El origen la partida 3919, bautizada como “gestión legislativa”, es hasta ahora desconocido porque los archivos digitales del Congreso local sólo tienen registro hasta 2010, pese a que desde 2005 está obligado a transparentar sus recursos.
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| Sesión en el Congreso de Sonora. Foto: Especial |
Un año después, en el ejercicio fiscal de 2007, los integrantes de la 58 Legislatura determinaron cancelar esa partida, sin ninguna objeción, porque la 3919 convivía de manera paralela y sin contratiempos con la que desapareció aquel año.
Así, las actividades realizadas por los 33 diputados –21 electos y 12 plurinominales– en sus respectivos grupos parlamentarios al interior del Congreso local cuestan a los sonorenses 429.4 millones de pesos de 2006 a 2016, además de sus salarios mensuales.
Con base en el reporte oficial emitido por la dirección general de Administración del Poder Legislativo, los congresistas locales reciben esos 99 mil pesos por concepto de “gestión legislativa”, otros 52 mil 800 pesos de “sueldo base”, más 38 mil 318 por el rubro de “riesgo laboral” y 25 mil 964 de “dieta”, lo que da un total de 219 mil pesos. Con ello, la prebenda partidista 3919 representa casi la mitad del salario de los representantes populares.
El recurso llega desde hace una década a las cuentas personales de los legisladores, y el monto total anual alcanza los 42.7 millones de pesos, a excepción de 2014, cuando la cuota se elevó, por acuerdo de los diputados, a 43.8 millones.
De esta manera, el Congreso local entrega a cada congresista local 99 mil pesos mensuales y una ministración extra anual por la misma cantidad para los casos en los que ese dinero haya sido utilizado en contratación de personal y tengan que cubrirse las diversas bonificaciones de fin de año.
Anualmente cada legislador recibe aproximadamente 1.3 millones de pesos, que multiplicados por los 33 representantes populares dan 42.8 millones que se “autopresupuestan” cada diciembre.
Esta ministración está sustentada en el artículo 165 de la Ley Orgánica del Congreso sonorense, que señala: “Los grupos parlamentarios –integrados por dos o más diputados– y las representaciones parlamentarias –cuando existe un solo diputado de un partido– contarán con presupuesto para asesores, personal y elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.
La ley interna es clara respecto de la repartición proporcional de la “gestión legislativa”, pero no en regular la forma de fiscalizar o transparentar los recursos que se entregan a los congresistas.
De acuerdo con la Dirección General de Administración, la comprobación de los montos repartidos por la partida 3919 es cuasidiscrecional, porque los legisladores que reciben este dinero sólo están obligados a entregar un reporte financiero semestral que únicamente analiza la bancada a la que pertenecen.
A su vez, por mayoría el grupo parlamentario avala esta mínima fiscalización y después se envía al Pleno del Congreso por medio de “correspondencia”. Los congresistas dan por visto el reporte financiero (o sea que lo aprueban sin que medie un análisis) y solo ordenan que se archive en la Oficialía Mayor, y ya en esta etapa queda fuera del alcance de los ciudadanos.
“El berrinche”
La entrega de esa partida salió de manera parcial a luz pública el pasado martes 1, cuando la diputada panista Carolina Lara, del distrito 8 de Hermosillo, se inconformó frente a los medios de comunicación porque le retuvieron una parte de su salario, luego de ser expulsada de la bancada a la que pertenecía, junto con otros tres legisladores, por beneficiar con su voto el endeudamiento de 5 mil millones de pesos promovido por la gobernadora priista Claudia Pavlovich.
“Hasta ahora no he sido notificada oficialmente sobre esta expulsión y están obligados a hacerlo, porque en septiembre del año pasado firmamos frente a un notario público los 13 diputados panistas y aún no hemos sido avisados sobre cambio alguno en esta acta”, justificó la legisladora tras reprochar que le habían dejado de pagar 59 mil pesos de su mesada.
Sin embargo, esa declaración fue solo una verdad a medias, porque en realidad dejaron de entregarle 99 mil pesos por orden de Moisés Gómez Reyna, coordinador de la bancada panista sonorense y exoperador financiero del otrora gobernador Guillermo Padrés.
Dos días después de la rabieta antes mencionada, el legislador Manuel Villegas, del distrito 13 de Guaymas, dijo que la acción del coordinador Gómez Reyna atendió únicamente al deseo “de expulsarlos”, pero por la vía legal “no va a poder”.
“Nos quitaron nuestras aportaciones legislativas, pero eso no es lo importante”, resaltó.
Por separado, el equipo de trabajo de Sandra Hernández, la tercera en la lista de las relegadas panistas y diputada por el Quinto distrito de Nogales, señaló que la legisladora “tuvo razones personales”.
“Había solicitado recursos extraordinarios para su demarcación nogalense, pero se los negaron y entonces avaló el proyecto financiero de la gobernadora porque incluía inversiones en el distrito que le ofreció su voto”, aseguraron sus colaboradores el pasado 26 de febrero.
Según el consultor de la asociación Sonora Ciudadana, Guillermo Noriega, estas prácticas de opacidad y entrega de fondos públicos discrecionales es común, “desde la Cámara de Diputados hasta los congresos locales”.
La transparencia de recursos públicos es aún deficitario porque las autoridades no diseñan mecanismos para ejercer la rendición de cuentas con rigurosidad, puntualizó.
Noriega lideró de 2006 a 2009 el proyecto denominado Monitor Legislativo, con el objetivo de combatir la opacidad en el Congreso local.
“El caso de discrecionalidad en el ejercicio de recursos públicos es típico en las casas de enlace, que si no se transparenta el dinero que se entrega para atender a los ciudadanos, se convierten en casa de campaña anticipada”, señaló.
El valor legislativo
El Congreso de Sonora es el sexto más cara en el país, con un presupuesto de 312.8 millones de pesos que se divide entre 33 diputados y representan un gasto legislativo per cápita anual de 9.4 millones de pesos, así como costo mensual de 789 mil 898 pesos.
Derivado de lo anterior, en sólo tres años cada diputado de la 61 Legislatura costará a los sonorenses 28.2 millones solo en el salario que percibe.
Y los 99 mil pesos cuasidiscrecionales que cada mes reciben los legisladores representa el pago de 14 mil jornadas de trabajo de una persona que percibe el salario mínimo de 73.04 pesos avalado para 2016.
Fuente : Proceso.
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