Elementos de la PGR en busca de fosas clandestinas en Guerrero.
Foto: Octavio Gómez
La noticia de los nuevos hallazgos ha atraído a familias de 375 personas desaparecidas que han denunciado sus casos ante las autoridades y aportaron muestras genéticas para que sean contrastadas con las osamentas.
Con estos nuevos restos recuperados suman 55 los cadáveres exhumados en Iguala y sus alrededores a partir de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas; antes de estos 17 encontrados en los últimos seis días, la PGR había extraído 38 de otras 10 fosas.
Lasrecientes exhumaciones de los 17 se hicieron en los puntos que la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) había dejado marcados cuando encabezó la búsqueda ciudadana de los que han sido llamados “los otros desaparecidos”, aquellos que salieron a relucir a raíz de la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa cuando otras familias de la zona se atrevieron a denunciar los casos de sus propios desaparecidos, que se habían mantenido ocultos.
Aunque la PGR había señalado en octubre, a través de un comunicado, que la Upoeg mentía sobre sus hallazgos y la acusó de anunciar “las mismas” fosas que la autoridad ya había descubierto, desde el miércoles pasado –debido a la presión ciudadana que comenzó a llevar picos y pilas a los cerros— peritos de la procuraduría trabajan con la organización para exhumar los restos de los nuevos sitios.
En este trabajo conjunto recién estrenado los hallazgos han sido los siguientes:
En las inmediaciones de Lomas de Zapatero –donde PGR ya había exhumado cadáveres en octubre— han sido hallados otros diez restos.
En La Laguna, un terreno lodoso donde hubo un cuerpo de agua, por el poniente de Iguala, fueron exhumados otros seis; uno de ellos estaba momificado.
El pasado lunes, en un maizal fue extraído otro cuerpo que se presume podría ser de una mujer porque se encontró un brasier entre la tierra removida, según la información que Proceso pudo reconstruir.
Este martes peritos de la PGR supervisados por familias mantenían una excavación en Cocula –el municipio donde la PGR afirma que los 43 normalistas fueron asesinados y calcinados–, en un punto donde el coordinador de los grupos de búsqueda de la UPOEG, Miguel Ángel Jiménez, estima que hay por lo menos tres cadáveres visibles.
Los 17 cuerpos desenterrados desde el miércoles hasta el lunes fueron llevados por unidades móviles de la PGR al Distrito Federal.
Uno de los cuerpos exhumados podría ser el del joven originario de Teloloapan, Boni Enrique Antúnez Soto. Según informó el corresponsal de Proceso, Ezequiel Flores, el joven tenía 30 años cuando desapareció y desde el año pasado estaba reportado como desaparecido.
El domingo pasado fue localizada su credencial de elector en las inmediaciones de una parcela de maíz ubicada cerca del predio La Joya, al poniente de Iguala.
Con la recuperación de los nuevos cuerpos ubicados en las fosas identificadas por la UPOEG se podrá confirmar también si alguno pertenece a quien en vida era el taxista que había sido migrante Luis Felipe Parra.
Sus familiares sospechan que estaba enterrado en una fosa después de que reconocieron sus pertenencias a través de unas fotos que la Upoeg publicó en Facebook donde se mostraban objetos encontrados.
Parra tiene un hijo adolescente en Houston, de donde había sido deportado y una hermana en Iguala que acudió con los policías comunitarios de la organización a poner su denuncia.
Eliana García, la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, dijo ayer que eran 16 los restos encontrados conjuntamente y 375 los casos denunciados desde que la PGR hizo presencia en Iguala, como antes había informado la Policía Federal. Con el nuevo hallazgo en el maizal, sin embargo, suman 17 los cuerpos extraídos.
Según un funcionario que ha presenciado las excavaciones y que fue consultado sobre los nuevos hallazgos, la mayoría de los restos extraídos tendría entre 5 a 10 años de haber sido enterrados, “eran calaveras”. Algunos de la zona de La Laguna posiblemente habían sido enterrados en épocas más recientes (“como de un año y medio hacia atrás”) y uno de ellos estaba momificado.
Personas que han participado en las búsquedas han quedado sorprendidas porque en esos terrenos existen decenas de fosas cavadas –hoyos profundos perfectamente trazados para albergar cuerpos–, que estaban rodeadas por tierra y piedras removidas.
