Llaman ONG a Peña a aceptar incondicionalmente el reporte de la CIDH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil llamaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a aceptar de forma incondicional el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre México, organismo al que expresaron su respaldo.

 Enrique Peña Nieto. Foto: Germán Canseco

En un comunicado, decenas de organizaciones sociales rechazaron la práctica que ya se ha hecho cotidiana en este gobierno de “descalificar al mensajero y negar los hechos” ante “las observaciones de organismos internacionales de derechos humanos”.

Después de que se difundió el reporte sobre la “Situación de los derechos humanos en México”, tras una visita del pleno de la CIDH al país del 28 de septiembre al 2 de octubre pasado, en un comunicado firmado por las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, así como por la PGR, el gobierno de Peña
consideró que el documento “no refleja la situación general del país, parte de premisas y diagnósticos erróneos y la metodología utilizada por el organismo regional tuvo un sesgo inicial”.
Las ONG llamaron al gobierno de Peña a reconocer “la crisis generalizada de derechos humanos que vive nuestro país, con la consecuente aceptación incondicional del diagnóstico de la situación y de todas y cada una de las recomendaciones formuladas por la CIDH”.
También recordaron que el informe de la CIDH es el resultado “de un arduo trabajo de investigación de la propia Comisión, de organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil, con base en datos proporcionados por el propio Estado mexicano”.
Sostienen que “hacer caso omiso de estas recomendaciones significaría, una vez más, el desdén gubernamental hacia una política real que tienda a erradicar las violaciones a derechos humanos de la sociedad mexicana”.
Las organizaciones sociales resaltaron que la investigación realizada por la CIDH reconoce que la violencia en México no es reciente, “sino que la ubica dentro de un contexto de impunidad imperante desde hace décadas”, señalando a “autoridades estatales como fuente de la violencia”, así como a los miembros de la Sedena, Semar, PGR, procuradurías locales, personal penitenciario y del INM.
Luego advierten que, por el trabajo exhaustivo, los integrantes de la CIDH identificaron que “miembros de las fuerzas militares e incluso ministerios públicos han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecerían en la impunidad”.
Al recordar que las fuerzas armadas han estado involucradas en actividades de seguridad ciudadana desde los sesenta y ochenta, así como en los noventa, y contra el movimiento armado zapatista en Chiapas, el documento de la CIDH resaltó que fue “durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, cuando las grandes situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país”.
Las ONG respaldaron la recomendación de la CIDH al Estado mexicano de “asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a derechos humanos, desde la ‘guerra sucia’ hasta la actualidad”.
Contra lo que el comunicado del gobierno federal señaló, que la CIDH se enfocó en su informe a algunas temáticas, las ONG destacan que el documento aborda la situación de las personas desaparecidas, la tortura generalizada, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia contra los migrantes, los desplazados y los grupos indígenas afectados por los “megaproyectos en tierras y territorios ancestrales autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado”.
Para las organizaciones es de suma relevancia que los comisionados en su visita hayan podido constatar el “retroceso en materia de transparencia proactiva” por parte de “organismos de defensa que han dejado de informar periódicamente sobre muertes ocurridas en operativos” para combatir el crimen.
Al señalar que todas esas problemáticas tienen como denominador común la falta de acceso a la justicia, los activistas retomaron la consideración de la CIDH de que “se ha generado “una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”.
En el pronunciamiento, las organizaciones respaldaron las conclusiones del organismo regional, entre ellas que el principal desafío del Estado mexicano es “romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos”.
Ante la reiterada reacción del gobierno de Peña Nieto de rechazar los diagnósticos de la crisis de derechos humanos en el país, los defensores de derechos humanos exhortaron a mantener una “postura abierta y constructiva (…) que tenga sus cimientos en el reconocimiento de la crisis generalizada de derechos humanos que vive nuestro país con la consecuente aceptación incondicional del diagnóstico de la situación y de todas y cada una de las recomendaciones formuladas por la CIDH”.
Entre las decenas de firmantes destacan Alianza Cívica, Amnistía Internacional (AI), Artículo 19, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Freedom House, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Greenpeace, Grupo de Información y Reproducción Elegida, Asociadas por lo Justo, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, PEN México, así como decenas organizaciones integradas a la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), el Colectivo de Defensores/as de Migrantes y Refugiados; Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, Red Género y Medio Ambiente, Red por los Derechos de la Infancia, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y Red Solidaria Década contra la Impunidad.
Fuente : Proceso.