Laura Bozzo
El movimiento de la conductora para desplazar al abogado designado inicialmente por la familia, Víctor Alonso Tadeo Solano, está dirigido a crear un tribunal paralelo que al tiempo de garantizar rating del programa, pone en entredicho la reforma penal en la que el Estado mexicano ha gastado miles de millones de pesos.
Aunque tan pronto como creció la indignación en las redes sociales por esa intervención, la conductora de Televisa negó tener en exclusiva los derechos del caso.
Pero en la audiencia del jueves 21, el abogado Tadeo Solano fue reemplazado por Juan Carlos Cárdenas, quien llegó a la Sala del Juzgado Especializado en Adolescentes con cámaras y micrófonos del programa Laura.
Sólo la pasividad del Estado mexicano permitirá que el caso quede en manos de la llamada señorita Laura y sus asesores jurídicos. Si bien como víctima, la familia tiene el derecho de designar a los defensores que quiera, lo que está en juego es uno de los principios de la reforma penal: la defensa adecuada, lo que siempre se ha pedido en México.
Bajo el criterio de que “los políticos corruptos tienen miedo de que yo vaya” (a Chihuahua) porque algo “esconden”, según escribió en su cuenta @laurabozzo, el niño y su familia serían víctimas de un lucrativo espectáculo mediático si la conductora lleva la “defensa legal gratuita”.
Ni las víctimas ni la gravedad del caso merecen que así sea. El problema de fondo es la justicia para adolescentes, un tema polémico en el mundo y que ante casos parecidos ha tenido desde la respuesta extrema de encarcelar de por vida a los menores asesinos, hasta la detención en centros juveniles que se acaba cuando alcanzan la mayoría de edad.
En diciembre de 2010, un menor de 14 años fue detenido en Morelos por el Ejército, acusado de degollar a adversarios del cartel de los hermanos Beltrán Leyva. Tres años después fue liberado del centro para menores en el que se encontraba y partió a Estados Unidos, donde nació.
Desde entonces, otros casos de “niños sicarios” se han conocido en el país sin que haya acuerdo respecto a la sanción penal o a la rehabilitación en el caso de delitos graves cometidos por adolescentes.
La tortura y asesinato del niño en Chihuahua, en la que intervinieron sus primos y una menor de origen rarámuri, obliga a avanzar en ese tema.
Por eso la gravedad de que los defensores puedan ser quienes viven de exhibir la miseria humana.
Aún no está claro si la familia tiene una sola posición respecto a quién los representará en el caso. Pero el Estado mexicano no puede estar ajeno. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) podría solicitarle a la Fiscalía de Chihuahua que designe una defensa adecuada, uno de los pilares de la reforma penal.
Cuando hay un conflicto entre el derecho y la justicia, ésta debe prevalecer, según criterio universal.
El Estado mexicano debe garantizar esa defensa adecuada y no abdicar una vez más ante el rating de Televisa.
@jorgecarrascoa
Fuente : Proceso.
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