“O alguien excavó antes para sacar restos o eran fosas listas para usarse y que aún no se usaban”, confió a esta reportera un funcionario que trabaja en PGR.
En una fotografía tomada durante esos rastreos se observa una superficie con varias de esas tumbas, unas enseguida de otras, en un terreno cuya superficie quedó como queso gruyere, lleno de cráteres, de hoyos, de receptáculos planeados para más cuerpos.
Según el coordinador de búsquedas de la UPOEG, desde que iniciaron los rastreos ciudadanos encabezados por los familiares y los policías comunitarios han encontrado al menos 50 fosas; muchas vacías.
Los datos sobre los hallazgos surgieron a partir de entrevistas realizadas a funcionarios y comunitarios que este martes estaban en la Iglesia de San Gerardo María Mayela, donde desde el 11 de noviembre –a partir de un aviso en el diario– el párroco comenzó a recibir familias con personas desaparecidas quienes llegaron con la intención de informar de su caso a la Upoeg y al grupo Ciencia Forense Ciudadana.
La idea era que las familias comenzaran sus propias búsquedas y su propio banco genético –sin ayuda de la autoridad que durante años las ha desairado. De esa reunión surgió una agrupación nueva que se bautizó como Comité de Familias de Víctimas de Desaparición Forzada que salió a campo abierto a ubicar posibles entierros clandestinos.
A partir del día 18 de noviembre personal de la PGR, especialmente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y de la Unidad Especializada de Búsqueda de Desaparecidos llegó a recoger las denuncias de las familias sobre los seres queridos desaparecidos y ofrecer las pruebas genéticas.
Un grupo de familias se negó a brindar su testimonio y sus muestras por desconfianza de las autoridades, y están a la espera de los forenses prometidos por el grupo independiente Ciencia Forense Ciudadana, por lo que los casos podrían ser más de 375.
Desde el miércoles 26 de noviembre PGR realiza las exhumaciones en las fosas ubicadas por los ciudadanos. Sin embargo, la procuraduría estatal también ha realizado exhumaciones, a escondidas de los ciudadanos.
“Se supone que teníamos acuerdo desde la semana pasada con la PGR de que ellos se iban a hacer cargo de las exhumaciones. Pero el lunes nos dimos cuenta de que la procuraduría estatal se había metido a hacer exhumaciones donde la UPOEG señaló, y sin decir nada. Cuando nos dimos cuenta tenían dos restos. No sabemos si antes habían sacado otros. Nosotros sólo confiamos en PGR, no queremos a los estatales”, expresó Citlali Miranda a nombre del Comité de Familiares.
(Cabe recordar que la procuraduría estatal exhumó a las prisas, a escondidas y de manera poco profesional –pues revolvió huesos de distintas osamentas– los primeros 28 cadáveres de quienes se presumía eran los normalistas, ubicados en un lugar conocido como Pueblo Viejo; y no permitió el acceso a PGR y al equipo argentino de antropología forense que tiene la representación de las familias, tampoco entregó evidencia fotográfica, según denunció la organización Tlachinollan).
Hasta la mañana de este martes, transcurridas ya tres semanas desde que el párroco Óscar Mauricio Prudenciano González convocó a los ciudadanos, no han dejado de acudir nuevas familias para denunciar desapariciones. Ayer todavía llegaron nuevos.
Los primeros que se presentaron provenían de Iguala y Cocula, pero conforme ha pasado el tiempo y el rumor de las nuevas fosas se expande, han comenzado a llegar personas de todo el estado de Guerrero y del vecino estado de Morelos, así como de Chiapas, Puebla y Oaxaca.
En la reunión de esta mañana entre familiares de víctimas –quienes portaban camisetas negras con la leyenda “Hijo, mientras no te entierre te seguiré buscando”–, Upoeg y autoridades, la encargada de la oficina de la subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García, se comprometió ante las familias, las cuales expresaron temor de sufrir represalia, que pediría a la Comisión Nacional de Seguridad que brinde protección durante los restos y las exhumaciones.
