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| Gerson Quevedo Orozco, quien cumple un mes de secuestrado. | Foto: Especial |
Por el secuestro de Quevedo González, un día después –la madrugada del 16 de marzo del año anterior–, su hermano, Alan Quevedo –exportero de los Tiburones Rojos categoría Sub-17– y su cuñado, Miguel Caldelas fueron acribillados por el mismo comando que secuestró a Gerson. Hoy, Gerson padre reclama justicia para dar con el paradero de su hijo secuestrado y para los homicidas de Alan.
El doble delito que sacudió a la familia Quevedo ocurrió muy cerca de El Tejar, donde el pasado 2 de enero fue secuestrado y asesinado el reportero de “La Unión”, Moisés Sánchez Cerezo. La SSP y el gobierno de Javier Duarte tomaron estrictas medidas apenas el 6 de marzo pasado, cuando en coordinación con el ayuntamiento de Medellín decidieron “liquidar” a la Policía Municipal y dar cabida al Mando Único integrado por elementos de la Fuerza Civil (FC) y fuerzas federales.
El secuestro de una maestra de preescolar en la congregación de Paso del Toro en Medellín y el homicidio doloso de Moisés Sánchez a manos de expolicías intermunicipales, cinco de ellos aún prófugos de la justicia –este último caso convertido en un escándalo internacional– orilló al gobierno de Duarte a tomar medidas radicales.
Mientras tanto, el miedo y la incertidumbre no han terminado, expone Gerson Quevedo, pues las amenazas telefónicas de un grupo delincuencial sin identificar continúan. En los últimos 12 meses, la familia ha recibido tres llamadas para “exigir un rescate” por regresar al estudiante de arquitectura con vida, pero sin poner al secuestrado al teléfono. Además el celular de la familia ha sonado en distintas ocasiones, sin embargo, los interlocutores sólo se quedan escuchando al otro lado del auricular sin decir nada.
“En una llamada me dijeron que querían más dinero o atentarían contra mi esposa o irían por mis demás hijos”, narra Gerson padre.
Por esas situaciones anormales y por la indiferencia de la FC y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el nulo avance en las investigaciones de la neo Fiscalía General del Estado (FGE), los demás integrantes de la familia Quevedo González han tenido que vivir a “salto de mata” en varias casas de estos tres municipios conurbados, en donde sólo Gerson Quevedo padre da la cara a las autoridades, pues los demás miembros de la familia se mantienen en el anonimato por el temor y la zozobra.
Uno de sus hermanitos muestra su teléfono celular en donde tiene una fotografía de Gerson Quevedo y el siguiente pensamiento: “Te extraño hermanito, tus enojos, tus caras, te necesito”.
Incluso en un reportaje de la cadena Univisión sobre el terror de las desapariciones forzadas, secuestros y ejecuciones en Veracruz, Gerson padre aceptó dar su testimonio pero con la silueta obscurecida en la cámara, el rostro difuminado y la voz distorsionada.
Para la familia Quevedo aún sigue latente el temor de una represalia por parte de la delincuencia organizada, pues Gerson recuerda que uno de los sicarios que secuestró a su hijo y asesinó a Alan fue abatido en el operativo del 16 de marzo, donde policías estatales llegaron minutos después de que Alan Quevedo y Miguel Caldelas fueran acribillados en el interior de su vehículo Mazda color rojo con placas YJX5999; ello, luego de que descubrieran la casa de seguridad donde tenían a Gerson, cuyos captores procedieron a llevárselo con rumbo desconocido en otro automóvil.
“Lo dije la otra vez, en la camioneta donde apareció el sicario muerto, ahí fueron encontrados documentos de Alan: una credencial de estudiante, una papeleta de empeño y otros documentos personales. La clave está ahí, ¿De quién es la camioneta?”.
El padre de Gerson y Alan ha sufrido un auténtico viacrucis para exigir el avance de las investigaciones. En cinco ocasiones han sido citados en Xalapa para declarar en el Ministerio Público y en la nueva Unidad Especial Antisecuestros, hoy adscrita a la FGE. Sin embargo, Quevedo recrimina que los trámites se tienen que hacer desde Xalapa, mientras que el doble homicidio y secuestro ocurrió en Medellín, a 120 kilómetros de distancia.
“No hay avances, no hay resultados. Antes de que desapareciera la Procuraduría General de Justicia (PGJE) nos atendía un tal licenciado Fonseca que no hizo nada, absolutamente nada. Ahora hay uno nuevo a cargo, un tal Pucheta, se mueve más, pareciera que hay avances, pero de mi hijo nada”.
