Diputados del PRD en San Lázaro. Foto: Benjamin Flores |
“Como representantes populares en cumplimiento de nuestro cometido como legisladoras y legisladores federales, manifestamos nuestra inconformidad por el procedimiento mediante el cual se construyó este conjunto de propuestas legales y constitucionales, también porque los representantes del Pacto por México que hicieron públicas estas reformas no ostentan una representación de ningún sector de nuestra población”, apuntaron.
Reconocieron que la mayoría de las propuestas recogen demandas que desde la izquierda han ido reivindicando, como el fortalecimiento de las instancias electorales, dotándoles de verdaderas facultades sancionadoras, la mejora regulatoria de las actividades de los partidos políticos y sus coaliciones, así como una regulación específica en materia de propaganda oficial.
Sin embargo, añadieron, algunas de ellas sólo se presentan con una visión “electorera” y no como una propuesta real de cambio a la forma en la que se construye el sistema político, visión que no es compartida al interior de todos los grupos políticos del Partido de la Revolución Democrática.
“En un acto de congruencia y legitimidad sobre los contenidos de una reforma de esta envergadura, nuestro instituto político debió haber hecho un proceso amplio de consulta interna y de asesoramiento con especialistas y expertos en el tema, a efecto de que este importante paquete legal viniera respaldado por todas las expresiones políticas de nuestro partido y sustentado en propuestas de largo aliento que permitieran ir transformando de fondo al actual sistema político”.
En su opinión, es un error pensar que la crisis de legitimidad del actual sistema político radica en los procesos electorales, y en las deficiencias e incompetencias de los órganos electorales.
“Es un error pensar que las condiciones de inequidad en las que se desarrollan nuestras elecciones puedan modificarse con la creación de un nuevo órgano constitucional que coordine y articule todos las jornadas comiciales pero siga sometido a los designios y voluntades de los partidos políticos y del gobierno federal en turno”, indicaron.
Por eso, exigieron que primero se aprueben las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional en materia de revocación de mandato, referéndum ciudadano y consulta popular, entre otros.
“Por lo tanto, nos reservamos el apoyo a estas reformas hasta que no las revisemos detalladamente mediante un proceso de consulta con especialistas en la materia, donde podamos incorporar una visión real de cambio al sistema político-electoral de nuestro país, incorporar las experiencias exitosas de otros países, pero sobre todo donde podamos incorporar las voces de un verdadero estado democrático”, afirmaron.
Señalaron que se puede construir un Estado democrático que no base sus decisiones gubernamentales en acuerdos extralegales “que no tienen el respaldo de la mayoría de la población”.
Los diputados federales firmantes pertenecen a las corrientes perredistas Izquierda Democrático Nacional (IDN), Alianza Democrática Nacional (ADN) y Movimiento Progresista. Sus nombres son los siguientes:
Aleida Alavez Ruiz, Edilberto Algredo, Agustín Barrios Gómez, Gloria Bautista, Claudia Bojórquez, Alejandro Carbajal, Socorro Ceseñas, Carlos de Jesús Alejandro, Catalino Duarte, Uriel Flores, Guadalupe Flores, Gerardo Gaudiano, Delfina Guzmán, Hugo Jarquín, Roberto López Rosado, Andrés Eloy Martínez, Marcos Rosendo, Julisa Mejía, Rosario Merlín, Gisela Mota, José Luis Muñoz, Víctor Nájera, Javier Orihuela, Lizbeth Rosas, Guillermo Sánchez, Hugo Sandoval, Antonio Sansores, Lorenia Valles, José Humberto Vega, Ángel Cedillo, Alliet Bautista, Ángélica Rocío Melchor, Armando Contreras, Carol Antonio Altamirano, Graciela Saldaña, Marcelo Garza, Roxana Luna, Silvano Blanco, Víctor Manuel Bautista, Víctor Manuel Manríquez, Joaquina Navarrete, Josefina Salinas, Juan Manuel Fócil, Juana Bonilla Jaime, Martha Lucía Mícher, Yesenia Nolasco, Lourdes Amaya, José Ángel Ávila y Mario Carrillo.
Fuente : Proceso
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