Ventanillas del Sistema de Administraci—n Tributaria (SAT).
Foto: Alejandro Saldívar
En ese año, el SAT perdonó a Sabritas la cantidad de 929.49 millones de pesos, mientras que a Gamesa le indultó 150.45 millones. No sólo fueron estas empresas, también resultó beneficiada la desarrolladora de parques industriales ProLogis a quien le fueron perdonadas dos deudas; la primera por un monto de 9.34 millones de pesos y la segunda por 5.49 millones de pesos.
Por si fuera poco, a Scotiabank Inverlat le eximió el pago de 28.82 millones de pesos lo que, de acuerdo con la ASF, “actúa en perjuicio de la hacienda pública”.
Según la ASF, del total de personas morales se identificó que 36 empresas integran 50.2% de las condonaciones autorizadas por más de 80 mil millones de pesos y se ubican en los siguientes sectores:
La banca comercial ocupa 13% de estas condonaciones, le siguen los medios de comunicación con 11.6%; enseguida están las comercializadoras con 6%, las empresas dedicadas a los servicios de telecomunicaciones con 5.2%, las compañías cementeras con 3.8%, así como el sector metalúrgico y acerero con 3.4%.
El sector farmacéutico abarca 2.7%, las empresas automotrices 2.3%, las petroleras extranjeras 1.4%; mientras que las de la construcción abarcan apenas 0.8% de las deudas perdonadas por la autoridad recaudatoria.
El universo de empresas contribuyentes está compuesto por 41 mil 399 compañías privadas o públicas que solicitaron el beneficio de la condonación en términos del artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, de las que se identificaron 350 mil 550 operaciones para la condonación de créditos fiscales y contribuciones omitidas.
Como se aprecia, los sectores con mayores beneficios del programa “Ponte al Corriente” corresponden a la banca comercial, televisoras y alimentos, con un 29.6% de la condonación total.
La ASF pidió a la Cámara de Diputados analizar y evaluar el impacto real e integral que generan los programas de condonación en la captación de recursos públicos. Agregó que en caso de que se presenten nuevos programas de este tipo, la Cámara Baja debe participar de forma “preactiva”, a fin de que éstos logren incentivar el saneamiento fiscal de los contribuyentes y se mejore el comportamiento tributario.
Fuente : Proceso.
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