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| Pintas de apoyo al EPR en La Montaña de Guerrero. Foto: Prometeo Lucero |
En un boletín de prensa, representantes legales y familiares de los presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos desde mayo de 2007 exigieron a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Gobernación (Segob) que rindan informes sobre el caso “como una muestra de voluntad política y de demostrar en los hechos que se quiere avanzar en el esclarecimiento de la desaparición forzada de nuestros familiares”.
De igual manera, demandaron que se cumpla con las recomendaciones de instancias internacionales en materia de desapariciones forzadas y violaciones graves a los derechos humanos contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, que durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, subrayaron, suman más de 14 casos y en todos ellos ha prevalecido la impunidad.
En el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, interpusieron una nueva demanda de amparo contra la Sedena, Fuerza Aérea Mexicana, Cisen, Procuraduría General de la República, División de Investigación de la Policía Federal y Secretaría de Seguridad Pública del estado de Oaxaca, entre otras dependencias, debido a que “durante más de seis años no han sido investigadas y tampoco han brindado informes sobre el paradero de nuestros familiares”.
Los familiares de las víctimas señalaron que por investigaciones realizadas por la propia CNDH en la recomendación 07/2009, “se ha podido determinar que en la desaparición de nuestros familiares estuvieron implicados elementos del Ejército y policía del estado de Oaxaca”.
No obstante, ambas instancias han sido protegidas en diversas ocasiones, debido a que no han sido investigadas y tampoco se les ha exigido que brinden informes sobre las indagatorias realizadas en torno de los hechos que motivaron la detención y posterior desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, apuntaron.
“Desde hace más de seis años el Estado mexicano ha incrementado sus políticas de represión y criminalización de la lucha popular, y en este contexto existen miles de casos de desapariciones forzadas que se han cometido y que siguen en la impunidad”, se lee en el texto.
Añade:
“El caso de nuestros familiares es sólo una muestra más de la impunidad y la violación sistemática de los derechos humanos que se vive en nuestro país y que al Estado no le interesa resolver, pese a que cuenta con una recomendación por parte de la CNDH en la que se demuestra la participación de diversos cuerpos policiacos en la desaparición de nuestros familiares”.
Asimismo, aseguraron que continuarán con las acciones “que sean necesarias” hasta encontrar con vida a sus seres queridos y obtener justicia.
Fuente : Proceso
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