El procurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.
Foto: Germán Canseco
Durante los primeros diez días de la desaparición de los estudiantes, el gobierno federal esquivó entrarle al caso que reúne todas las características del Estado fallido y la formación de un narcoestado. Una vez que ya no aguantó la presión internacional, sobre todo de los estadunidenses, abrió una investigación, pero sin tocar a los dos actores principales: el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el 27 batallón de infantería que tiene su cuartel en Iguala.
El gobierno de Peña Nieto nunca investigó a estos dos actores principales en la aciaga desaparición forzada de los jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Todas las líneas de investigación las centraron en la actuación de las bandas del crimen organizado y en el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Hasta ahí llegaron en su averiguación de tres meses, con el argumento de que a los estudiantes los confundieron con sicarios.
De manera oficial decretaron la muerte de los 43 estudiantes afirmando, sin pruebas fehacientes y sólo con la declaración de un sicario, que hubo una matanza e incineración de los cuerpos en el basurero de Cocula. La prueba de esto fue un diente enviado a la universidad de Innsbruck para que analizaran el ADN de uno de los estudiantes. Era la única pieza con restos genéticos.
Incapaz por conveniencia de hacer una investigación de fondo, pero presionado por la opinión pública nacional y extranjera, así como por organismos internacionales como la ONU, el gobierno federal optó por apresurar sus conclusiones una vez que de Innsburck los peritos antropólogos se declararon incapaces de identificar los restos carbonizados que la PGR les envió. Ese parecía ser el plan, llegar a la nada.
La verdad histórica construida por el procurador Jesús Murillo Karam y presentada en una conferencia de prensa armada de antemano para mostrar un video con la declaración de un sicario que “reveló” que él dio la orden de ejecutar y quemar los cuerpos fue rechazada de inmediato por familiares de los estudiantes normalistas y la opinión pública nacional e internacional.
Inmerso en su peor crisis de gobernabilidad, con el país hundido en la falta de crecimiento económico, criticado por su incapacidad de frenar la violencia y de incumplir sus compromisos de paz, seguridad y respeto a los derechos humanos, con la peor baja de aceptación social de los últimos presidentes, Peña Nieto intento cerrar el caso de los estudiantes de Ayotzinapa en el momento mismo en que se presentan indicios de sublevación social en Guerrero.
Muchos mexicanos tomaron como una burla o una afrenta la verdad histórica construida a golpes y dinero. La actuación histriónica de Murillo Karam diciendo que ya no había más que investigar fustigó más el encono social que se ha venido acumulando en los últimos años y que ya se expresado con violencia en el sureste del país.
En víspera del arranque de las campañas en las elecciones intermedias esta protesta social no disminuye como pretendía el gobierno federal al querer cerrar el caso de Ayotzinapa que sigue convocando a más protestas dentro y fuera de México.
La actuación histriónica de Murillo Karam no funcionó y con el nuevo Instituto Nacional Electoral rebasado de antemano para organizar elecciones pacíficas en varios estados, los focos de conflictos sociales ya están encendidos al menos en Guerrero, Michoacán, Estado de México, Morelos, Chiapas y el Distrito Federal.
Ante este escenario existen visos de que el gobierno federal y algunos de los estados quieren utilizar la mano dura contra las protestas sociales. Eso solo encendería más el escenario y la posibilidad de mayores conflictos sociales en varias regiones del país. El pasto está seco, sólo falta la chispa que lo encienda.
Fuente : Proceso.
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