MADRID (Proceso).- Para el Observatorio de la Deuda en la
Globalización (ODG), centro de investigación vinculado a la Cátedra
Unesco de Sostenibilidad de la Universitat Politécnica de Catalunya, la
reforma energética representa una “pérdida de soberanía tremenda”.
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| Voracidad de consorcios. Foto: Reuters / Siphiwe Sibeko |
Mónica Vargas Collazos,
integrante de ODG, señala que con este giro histórico “México se coloca a
contracorriente” de lo que sucede en otros países, donde existen
“evidencias documentadas del gran impacto negativo y sistemático”
provocado por aperturas similares.
“La impunidad de las trasnacionales energéticas no tiene
límites”, afirma, por lo que procesos como éste ocasionan una pérdida
del control soberano de los recursos energéticos de los países, se
cometen violaciones a los derechos humanos en las comunidades donde se
asientan las empresas, se criminaliza la oposición a esos proyectos y se
perpetra un enorme perjuicio medioambiental.
“México se tiene que ver en ese espejo; aún no le pasa nada tan grave como lo que han vivido Colombia, Ecuador o Nigeria.”
En la asamblea del TPP se aprobó crear un grupo de trabajo
que elaborará un instrumento internacional, legalmente vinculante, que
obligue a las grandes trasnacionales y a los inversionistas a cumplir
las normas para proteger los derechos humanos.
La coalición de ONG instó a la ONU a aprobar dicho acuerdo
vinculante, propuesto por los gobiernos de Ecuador y Sudáfrica. La
campaña internacional se llama Desmantelando el Poder Corporativo y
Poner fin a la Impunidad.
El TPP –que no es gubernamental sino de opinión, pero
tiene una influencia importante de denuncia y reparación– presentó 12
casos de “violaciones sistemáticas de derechos humanos” cometidas por
empresas trasnacionales en varios países.
Entre las petroleras menciona a la estadunidense
Chevron-Texaco en Ecuador, la anglo-holandesa Shell en Nigeria y la
israelí Mekorot en Palestina. Entre las mineras, señala a la anglo-suiza
Glencore Xstrata en Filipinas, Zambia, Perú, República Democrática del
Congo y Colombia; a la canadiense Pacific Rim en El Salvador y la
inglesa Lonmin Platinum en Sudáfrica, donde 32 trabajadores murieron
tiroteados por la policía.
Asimismo denuncia las prácticas de Coca-Cola en Colombia y de la empresa española Hidralia en Guatemala.
Dichos consorcios son acusados de provocar “daños
irreparables a las comunidades”, violar los derechos humanos, “amenazar
la salud pública y al medio ambiente”; “privatizar bienes públicos y
despojo de tierras”; “perseguir a defensores de los derechos humanos,
ejercer violencia, represión” y “la criminalización… contra los
movimientos sociales y sindicales”.
El tribunal concluyó que estos casos “no constituyen casos
aislados y sin conexión; son prácticas sistemáticas que se repiten
alrededor del mundo”, y denunció la complicidad de Suiza, Estados
Unidos, Canadá, Israel y la Unión Europea –Estados sede de dichas
trasnacionales– por no actuar contra esos abusos.
Privatización de manual
“El sistema de creencias en el neoliberalismo, que en
1995 impulsó una serie de privatizaciones sobre todo en el campo
energético, particularmente en América Latina, es un fracaso porque las
trasnacionales están enfocadas a conseguir dividendos para sus
accionistas, pero no se valoran sus impactos negativos en los pueblos
donde operan”, dice Mónica Vargas.
La activista de ODG sostiene que ya hay evidencias de los
abusos que cometen en el corredor eólico del Istmo de Oaxaca empresas
españolas, como Iberdrola, Gamesa, Acciona, Gas Natural-Fenosa y otras
(Proceso 1969).
“México pierde, con el de los hidrocarburos, uno de los
últimos ámbitos de su soberanía. Y decimos que va a contracorriente
porque eso significa desandar los pasos dados, sobre todo en plena
crisis energética, en un momento importante para preservar sus recursos
energéticos, más aun en el contexto de gran tensión que estamos viendo
en Europa del Este, con el caso de Ucrania. No es un momento adecuado
para entregar sus recursos al capital privado”, dice.
