña Nieto, quien padece una enfermedad grave.
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| Peña Nieto. Foto: Eduardo Miranda |
Veamos Primero. Quienes sostienen
que la salud de ciudadanos que ejercen altos cargos públicos debe ser un
tema vedado a la sociedad basan su postura en razones como las
siguientes: a) Se trata de un dato personal que debe clasificarse como
confidencial, de acuerdo al mandato del artículo 16 constitucional,
párrafo primero y segundo, y a lo dispuesto por la Ley Federal de Datos
Personales en Posesión de los Particulares; el expediente médico se
encuentra en el núcleo de protección más sensible de la persona, de ahí
que no puede ser vulnerado; b) tener acceso a ese dato y tomar
decisiones en función del mismo implicaría un acto de discriminación
previsto en la Constitución (“queda prohibida toda discriminación
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”); c) dar a
conocer el estado de salud de quienes ejercen el poder genera
confusión, resta poder y disminuye la eficacia de las funciones
gubernativas.
Buena parte de la comunidad abreva de una o de todas las
anteriores razones para sostener incluso que un gobernante enfermo es un
“héroe” o “heroína” que debe recibir toda la estima y reconocimiento de
la sociedad porque hace un doble esfuerzo por cumplir sus funciones
públicas.
Segundo. Mi posición sobre este polémico tema se encuentra
exactamente del lado contrario a los argumentos esgrimidos líneas
arriba en virtud de que a) se trata, en efecto, de un dato personal pero
que no necesariamente debe ser confidencial. La propia Constitución da
una salida a esta disyuntiva cuando en el citado artículo 16
constitucional dispone que la ley de datos personales “establecerá los
supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de
datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de
terceros”. ¿Alguien podría imaginarse, por ejemplo, al exgobernador de
Michoacán Fausto Vallejo siendo el presidente del consejo de
administración de una compañía privada? Claro que no, porque su estado
de salud afectaría los bolsillos de la empresa, así que dicho consejo o
la asamblea de accionistas jamás permitirían que se atentara contra su
capital. Esto mismo es aplicable a la esfera pública: un gobernante con
una enfermedad que impacte en su capacidad para tomar decisiones vulnera
el destino, la seguridad y la estabilidad de los gobernados; b) tener
acceso a la información en supuestos como los indicados no sería un acto
de discriminación porque no se estaría afectando sólo el derecho y la
libertad de una persona, sino la de un grupo. El caso de un piloto
aviador afectado por una enfermedad que lleve a impedirle maniobrar una
nave para transportar a un grupo de personas de un lugar a otro no es
indicativo de que está siendo discriminado, sino restringido en su
libertad personal porque puede afectar los derechos de los demás a la
vida y a su integridad. En los regímenes políticos autoritarios, los
gobernantes echan mano de este argumento, pero con el fin de evitar la
rendición de cuentas y su responsabilidad frente a los electores.
Tercero. No propongo que se abran al público los
expedientes médicos de los gobernantes, sino sólo aquellas partes que
contengan datos inequívocos de que un problema de salud pueda afectar la
seguridad, integridad y la gobernabilidad de un país, de una entidad
federativa o de una toma de decisiones que involucre en forma directa o
indirecta a la población. En Estados Unidos, o bien en Colombia o Costa
Rica para hablar de países cercanos culturalmente al nuestro, una
apertura de esta naturaleza es perfectamente posible pues no se
considera ajena a la vida democrática; antes bien, se toma como un
saludable indicador de responsabilidad política. El lastimoso argumento
del “héroe” o la “heroína” enfermos que siguen gobernando pese a su
precaria salud es producto de la ignorancia. No hay por qué dispensar
honores a quien irresponsablemente ejerce un alto cargo público en
perjuicio potencial de la sociedad; debe llamársele a cuentas para que
responda por sus actos y, eventualmente, proceda a renunciar o dimitir
de sus funciones por razones de seguridad e interés públicos. De acuerdo
con esta lógica, es necesario que en las leyes electorales del país se
establezcan requisitos de salud como vías de ingreso a la función
pública; por ejemplo, la realización de exámenes a cargo de un panel
independiente de médicos de alto nivel que difícilmente expondrían su
prestigio para transar con un candidato.
En otros países la ética personal y la intolerancia
ciudadana a la simulación suplen lo que aquí debe hacerse por ley con
todos los candados posibles. Los casos confirmados en México, que
empezaron como rumores muchas veces “desmentidos” y al final tuvieron
que ser aceptados sólo por la fuerza de la evidencia (Vallejo,
Lujambio), son avisos reiterados de que los ciudadanos y quienes hacen
las leyes no podemos seguir cruzados de brazos viendo cómo se antepone
el interés y la ventaja política personal en perjuicio de la comunidad.
Fuente : Proceso.
@evillanuevamx
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