Migrantes transexuales en el albergue Hermanos en el Camino.
Foto: Jacciel Morales
Óscar Armando Orellana Molina, Kendra; Darinel Ángel Alvarado Durán, Daniela; y Santos Ernesto Márquez Alemán, Nahomy, salieron de la capital de El Salvador la mañana del pasado 26 de diciembre. Doce horas después cruzaron en balsa el río Suchiate, que divide la frontera de México con Guatemala.
Al pasar la frontera empezó la pesadilla. Según su denuncia, fueron asaltados y abusados sexualmente por personas que identificaron por el uniforme que portaban, como agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
Seis horas después de ingresar a México estaban rindiendo su declaración ante la Fiscalía en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes (FDCCI) del gobierno de Chiapas. No obstante, la denuncia se perdió en los archivos de dicha Fiscalía, acusaron.
Peor aún, Kendra, Daniela y Nahomy pidieron una visa humanitaria ante Magda Alejandra Domínguez Sánchez, quien se identificó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob). Querían evitar ser deportados porque, aseguraron, “si regresamos nos matan en nuestro país”. Pero la solicitud tampoco fue atendida.
De acuerdo con la organización Centroamérica Diferente, “el Triángulo Norte de Centroamérica, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras, es la zona más peligrosa de la región para los homosexuales, 282 de los cuales han sido asesinados desde 2009”.
Para este grupo, los asesinatos, amenazas de muerte, detenciones ilegales y violencia sexual se han convertido en una cotidianidad.
Los tres jóvenes interpusieron la denuncia penal por los delitos de violación, robo y lesiones. La Fiscalía del gobierno de Chiapas inició la investigación 109FEDCCI-MTAR4/2014 y remitió a Kendra, Daniela y Nahomy a un albergue. Luego, se olvidó de ellos.
“Nos quedamos unos días en el albergue Jesús El Buen Pastor. Ahí llegó una persona que nos dijo era la licenciada Magda Alejandra Domínguez Sánchez de Gobernación de México. Nos dejó una tarjeta, nos dijo que nos iba a llamar para ver que se nos diera una visa humanitaria, pero ya no nos contesta el teléfono. Ya no supimos más de nuestro caso”, explicó Daniela.
Durante los siguientes 50 días, los jóvenes vieron nuevamente vulnerados sus derechos. Las leyes mexicanas establecen que los migrantes víctimas de algún delito –máxime si quienes presuntamente lo cometieron fueron autoridades de este país, como en el caso de agentes del INM– deben ser protegidos y se les debe entregar una visa humanitaria para que tengan condiciones de seguridad en tanto se llevan a cabo las investigaciones y el juicio, según establece la Segob.
“En México todos los días llegan a los albergues migrantes que han sido víctimas de abuso sexual, asaltos y amenazas por parte de personas que ubican como policías y agentes del INM. Son pocos los migrantes que deciden denunciar penalmente y cuando lo hacen, las autoridades le apuestan al desgaste, les abandonan y retardan las investigaciones, para garantizar impunidad”, explicó Darwin Pereyra, activista defensor de los derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual o Transexual (LGBT).
De los tres jóvenes víctimas, destaca Kendra de 25 años, pues ha participado en su país de origen en la defensa de los derechos de su comunidad y es educadora de la Asociación ASPIOTL-ARCOIRIS.
Según su testimonio, al huir de El Salvador no podían pasar por alto una nueva violación, un nuevo abuso. “De nuevo la impunidad, de nuevo regresar y correr el riesgo de ser asesinadas”, dijo.
El pasado lunes 9, cuando debían buscar otro lugar en Tapachula dónde habitar, contó, “vimos que debíamos hacer público nuestro caso. Ya nos han echado (expulsado) del albergue en Tapachula, ya no nos contestan las llamadas en la Fiscalía ni en la Segob, no nos dejan trabajar y no podemos regresar a nuestro país”, explicó.
Kendra, Daniela y Nahomy contactaron al activista Darwin Pereyra, en busca de apoyo. Apenas éste publicó en su muro de Facebook que se trasladaba a Tapachula para ayudar a los tres jóvenes, la reacción fue inmediata: “nos llamaron de la Fiscalía. Ya era bien noche pero nos dijeron que estaban bien preocupados por nosotros y hasta nos pagaron un taxi para que llegáramos a sus oficinas”, explicó Kendra.
Ahí, les pidieron que ratificaran su denuncia. “Nos ofrecieron ayuda psicológica y dicen que ahora sí van a ver nuestro caso, que van a ir a Migración que van a ver lo de la visa humanitaria. Quedaron de avisarnos pero no sabemos si será cierto. La licenciada de Segob no nos contesta el teléfono y nosotras no podemos regresar (a El Salvador) porque allá estamos amenazadas de muerte”, detalló en entrevista.
Fuente : Proceso.
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