Elementos de la Policía Federal en Michoacán. Foto: Xinhua / Armando Solís
Los agentes daban seguimiento a una llamada anónima que denunciaba la invasión de una propiedad donde se encontraba gente armada, según fuentes de la Policía Federal (PF). En el operativo iban policías federales, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la policía estatal.
Antes de llegar a su objetivo, los federales detectaron un vehículo con personas armadas, quienes de inmediato abrieron fuego en su contra.
Las balas de alto calibre comenzaron a llover de un lado y otro. Enseguida comenzó la persecución policiaca contra las unidades en que se desplazaban los gatilleros, presuntamente miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Un vehículo de los sospechosos ingresó intempestivamente al rancho El Sol seguido por el convoy de la policía. Cuando los demás civiles detectaron la presencia de las autoridades, abrieron fuego con armas de alto poder.
Juntos a los casquillos caían los cuerpos acribillados sobre los pastizales, unos sin camisa, otros con chalecos especiales para cargar municiones. Uno, tres, 10, 20, 38…
Las autoridades contabilizaron 42 civiles muertos, así como un elemento de la PF que falleció mientras ayudaba a uno de sus dos compañeros heridos.
El escenario de guerra se palpaba en sillas y muebles destrozados, así como en ropa y colchones revueltos y manchados de sangre, aparte de seis autos calcinados.
Cuando la batalla cesó, los uniformados decomisaron un arsenal: 36 armas largas –en su mayoría AK-47 y R-15 y calibre 7.2–, un lanzagranadas, un fusil Barret calibre 50 antiaéreo, dos armas cortas, fornituras y cargadores, cientos de cartuchos y radios de comunicación.
También reportaron la captura de al menos tres agresores, quienes al cierre de edición aún no habían sido identificados.
La reacción de los gobiernos municipal, estatal y federal no tardó en llegar. Sobre la zona se desplegó un intenso operativo, incluido el sobrevuelo de un helicóptero Black Hawk de la PF.
Pasado el mediodía, personal de la Dirección de Seguridad Pública de Tanhuato informó que la situación ya estaba controlada. Los cuerpos policiacos de los municipios de La Piedad, Tanhuato y Zamora hicieron presencia en el sitio.
El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, confirmó que la zona se encontraba acordonada por policías ministeriales y que los peritos trabajan en el lugar para hacer el levantamiento de los cuerpos y tomar todas las evidencias de la refriega.
En entrevista con Grupo Fórmula, dijo que los hechos no deben ser motivo de preocupación:
“Hace años las bajas hubieran sido de fuerzas federales y no civiles, presumiblemente armados”, minimizó el cruento embate.
A través de la misma radiodifusora, Ignacio Cuevas, edil de Tanhuato, dijo que no tenía el número exacto de fallecidos, pues argumentó que desde hace tres días no tenían comunicación por teléfonos celulares, por lo que la única información que tenía provenía de las redes sociales.
No obstante, admitió que los habitantes del municipio ya vivían en tensa calma, pues son vecinos del municipio de Yurécuaro, donde en días pasados fue asesinado el candidato de Morena a esa alcaldía, Enrique Hernández, también exlíder de las autodefensas.
Aunque la noticia del tiroteo se dio a conocer pasado el mediodía, en la mente de los habitantes de la zona pasó el recuerdo del enfrentamiento que, apenas otro viernes, este el pasado 1 de mayo, terminó con el derribo de un helicóptero Cougar EC725 de la Fuerza Aérea Mexicana, en Jalisco, en los límites con Michoacán, y la muerte de 18 personas, entre ellas ocho elementos de élite del Ejército y una agente de la PF; el resto eran civiles presuntamente sicarios del CJNG
Por ello, la Fiscalía General del Estado Jalisco (FGEJ) reforzó la vigilancia en los límites con Michoacán y, a través de su cuenta de Twitter, pidió a la población atender “únicamente” la información oficial difundida por esta vía y no hacer caso de rumores de presuntos enfrentamientos en el estado.
La información del nuevo choque armado entre policías y criminales, a dos semanas de las elecciones federales, caía a cuentagotas.
Roberto Femat, vocero de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo que, por lo trascendente del caso, mandos del Ejército, la Marina, PF y demás instancias del gabinete de seguridad nacional ya se movilizaban a la zona del conflicto.
Agregó que a las 15:00 horas habría un primer informe institucional, generado en coordinación con el gobierno de Michoacán. Pero éste se pospuso. Lo único que dijo fue que el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y el comisionado general de la PF, Enrique Galindo, se dirigían a Michoacán.
Rubido confirma saldo
Doce horas después de los hechos, Rubido dio una conferencia de prensa para confirmar la muerte de 42 civiles y un policía federal como resultado del enfrentamiento, así como la detención de tres agresores, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal.
Sin embargo, dijo que la cifra de fallecidos podría incrementarse, pues las autoridades aún mantienen los trabajos de peritaje en la zona.
El funcionario agregó que el rancho donde fue el tiroteo abarca unas 112 hectáreas y está compuesto por una casa, una bodega y amplias extensiones agrícolas, entre las que se escondieron los agresores, hecho que complicó la operación y la prolongó durante tres horas y en tres distintos puntos del predio.
Al final, ocho autos fueron asegurados, aunque seis acabaron calcinados pues la bodega en la que estaban guardados se incendió durante el enfrentamiento.
Por la noche, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que envió visitadores adjuntos a Michoacán para conocer los pormenores del enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos delincuentes.
En un comunicado de tres párrafos, dijo que el personal “recabará las evidencias del caso, solicitará información a las autoridades que corresponda y entrevistará tanto a testigos como a personas involucradas en los hechos, con el fin de determinar el ámbito de su competencia”. (Con información de Patricia Dávila)
Fuente : Proceso.
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