Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la procuraduría capitalina ha incurrido en numerosas y graves irregularidades al investigar el multihomicidio de colonia Narvarte, donde una de las víctimas fue Rubén Espinosa, colaborador de este semanario: ha actuado a base de prejuicios y discriminación, presuntamente torturó al único detenido y, sobre todo, a ciertos medios les ha filtrado información parcial o distorsionada para crear la sensación de que las víctimas se “merecían” lo que les pasó. En entrevista con Proceso, la titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, manifiesta su temor de que el caso se siga desvirtuando y se pase por alto la línea de investigación que conduce a la capital veracruzana.
Piden justicia para las víctimas del multihomicidio en la Narvarte. Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Filtraciones orientadas a descalificar a las víctimas, discriminación, omisiones en la indagatoria y la presunción de maltratos o tortura al único procesado por el multihomicidio de la colonia Narvarte –donde murió Rubén Espinosa, colaborador de este semanario–, son algunas de las irregularidades cometidas por las autoridades y que a dos semanas de los hechos destaca en entrevista la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo.
Ante un caso escandaloso –en el cual además de un fotoperiodista, entre las víctimas hay una activista de los derechos humanos, Nadia Vera, y otras tres mujeres, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y la colombiana Mile Virginia Martín, y donde se señala la responsabilidad del gobernador de Veracruz, Javier Duarte– Gómez Gallardo determinó abrir dos quejas: una por posibles violaciones al debido proceso y otra por agravios a la libertad de expresión y a grupos vulnerables.
Tras manifestarse contra las filtraciones a varios medios, entre ellos Televisa, en violación a las medidas precautorias emitidas por la CDHDF el sábado 1, Gómez Gallardo revela que peritos médicos analizan los dictámenes del Protocolo de Estambul, aplicado a Daniel Pacheco Gutiérrez, procesado por feminicidio agravado, homicidio calificado y robo en pandilla, a fin de determinar si en su caso hubo maltrato o tortura.
Como ocurrió con José Antonio Hernández, acusado de la muerte de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, Pacheco alegó haber sido torturado por los agentes que lo aprehendieron.
Aunque ante la juez Hermelinda Silva se reservó el derecho a declarar cuando fue consignado, el jueves 6, Pacheco decidió hablar de esos presuntos abusos el viernes 7 y el sábado 8, cuando funcionarios de la Primera Visitaduría de la CDHDF ingresaron al Reclusorio Oriente para tomar su declaración y aplicarle las pruebas del Protocolo de Estambul.
En la fotografía del indiciado, que las autoridades enviaron a los medios, en el rostro del exconvicto –cumplió una condena de nueve años por violación y robo– se aprecia un hematoma en el ojo izquierdo, mismo que se ve entrecerrado por la inflamación.
En sus declaraciones ministeriales, filtradas a algunos medios, Pacheco se habría abstenido de presentar una querella contra sus aprehensores y habría dicho que los golpes que presentaba se los había provocado al resistirse a la captura.
Gómez Gallardo explica que el organismo “está configurando la investigación para determinar si el tipo de lesión que presenta (Pacheco Gutiérrez) tiene que ver con la propia detención, en el uso adecuado de la fuerza”.
La titular de la CDHDF admite que por el momento la institución no puede pronunciarse sobre presunta tortura sufrida por el detenido, pues apenas se analizan su declaración y las pruebas del Protocolo de Estambul (método psicológico y médico para determinar maltrato y tortura).
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2024, ya en circulación)
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