Oficinas de Sempra Energy en San Diego, California. Foto: Especial. |
La presión contra el alcalde comenzó por parte de Beatriz Paredes, entonces dirigente del PRI. No tuvo éxito. Luego el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Luis Téllez, fue intermediario para que Humberto Moreira, reemplazo de Paredes, convenciera a Pelayo de reunirse con Darcel Hulse y Carlos Ruiz Sacristán, los más altos ejecutivos de Sempra en México.
Socio privilegiado de Pemex aun antes de la reforma energética, Sempra se plantea incrementar sus inversiones en México y por lo pronto está involucrado en uno de los mayores proyectos de infraestructura del sexenio: el gasoducto Los Ramones. No es todo: la presidenta de Sempra Global, Debra Reed, abogó abiertamente por la apertura a la inversión privada en gas shale declarando el 6 de junio de 2013 que la empresa tenía intereses en el sector.
El anfitrión del encuentro de finales de mayo de 2011 en la sede diplomática fue John D. Feeley, actual subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, quien entonces era encargado de negocios de la embajada. En realidad Feeley era más que eso: Durante su estancia en México fue responsable de aplicar la Iniciativa Mérida, según el perfil que exhibe el sitio oficial del Departamento de Estado.
Los dos mexicanos interesados en el asunto eran Téllez y Ruiz Sacristán, compañeros de gabinete –el primero en Energía y el segundo en Comunicaciones y Transportes– en la segunda mitad del gobierno de Ernesto Zedillo. Téllez ocupó el mismo cargo que Ruiz Sacristán pero en la administración de Felipe Calderón, y desde ahí allanó el camino a la operación de Sempra al modificar el título de concesión portuaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2007.
De acuerdo con uno de los asistentes a la reunión en la embajada y quien pidió el anonimato, la intención era que Pelayo levantara la clausura al complejo de Sempra. Para entonces el alcalde estaba bajo mucha presión entre otras cosas por la cancelación de su visa estadunidense, el despliegue militar en la frontera, la invasión del ámbito de competencia municipal desde los gobiernos federal y estatal y por el escándalo de un supuesto soborno depositado a la cuenta bancaria de su hijo.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1971, ya en circulación)
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