Quevedo rememora que fue hace un año cuando la indiferencia del C-4 (Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando) y del número de emergencias 066 orilló a su familia a negociar con los captores, acordando pagar los 50 mil pesos de rescate que les exigieron y depositarlos en el estacionamiento de Plaza Crystal. Pasaron las horas pero el mayor de los hijos de Gerson Quevedo no volvió a casa. La comunicación con sus plagiarios se cortó.
Horas antes, el folio 56699 de la SSP detalló que cuando la familia Quevedo se quejó por el secuestro de uno de sus hijos, del otro lado de la línea un oficial les respondió: “Seguramente se trata de un secuestro virtual. Mándenle un mensaje al celular de su hijo; díganle que ustedes están bien, que regrese a casa”.
El otro caso que sacudió al municipio de Medellín de Bravo fue el del reportero-editor de “La Unión”, Moisés Sánchez Cerezo, quien se convirtió en el onceavo periodista asesinado en lo que va del sexenio de Duarte.
El reportero medillense fue “levantado” por un comando –con la complicidad de la Policía Municipal– el pasado 2 de enero y ese mismo día fue privado de la vida. Veintitrés días después su cuerpo apareció “cercenado” y envuelto en una bolsa negra en un paraje solitario del municipio de Manlio Fabio Altamirano, muy cercano a su lugar de origen.
La investigación ministerial 01/E/2015 reveló que el expolicía intermunicipal Clemente Noé Rodríguez Martínez asesinó a Moisés Sánchez por un “encargo” del chofer del alcalde y subdirector de la Policía Municipal, Martín López Meneses, quien a su vez habría actuado por instrucción del alcalde panista Omar Cruz Reyes.
El edil Cruz Reyes continúa hoy en libertad, al igual que los otros cinco expolicías intermunicipales que participaron en el homicidio del periodista, aunque el alcalde panista ya carga un juicio político para quitarle el fuero constitucional, situación legislativa que se resolverá el próximo martes 17 de marzo.
Otro caso que se convirtió en escándalo internacional y que continúa impune es el “levantón” y posterior asesinato –salpicado de irregularidades y huecos en la versión oficial– del cantante de La Voz México, Gibrán Martiz.
Martiz fue secuestrado el 7 de enero. Su cuerpo apareció una semana después. Las investigaciones que realizó por separado su padre, Efraín Martiz, evidenciaron que el localizador GPS de su teléfono móvil da las coordenadas de tres distintas direcciones entre el día de su secuestro y el 12 de enero, fecha en que la extinta PGJ confirmó el hallazgo de los cuerpos de Gibrán y un amigo.
Uno es el lugar donde fueron secuestrados, en la calle Ferrocarril Interoceánico; otro es el conjunto residencial Las Ánimas, donde “sé que ahí vive el titular de la SSP, Arturo Bermúdez” –remarca Martiz padre– y el tercero es la Academia de Policía de El Lencero.
Al entregar la copia de los mapas con las coordenadas, que coinciden con las hojas de Telcel, Efraín Martiz señala: “Seguramente a mi hijo lo torturaron, lo golpearon y probablemente lo mataron en la propia Academia de Policía, pero antes lo llevaron o reportaron su detención con el titular de Seguridad Pública, de otra forma cómo te explicas los vaivenes de su teléfono, que nunca me regresaron”.
En contraste, el pasado 18 de diciembre, los siete policías que participaron en el levantón de su hijo y del menor Sergio Luis Hernández obtuvieron su libertad condicional con una “medida cautelar”. De esa manera, los oficiales que participaron en el “levantón” de Martiz, Felipe López Domínguez, Uriel Pérez, Manuel Ortiz, Luis Pérez, lván Cortes, Mauricio Ramírez y Abel Bravo salieron de la prisión de Pacho Viejo después de que el juez “matizó” los cargos de incumplimiento de un deber legal, coacción y abuso de autoridad, en lugar de juzgarlos por “secuestro” y “homicidio”.
Otro caso del que Proceso ha dado amplio seguimiento es el asesinato de la corresponsal del semanario en Veracruz, Regina Martínez Pérez, quien el próximo 27 de abril cumplirá tres años de haber sido asesinada de forma violenta en su domicilio, y que al día de hoy, uno de sus presuntos homicidas, Jorge Adrián Hernández Domínguez El Jarocho continúa prófugo de la justicia y el otro victimario, José Antonio Hernández El Silva ya fue sentenciado a 32 años y 8 meses de prisión, tras un proceso penal salpicado de irregularidades, en el que incluso El Silva salió de prisión en agosto del 2013 por “revocación de sentencia”, aunque un año después regresó a la cárcel de Pacho Viejo.
Fuente : Proceso.
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