Ayotzinapa (Foto: Iván Stephens/Cuartoscuro)
La Procuraduría General de la República (PGR) informó el martes que de acuerdo con sus investigaciones, los 43 normalistas desaparecidos fueron calcinados.
Ante las declaraciones de la autoridad, los padres de familia rechazaron la versión y afirmaron que seguirán con la búsqueda de sus hijos. También criticaron que las autoridades informan con prioridad a los medios de comunicación y no a ellos, como había acordado el propio presidente, Enrique Peña Nieto.
La organización defensora de los derechos humanos, Centro Prodh señala 10 puntos para no dar carpetazo al caso Ayotzinapa, los cuales presentamos a continuación:
Porque no existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. La PGR dio a conocer hoy que su hipótesis se sostiene en varios dictámenes de química, biología y otros. Dado que es más que conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y puesto que reconocidos científicos han expresado dudas sobre esta hipótesis, las familias no aceptarán esos resultados hasta que expertos independientes realicen esos mismos peritajes. En ese sentido, reiteran su confianza en el Equipo Argentino de Antropología Forense y piden que se remuevan todos los obstáculos para que realicen su labor en condiciones óptimas.
Porque la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, contrario a lo señalado por la PGR, no es determinante para esclarecer lo ocurrido en Cocula pues como se aceptó en la misma conferencia, dicha persona no declaró haber permanecido en ese lugar durante todo el tiempo que supuestamente duraron los hechos.
Porque la información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público, que fácilmente pudieron ser coaccionados, pues es de todos conocidos que en México la tortura es recurrente. Al respecto, se ha hecho pública información sobre la tortura de algunos inculpados sin que hasta ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya intervenido para aclarar estas denuncias.
Porque la PGR ni hoy ni en ninguna otra conferencia ha aclarado como explica en su teoría del caso el cruento homicidio de Julio César Mondragón, cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos.
Porque el Estado mexicano, a cuatro meses de los hechos, se ha mostrado incapaz para detener a quienes según su hipótesis serían responsables. El Gobierno Federal no ha podido detener al máximo responsable de la corrupta policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ni a su cómplice y subalterno Francisco Salgado Valladares. Tampoco ha sido capaz de detener a Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, personaje a quien la propia PGR asigna gran relevancia en su versión de los hechos. También siguen prófugos 11 de las 15 personas que según la procuraduría estuvieron en Cocula, lo mismo que el líder de Guerreros unidos, Ángel Casarrubias Salgado “El mochomo”.
Porque la PGR no ha logrado que exista un sólo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas, siendo que esta es la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos dado que como todo México ha exclamado. En tanto los juicios no se ventilen bajo las figuras legales pertinentes, no puede cerrarse el caso.
Porque en el mismo expediente donde obran las declaraciones de los supuestos sicarios de Cocula, se encuentran agregadas las declaraciones de otros sicarios de Iguala que confesaron haber atentado contra los estudiantes no en Cocula sino en Pueblo Viejo y Cerro la Parota.
Porque en sentido contrario a lo dicho en la conferencia de hoy, solo hay certeza de la muerte de uno de los estudiantes desaparecidos. Esto no implica certeza sobre la muerte de otros ni sobre el lugar donde esto pudo haber ocurrido. En ese sentido, es un error jurídico decir que se ha consignado por homicidio, cuando en realidad de nuevo se consignó por secuestro con la agravante de privación de la vida, lo que técnicamente implica una diferencia relevante.
Porque no se ha indagado la responsabilidad del Ejército, pese a que contrario a lo que afirmó el Procurador, sí hay en el expediente indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó ante el Ministerio Público que el Ejército sabía desde 2013 que los Guerreros Unidos controlaban la policía de Cocula, pese a los cual las fuerzas Armadas no investigaron a dichos delincuentes, sino que les brindaron protección.
Porque no ha empezado el deslinde de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes, como el de Cocula, así como a otras autoridades del gobierno del estado de Guerrero.
Además, enfatizaron que “ante la falta de justicia y verdad en México”, los familiares irán ante las instancias internacionales. Una delegación se presentará ante el Comité sobre la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para denunciar lo que ocurre en nuestro país.
También recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha designado un grupo de expertos que a la brevedad deberá comenzar a realizar su verificación técnica de la investigación realizada por México.
Fuente : Aristeguinoticias.
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