“Vamos a trabajar con ustedes hasta que lleguemos a las últimas fosas, hasta rescatar al último”, prometió la funcionaria mientras los padres y madres presentes le pedían a gritos que no los defraudara.
La representante de la Comisión Ciudadana Forense, también madre con un hijo desaparecido, Julia Alonso, advirtió a las familias que tomaran con reservas las promesas de la PGR porque en su caso, como en el de miles de otras familias con miembros que están desaparecidos, no ha cumplido sus promesas.
Bitácora de hallazgos
Según un recuento realizado por esta reportera, desde el 26 de septiembre cuando ocurrió la detención y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos”, por parte de policías municipales de Iguala y de Cocula, las búsquedas han llevado al constante descubrimiento de fosas ocupadas por otros cuerpos que no son los de los buscados.
El 4 de octubre la procuraduría de Guerrero informó del hallazgo de seis fosas (“una vacía”) que contenían 28 cuerpos en Pueblo Viejo, periferia del municipio de Iguala. Estos habían sido calcinados.
El 10 de octubre la PGR ubicó en La Parota (también llamado Rancho La Sierpe, Pueblo Viejo) cuatro fosas con ocho cadáveres, que en un principio se dijo que habían sido calcinados. Después se negó toda información.
(Mientras tanto, el 14 de octubre los policías comunitarios habían informado del hallazgo de otras cuatro fosas en Barranca del Tigre a las faldas de Cerro Grande, que otros ubican como Las Parotas. En ese entonces se desconocía el número de restos.
El 15 anunciaron del hallazgo de otras seis fosas, dos abiertas pero sin utilizar, y en las otras restos óseos y ropa, en el punto conocido como Monte Hored, ubicado por Las Parotas, donde habían encontrado esa misma semana. No se sabía si tenían restos.)
El 22 de octubre la PGR se trasladó a “Pueblo Viejo”, al mismo punto donde se habían localizado las seis primeras fosas por parte de la procuraduría de Guerrero, y con el apoyo de georadares, a menos de un metro de las primeras seis fosas, encontró otra de la que se extrajeron dos cuerpos.
El 25 de octubre, ante el escándalo por el creciente número de fosas, la PGR envió un comunicado en el que establecía que hasta ese momento había hallado 11 fosas y que sólo 10 de estas tenían cadáveres. Además señaló que las fosas que había anunciado la UPOEG como sus descubrimientos “eran las mismas” que el gobierno había destapado antes.
De los 38 cuerpos exhumados en las primeras fosas admitidas por la PGR entre octubre y noviembre –antes de que comenzara a trabajar con UPOEG fue identificada
a familia (un papá con su hijo, una sobrina y un sobrino) que viajaba a Iguala a un velorio son los otros desaparecidos que han sido hallados en las fosas de Iguala, durante la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos.
Se trataba del señor Gildardo Lagunas, su hijo Luis Alfredo y sus sobrinos Marlene Hernández y José Luis Cruz, detenidos por la policía de Iguala. Hasta la semana antepasada los restos no habían sido entregados a sus familias y permanecían en el Semefo de Chilpancingo.
Según información de la prensa local, uno de los sicarios de Guerreros Unidos que fue detenido declaró que en una de las primeras fosas de Pueblo Viejo también estaría el jefe de la policía de Iguala, comandante Ramiro Ocampo Pineda, desaparecido el 10 de mayo de 2013.
El 7 de noviembre el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció que en el basurero del municipio de Cocula, paraje conocido como El Hoyo del Papayo, los 43 estudiantes habían sido asesinados, calcinados y fragmentados, y sus restos esparcidos en el río San Juan.
En la vera de ese río –dijo el procurador– habría otro punto de incineración de cuerpos usado por el mismo grupo criminal con anterioridad, que iba a ser localizado.
El 30 de octubre se anunció el hallazgo de 13 cuerpos en fosas clandestinas en el ejido San Luis de la localidad de Ocotitlán, del municipio de Zitlala, y uno en Eduardo Neri (Zumpango), ambos cercanos a Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Estas no estaban relacionadas con la búsqueda de los estudiantes. Uno de los cuerpo encontrados en Ocotitlán era el del misionero africano John Ssenyondo. Esas fosas no fueron descubiertas en la búsqueda de los 43 estudiantes.
Fuente : Proceso.
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