La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, en Hermosillo, Sonora. Foto: Especial
El exfuncionario público se valía del apoyo de José Hernández López, exdirector jurídico de la Unión Ganadera de Sonora, quien fungía como intermediario entre la parte oficial y los padres adoptivos.
Según la información difundida por Michelle Rivera, de Larsa Noticias, la “cloaca” se destapó el pasado 8 de mayo, cuando un grupo de supuestos padres adoptivos realizaron una manifestación afuera de Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de esta ciudad.
Allí, los inconformes denunciaron que los antes mencionados solicitaban sumas de dinero que iban de los 100 mil hasta 180 mil pesos, pero si los interesados provenían de Estados Unidos la cuota se elevaba hasta los 20 mil dólares, unos 300 mil pesos al tipo de cambio de esa fecha.
Este dinero se entregaba a los “gestores” conforme avanzaba el ficticio trámite de adopción, que podría prolongarse hasta tres meses.
Ante esto, un día después, el 9 de mayo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó la presentación urgente de Arzate Carbajal, quien fue localizado en Cancún, Quintana Roo, donde se encontraba de luna de miel acompañado de su esposa Marisol Espinoza, misma que también labora en la Fiscalía estatal.
La acción penal fue encabezada por el director de Averiguaciones Previas, Luis Enrique Verdugo Toledo, quien integró un expediente en la Agencia Primera de Querellas contra Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, bajo el número 01/015, por la presunta trata de personas, al gestionar adopciones irregulares, incluyendo entrega de menores de edad a personas radicadas en el extranjero.
Arzate Carbajal confesó en su declaración ministerial que había “intercedido” en la adopción irregular de 13 menores, a quienes las autoridades hasta el momento no han podido localizar.
De acuerdo con la investigación, el exservidor público escogía a sus víctimas de entre mujeres drogadictas o en situación de calle para no enfrentar resistencia alguna.
Además, el expediente ministerial se extiende al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) sobre todo al área denominada Centro de Atención Integral a Menores (CAIMS), dependencia encargada de determinar si los niños recién nacidos son aptos para continuar con sus madres.
Justo al realizar este trámite, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal negociaba la sustracción de menores, con la ayuda de las encargadas del área.
Según datos del departamento de Neonatología del HIES, mensualmente se detectan 16 casos de drogadicción materna, situación conveniente para el tráfico de menores. De manera extraoficial, se sabe que de 2009 a la fecha el número de adopciones ilegales rebasa los 100 casos.
Durante la averiguación también fue detenida por la Fiscalía sonorense, la abogada Ariadna Burruel Burruel, jefa jurídica del CAIMS; en tanto la pediatra Gladys Ceballo, la psicóloga Andrea Ortiz y la trabajadora social Martha Liliana Moreno, fueron llamadas a declarar.
En la lista de comparecencias fue incluido el personal de Neonatología del hospital, entre quienes identificaron a Vladimir Arzate Carbajal como quien hacía tratos con la jurídica Ariadna Burruel Burruel.
Fuentes de la Procuraduría del Menor y la Familia informaron que sólo han recuperado cinco de los niños dados en adopción en forma irregular, incluyendo a una pequeña quien estaba en poder de José Hernández López, el ahora exjurídico de la Unión Ganadera.
Ninguno de los dos señalados como presuntos responsables de la venta de menores ya no labora en el mismo lugar.
En los estrados del Cereso de Hermosillo, los nombres de los presuntos inculpados nunca aparecieron en la lista de personas que integran al sistema penitenciario a manera de arraigos, es decir, nunca fueron canalizados a ese sitio por estos hechos.
Vladimir Arzate Carbajal, promovió el pasado 15 de mayo un amparo ante la Juzgado Primero de Distrito un día después le fue concedido este recurso legal y ahora goza de total libertad.
Los inculpados alcanzaron fianza porque no se les consignó por el delito de venta de infantes sino por simples actos de corrupción, con la aparente intención de cobrar “moches” para acelerar el proceso de entrega del menor.
Fuente : Proceso.
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