Para ODG, el procedimiento es ortodoxo: “Cuando vas a
privatizar total o parcialmente un sector, lo primero que haces es
quitarle valor en todos los sentidos, y mientras más podrida esté, en
este caso la petrolera mexicana, con más corrupción, más deuda y menos
operatividad, es mejor porque eso justifica y legitima su privatización o
en este caso la reforma energética, que debilita a la empresa y la abre
a los capitales extranjeros. Es una privatización de manual”.
Recuerda que en 2006, en unos talleres sobre el abasto de
agua impartidos en la Ciudad de México, personal de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) les advertía a los miembros de ODG que se estaban
debilitando las condiciones laborales y las inversiones a fin de
privatizar el servicio.
En cuanto al petróleo y el gas, dice, México cedió ante
los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Este semanario publicó
en su edición 1971 un reportaje de Jenaro Villamil, quien documentó que
el dictamen de la reforma energética fue planeado por el senador
republicano Richard Lugar, en un informe de diciembre de 2012 para el
Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos.
“Lo vemos como un instrumento pedido por los distintos
gobiernos de Estados Unidos –continúa–, con mucha presión ejercida sobre
México (…) Visto desde el exterior, es lo más lejano al criterio
pragmático (por parte de México). Si realmente hubieran sido
pragmáticos, velarían por los intereses del país, pero no: vemos lo
contrario, están abriendo las puertas del país completamente,
entregándolo de regalo. México está en oferta”.
Resalta que dos empresas cuyas irregularidades se
denunciaron ante el TPP en Ginebra, las petroleras Chevron y Shell,
fueron beneficiadas por Pemex con algunos de los 23 bloques de
yacimientos transfronterizos compartidos por México y Estados Unidos que
ya fueron asignados (Proceso 1971).
Uno de los casos “más emblemáticos” ventilado en Ginebra
es el de Chevron, antes Texaco, que durante 26 años (entre 1964 y 1990)
explotó crudo y gas en más de 1 millón y medio de hectáreas de la
Amazonia ecuatoriana, en las provincias de Sucumbíos y Orellana.
Según el testimonio de Pablo Fajardo, miembro de la Unión
de afectados por Chevron-Texaco-UDAPT, incluido en las conclusiones del
TPP, Chevron dejó una “huella de destrucción” y se han documentado
muertes de cáncer ocasionadas por los vertidos tóxicos de la
trasnacional. “La empresa admitió haber arrojado más de 60 mil millones
de litros de residuos tóxicos en esa zona, y alrededor de 650 mil
barriles de crudo en el suelo”, dijo Fajardo.
El daño fue tal que, además de la alta incidencia de
cáncer en la zona, los pueblos tetetes y sansahuari “se extinguieron,
mientras que los cofanes, sionas y siekopai corren similar peligro, por
lo que tuvieron que huir”. Los campesinos se quedaron con sus tierras
infértiles y perdieron a sus animales de corral, en gran medida por la
contaminación.
Recordó que el Tribunal Supremo de Ecuador condenó a
Chevron a pagar 9 mil 500 millones de dólares por daños y perjuicios,
pero la petrolera no ha cumplido.
A su vez, Goodwin Ojo, integrante de la organización
Friends of the Earth Nigeria, presentó ante el TPP el caso de la empresa
anglo-holandesa Royal Dutch Shell, que desde 1984, a través de su
subsidiaria Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited
(Shell Nigeria), ha violado “las leyes del país sobre quema de gases, y
con sus vertidos de petróleo transformó el fértil delta del río Níger en
uno de los peores desastres ambientales del mundo”.
Según este testimonio, el Informe de Asesoramiento de 2011
del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente confirmó “los
perjuicios causados a más de 1 millón de personas por la contaminación
de hidrocarburos en Ogoniland, donde se encontró benceno (químico
altamente cancerígeno) en una cantidad 900 veces superior a la permitida
por la Organización Mundial de la Salud”.
Sin embargo, apunta Vargas, México también debe tomar como
ejemplo negativo a Colombia, no sólo en cuanto al saqueo de sus
recursos, sino también por el paramilitarismo:
“No tenemos pruebas de que las empresas trasnacionales
asentadas en Colombia financien grupos paramilitares. Lo que sí es un
hecho es que los mapas de la presencia de multinacionales se calca
perfectamente con el de la violencia contra las comunidades y contra
activistas de los derechos humanos, y con el de la presencia de
actividad militar o paramilitar. Ese es el espejo en el que México
debería observarse”.
Fuente : Proceso.
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