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| El decomiso de 19 mil dosis de heroína en Hazleton, Pensilvania. Foto: AP / Ellen F. O'Connell / Hazelton Standard-Speaker |
El año pasado, las autoridades estadunidenses lanzaron una alerta epidemiológica ante el incremento de muertes derivadas del consumo de opioides potenciados con el químico fentanilo, responsables –según ellas– de 20 mil muertes en 2016. Por su parte, el fentanilo y otros opioides mezclados con cocaína habrían causado la muerte de cuatro mil 506 personas ese año.
Según el JIFE, el disparo del consumo ilegal de opioides en Estados Unidos se explica en parte porque “muchos jóvenes adultos comenzaron a consumir heroína para mantener la adicción generada por el consumo de opioides que se les había recetado para el tratamiento del dolor”.
En noviembre pasado, Proceso documentó que el fentanilo utilizado en México –para potenciar la heroína o la cocaína y producir metanfetaminas– viaja desde China a través de los servicios internacionales de paquetería, pero hace una escala en los centros de redistribución ubicados en Estados Unidos previo a llegar al país.
Ahí, los sobres de fentanilo se pierden entre las decenas de miles de paquetes provenientes de China que cada día llega a Estados Unidos, lo que hace imposible su revisión.
En su informe, la JIFE indicó que “el volumen total de paquetes internacionales en general y de paquetes internacionales que contenían fentanilos en particular siguió en aumento, al igual que la oferta ilícita mundial”, y planteó que en 2016 las autoridades estadunidenses incautaron 200 kilos del químico.
“La JIFE insta a todos los gobiernos a que trabajen con espíritu de cooperación y adopten medidas concretas contra la fabricación y el tráfico ilícitos de opioides, incluidos en fentalino, los análogos del fentanilo y sus precursores”, sostuvo el informe.
La JIFE señaló que la heroína es otro problema que enfrenta América del Norte, sobre todo Estados Unidos. Aseveró que “el cultivo de adormidera (amapola) y la producción de heroína en México siguen en aumento” y que en 2015 el país concentraba 9% de los cultivos de amapola del planeta.
Y añadió que la disponibilidad de metanfetamina producida en México “parece ir en aumento”, ya que en 2016 se incautaron 26 toneladas de este enervante en la frontera con Estados Unidos, siete más que el año anterior.
Este incremento, según la JIFE, se explica por la “constante disminución de la producción de metanfetaminas en los Estados Unidos –las autoridades de ese país desmantelaron cinco mil 549 laboratorios en 2016–, junto con algunos aumentos en las incautaciones de metanfetamina líquida cerca de la frontera sudocciental”.
“En los últimos 20 años, el consumo mundial (legal) de opioides se ha triplicado con creces”, subrayó el organismo. De acuerdo con éste, la producción global anual de morfina se elevaba a 747 toneladas en 2016, una cantidad suficiente para satisfacer la demanda mundial durante 19 meses, y que va en aumento: el año pasado, la producción rebasó las 864 toneladas.
Represión y atención
Como parte de la Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (ONUDC), la JIFE se encuentra atrapada en un dilema: si bien el organismo tiene una perspectiva prohibicionista y represiva hacia las drogas, urge los Estados a atender el tema con un enfoque de salud pública, incrementando sus medidas de prevención y tratamiento, y bajo un esquema de derechos humanos.
“La persistencia de la violencia y las medidas extrajudiciales contra las personas sospechosas de estar implicadas en actividades relacionadas con las drogas, sea simplemente su consumo o sean actos delictivos, socavan el estado de derecho y las garantías procesales reconocidas internacionalmente”, subrayó Viroj Sumyiai, presidente del organismo.
Así, la FIJE urgió a todos los países a adecuar sus políticas antidrogas al marco de los derechos humanos, lo cual pasa, entre otros, por “la presunción de inocencia, la prohibición de la detención arbitraria, el derecho a un juicio imparcial y la protección frente a todas las formas de castigos crueles e inhumanos”.
La JIFE también pidió a los gobiernos que tomen en cuenta la opción de sustituir los castigos a los delitos menores y el consumo de droga con “medidas de educación, tratamiento, rehabilitación y postratamiento”, y señaló la ausencia de política de tratamiento en algunas partes del mundo, incluyendo a América Latina.
En la región, insistió, sólo tiene acceso a programas de tratamiento una de cada 11 personas que lo requerirían, mientras que, a nivel mundial, sólo existen 1.7 camas disponibles por cada 100 mil personas parar el tratamiento del alcoholismo y la drogodependencia.
“Un mito muy extendido es que las personas que padecen drogodependencia no desean abandonar las drogas”, deploró el informe, al recordar que, según un estudio publicado en la India, 80% de los adictos a los opioides habían intentado dejar su consumo.
A pesar de ello, la JIFE regañó a los Estados que autorizaron de una manera u otra el consumo recreativo de la mariguana, pues les recordó que estas prácticas contravienen a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, una medida que plasmó la prohibición y el combate a las drogas en el Derecho Internacional.
En la lista de los Estados señalados figuran Uruguay, Holanda –y sus famosos coffee shops–, algunos estados de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, que adoptaron medidas para autorizar el uso de mariguana con fines no médicos.
“El uso de los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas ha de limitarse a los fines médicos y científicos”, recalcó, al añadir: “todo uso que se aparte de este es incompatible con el marco jurídico internacional de fiscalización de drogas, y la Junta exhorta a todos los Estados a que respeten sus obligaciones jurídicas al respecto”.
El organismo también refutó la noción de “cannabis medicinal” y aseveró que las pruebas relativas al uso terapéutico de la mariguana siguen siendo “escasas” y que “aún no se han concluido los ensayos clínicos”.
Bolivia fue otros de los países señalados por la FIJE, que rechazó la decisión del gobierno sudamericano de incrementar a 22 mil hectáreas la superficie destinada al cultivo legal de arbustos de coca, pues el organismo internacional aseveró que con ello “se duplicaría prácticamente la superficie necesaria (para el uso tradicional de las hojas de coca) según el estudio realizado por el gobierno en 2013”.
Fuente :Proceso.
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