Manuel Velasco, gobernador de Chiapas. Foto: Octavio Gómez |
“Empresarios Unidos de Chiapas”, encabezados por Rafael Jiménez Arechar, instalaron una serie de mesas en la plaza central, donde exhibieron facturas y toda la documentación de los adeudos que tienen con ellos las diversas dependencias del gobierno del estado.
De acuerdo con Jiménez Arechar, desde el 18 de enero los empresarios se han movilizado en una jornada de protestas, con marchas y plantones, para exigir el pago de servicios y productos.
Las dependencias con deudas suman 32, entre ellas las de Salud, Infraestructura y Educación, dijo, y precisó que las vienen arrastrando desde 2011.
Detalló que un principio sólo eran nueve los empresarios inconformes y luego se sumaron 70, de los cuales alrededor de seis ya cerraron por completo sus negocios después de declararse en quiebra.
En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Hacienda estatal, Humberto Pedrero, señaló que esa dependencia ha mantenido siempre el diálogo y entendimiento, y ha trabajado de manera coordinada con las secretarías de la Función Pública y General de Gobierno.
Informó que del análisis realizado a los documentos por parte de la Secretaría de Hacienda y los Organismos Públicos, se identificaron casos de compras que fueron realizadas en estricto apego al marco normativo y que cuentan con un pedido, contrato u orden de servicio, con expedientes debidamente soportados e integrados. En esos casos, apuntó, se han realizado las liquidaciones correspondientes.
“Que no quede duda, a todas las empresas con quienes esta administración tiene relaciones comerciales, les serán liquidados los adeudos en su totalidad, siempre que se trate de adquisiciones que hayan cumplido con el proceso normativo”, dijo el funcionario estatal, quien estuvo acompañado del subsecretario general de Gobierno, Mario Carlos Culebro, y del secretario de la Función Pública, Miguel López Camacho.
Agregó que se han realizado ya dos paquetes de pagos a 51 empresas, los cuales corresponden a distintos organismos públicos, principalmente del sector salud.
En total, dijo, han sido 120 empresas las que han acudido a la ventanilla única de la Secretaría de Hacienda. Se trata de compañías con adeudos distribuidos en 24 organismos públicos. De ellas, detalló, 65 corresponden a empresarios que se ha manifestado hace algunas semanas en la plaza central, y 55 a empresas agremiadas a la Canaco, pero hay otros que han acudido de manera particular.
Sin embargo, añadió, en algunos casos particulares se han identificado irregularidades, que van desde el requerimiento de cobranza de pagos que ya se habían realizado, ventas que se hicieron al margen de la Ley de Adquisiciones del Estado y compras a sobreprecios importantes, hasta facturas sin sellos ni firmas en las que se pueda constatar que los productos se recibieron o entraron al almacén, principalmente.
Sobre las 65 empresas identificadas, cuyos dueños se han manifestado en el parque central, siete de ellas representan 63% del monto total reclamado. El 70%, añadió, corresponden a compromisos de la anterior administración, de los cuales sólo 38% derivan de un proceso de licitación.
De acuerdo con Pedrero, se tienen documentadas dos actas administrativas que la Secretaría General de Gobierno levantó a empresarios que pretendían sorprender al gobierno del estado gestionando pagos de facturas que ya se habían liquidado parcial o totalmente.
Luego de señalar que la Secretaría de Salud federal ha normado el precio para adquirir los medicamentos –en una publicación que cada año se emite y actualiza en el Diario Oficial de la Federación–, destacó que esa política ha significado ahorros importantes para los gobierno federal y estatal, y de esta verificación, subrayó, hemos observado sobreprecios importantes.
Expuso el caso de una empresa que facturó el 19 de junio de 2012 el medicamento Fitomenadiona (solución inyectable de dos miligramos) a un precio de 395 pesos, cuando el precio máximo que se debía pagar, según la publicación que estuvo vigente para las compras del año pasado, era de 26 pesos con 44 centavos, es decir, mas de 15 veces su precio regulado.
Y resaltó que el marco normativo para la compra de los medicamentos no lo establece el estado, es –dijo– una norma de carácter federal que se publica anualmente en el Diario Oficial de la Federación.
Otro ejemplo que resaltó Pedrero es el de una empresa que facturó (con fecha 13 de junio de 2012) las tijeras Barrilito a 45 pesos con 13 centavos, pero en una consulta realizada este jueves en la página de una conocida tienda papelera el precio de ese artículo asciende a 11 pesos con 90 centavos, lo que significa una diferencia de casi cuatro veces su valor actual.
El titular de Hacienda advirtió que la dependencia a su cargo no va realizar acciones que violenten el marco normativo federal ni el estatal, ni realizará pagos de compras de la anterior administración que no se encuentren estrictamente apegadas a derecho.
“Como organismo rector en materia financiera, tenemos la obligación de cuidar la administración de los recursos, por lo que en los casos en los que la situación lo amerite, se analizará la necesidad de presentar las denuncias correspondientes para deslindar responsabilidades”, dijo.
Remató: “No se va a tolerar ningún acto de corrupción de cualquier funcionario público de la anterior o la actual administración. Que no haya confusiones: tener finanzas sanas no implica realizar pagos de manera irresponsable”.
Fuente : Proceso.
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