Aristegui durante la presentación del informe “Estado de Censura”. | Foto: Artículo 19 |
De acuerdo con el informe presentado, tan sólo en los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto se registró un total de 665 agresiones contra periodistas (330 en 2013 y 326 en 2014), de las cuales 48.7% han sido contra medios impresos, 20.8% contra medios digitales, 16% en radio y televisión y 13.4% en agencias informativas.
El mismo reporte indica que el mayor número de agresiones contra informadores han ocurrido en el Distrito Federal (85), Veracruz (41), Quintana Roo (42), Guerrero (28) y Oaxaca (26), las cinco entidades que ocupan los primeros lugares de este índice del estudio.
Aristegui estuvo presente en el Museo Franz Mayer, donde se dio a conocer el informe, acompañada de otros periodistas agredidos como Adrián López, del Diario Noroeste de Sinaloa; Karla Silva, de El Heraldo de León; Norma Madrigal, de Quintana Roo, y Silvia Hernández, de Veracruz. En el lugar se recibió un mensaje de Pedro Canché, periodista encarcelado en Carrillo Puerto, Quintana Roo, por claras presiones y órdenes del gobernador Roberto Borge.
En su breve participación en el foro, Aristegui indicó que “la publicidad oficial es un mecanismo de control de los medios que a la fecha no está reglamentado a escala federal, estatal o municipal, a pesar de las promesas para transparentarlo para que ese dinero, que es de todos, en lugar de favorecer campañas, favorezca la libertad de expresión”.
La exconductora de la Primera Emisión de Noticias MVS, cuyo espacio fue cancelado por la empresa desde el pasado domingo 15, insistió que estamos “ante un panorama preocupante” que augura un escenario “de muchas sombras en cuanto al periodismo se refiere”.
Organizaciones demandan intervención de relator de la CIDH
Desde el pasado 21 de marzo, 114 organizaciones y colectivos defensores de los derechos humanos enviaron una carta al relator de la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, para que intervenga en el caso de la salida de Carmen Aristegui y de su equipo de MVS.
Las organizaciones reclamaron que el relator pida informes al gobierno de Enrique Peña Nieto sobre “posibles presiones” a MVS.
Entre las firmantes destacan la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Cencos, Cimac, el Observatorio Nacional contra el Feminicidio, además de otras muchas redes estatales y nacionales.
El pasado lunes 23, Lanza participó en el mismo foro de Artículo 19. Durante su intervención y en entrevistas con la prensa, el funcionario de la CIDH expresó que el caso de Aristegui puede configurar un ejemplo de “censura indirecta” por parte del gobierno mexicano.
Fuente : Proceso.
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