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| La agresión al niño de 13 años en Puebla. Foto: Tomada de YouTube e-consulta |
El director del Hospital General del Sur, José Antonio Martínez García, confirmó lo que ya desde hace días se venía manejando en los medios locales: que el niño se mantenía vivo en el nosocomio sólo porque estaba conectado a aparatos y que sería la primera víctima mortal de la llamada ley bala.
José Luis se mantiene hospitalizado desde el miércoles 9, cuando elementos de la Policía Estatal Metropolitana desalojaron de manera violenta a habitantes de Chalchihuapan que mantenían bloqueada la autopista Puebla-Atlixco para exigir que el servicio del Registro Civil se reintegrara a las Juntas Auxiliares.
Esta tarde, en un breve comunicado, el médico dijo que el informe sobre la salud del niño se hacía público con previo consentimiento de la familia Tlehuatlie Tamayo y después de haber realizado las pruebas de
encefalograma y Doppler cerebral de este día.
Tras esos estudios, se precisa que el niño presenta ausencia completa y permanente de conciencia, ausencia permanente de respiración espontánea, ausencia de los reflejos del tallo cerebral manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nociocépticos.
Por lo tanto, “se concluye conforme a la Ley General de Salud que lamentablemente el menor José Luis Tlehuatle Tamayo se le diagnostica muerte encefálica”, confirmó el médico.
De hecho, familiares de José Luis habían informado que desde el mismo día en que resultó herido, el menor de 13 años fue intervenido quirúrgicamente y que desde entonces no había cobrado la conciencia.
El domingo anterior, el niño fue de nueva cuenta sometido a una operación, pero igual no reaccionó y se manejó la versión de que su situación había empeorado, ya que su cerebro se inflamó súbitamente.
La diputada federal Roxana Luna acusó entonces al gobierno de Rafael Moreno Valle de prohibir al personal del hospital que informara sobre el estado de salud de niño y que ni siquiera los familiares sabían con precisión en qué condiciones se encontraba.
El martes 15, el periodista Jesús Manuel Hernández, a través de su cuenta de Twitter, había dado a conocer una tomografía que le tomaron al menor que revelaba que el impacto que recibió en la cabeza le causó pérdida de masa encefálica y le provocó un infarto cerebral desde el mismo día del operativo policiaco.
La madre del niño, Elia Tamayo, acusó a los policías de ser los responsables de la herida que sufrió su hijo en la cabeza. Elia y su hijo no participaron en la manifestación que fue dispersada por los granaderos. Ese día, ambos regresaban de la escuela, ya que la mujer decidió ir por el niño antes del horario de salida al darse cuenta de la movilización policiaca.
“Los granaderos estaban aventando cosas que explotaban y cuando yo oí eso, mi hijo cayó de lado”, denunció la mujer desde el primer día de los hechos.
Después, Tamayo acudió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Congreso de la Unión, y volvió a acusar a los policías y al gobierno de Moreno Valle de ser responsables de que su hijo se debatiera entre la vida y la muerte.
También denunció que funcionarios del gobierno del estado la habían hostigado para que firmara una declaración en la que deslindaba a los policías de la agresión sufrida por su hijo y que en cambio acusara a pobladores de Chalchihuapan.
Los pobladores de esa comunidad han señalado que, el día del operativo, desde un helicóptero les disparaban con cartuchos de gas lacrimógeno y balas de goma, lo que originó la mayoría de los heridos graves, entre los que se encuentra un hombre que perdió el habla porque una bala de goma le perforó la mandíbula, otro que perdió un ojo y uno más que perdió una mano.
De hecho, los afectados por este operativo han mostrado ante los medios decenas de restos de los artefactos que utilizó la policía para atacarlos, entre los que se encuentran cilindros metálicos con punta y una especie de torpedos de goma negra.
Sin embargo, el gobierno de Moreno Valle ha insistido en que el niño fue lesionado por los propios manifestantes y como prueba mostró fotografías en las que aparecen lugareños lanzando cohetones de los que se usan en las ferias.
El gobernador aseguró que los manifestantes eran responsables de que en el operativo hubieran resultado niños heridos porque los usaban como “escudo humano”.
“Lo lamentable”, dijo, “es que personas que están infringiendo la ley lleven a menores como escudos a una acción ilegal, me parece que es algo muy delicado, es responsabilidad de quienes actúan de esa forma”.
Igual, el gobierno poblano ha defendido que ese día se aplicara la ley bala, ya que aseguró que se siguieron los protocolos de disuasión y negociación previos al uso de las armas “no letales”.
Sin embargo, algunos de los pobladores de Chalchihuapan han revelado que ese día no hubo representantes del gobierno estatal ni intentos de diálogo como lo ha asegurado la autoridad.
“Uno de los policías nos dio cinco minutos para desalojar la carretera, pero todavía no pasaban tres cuando los policías avanzaron contra nosotros”, denunció uno de los participantes.
Previo a este operativo, el juzgado cuarto de distrito había decretado la suspensión provisional en un juicio de amparo que iniciaron organizaciones civiles contra la ley bala.
Esta semana, el mismo juzgado otorgó la suspensión definitiva a dos personas que se ampararon contra esa misma legislación.
Fuente : Proceso.
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