Los legisladores priistas volvieron a mentir y
delinearon un sistema anticorrupción que no sirve para nada, vacío, que
los protege y les permite mantener su modus operandi. Le cerraron el
paso a las sanciones penales a los funcionarios transas, tejieron una
red de opacidad en torno de sus ingresos y gastos, ocultaron los
debates, intentaron aplicar la congeladora y evitaron la llegada de un
verdadero “zar contra la corrupción”.
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| Iniciativa ciudadada. Foto: www.pan.senado.gob.mx |
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Dejaron pasar más de tres
semanas de trabajos en comisiones unidas, se congratularon por la
iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas
–conocida como Ley3de3 y avalada por más de 600 mil firmas– y dejaron
correr la discusión legislativa en la modalidad de parlamento abierto
para eliminar las “negociaciones en lo oscurito”, pero el pasado 21 de
abril el coordinador de la bancada priista, Emilio Gamboa Patrón, le dio
la estocada al paquete de siete leyes anticorrupción en el Senado:
señaló que la Ley3de3 podría desatar una “cacería de brujas”.
“Hay un artículo por ahí que dice que cualquier hombre o
mujer que denuncie algo especial de su vecino se quedaría con el 10% de
una comisión. Me parece que esto va a desatar una cacería de brujas”,
afirmó Gamboa Patrón en conferencia de prensa.
Gamboa Patrón, experto operador de las órdenes de Los Pinos
en el Senado, ejemplificó la supuesta “cacería de brujas”: “Si mañana
llegas tú con un carro nuevo: ‘A ver, investíguenla. ¿Con qué lo compró,
qué dinero utilizó, qué cheque dio, qué depositó?’. Me parece que hay
cosas que van a lastimar a la sociedad mexicana”.
Los senadores Armando Ríos Piter, del PRD, y Laura Rojas,
del PAN, le respondieron que la Ley3de3 sólo hace referencia a
servidores públicos y a las personas físicas y morales que reciban
recursos públicos, pero el veto priista ya estaba colocado.
El objetivo del PRI y de su aliado el Partido Verde no fue
evitar una “cacería de brujas” sino ganar tiempo y frenar la posibilidad
de que se discutieran y aprobaran siete leyes que eran reglamentarias
de la reforma constitucional en materia anticorrupción, en especial, las
reformas al Código Penal Federal y la creación de una Fiscalía General
Anticorrupción.
Desde el principio, los enlaces de la Secretaría de
Gobernación en el Senado y de la consejería jurídica de Los Pinos,
encabezada por Humberto Castillejos, buscaron frenar la posibilidad de
que las leyes anticorrupción tuvieran “dientes” penales y que se creara
la figura de un “zar anticorrupción”, defendida por la alianza del PRD y
del PAN.
El senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de
Estudios Legislativos, comenta a Proceso que el bloque priista buscaba
sacar solamente las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de
Responsabilidades Administrativas y las reformas al Tribunal Fiscal y
Administrativo, pero nada que abriera la posibilidad a la sanción penal
de quienes incumplieran lo establecido en la reforma anticorrupción.
Divide y vencerás
La alianza del PAN y del PRD en el Senado, junto con las
organizaciones promotoras de la Ley3de3, encabezadas por organismos
empresariales como la Coparmex, académicos del CIDE y del ITAM, así como
Transparencia Mexicana, Fundar o el Instituto Mexicano de la
Competitividad, prendió los focos de alerta en el bloque oficial.
El bloque del PRI-Verde primero optó por dejar correr el
reloj legislativo sin participar en las discusiones de las comisiones
dictaminadoras. Después fracturó a la bancada del PAN con ayuda del
propio presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth, a quien el
senador Ernesto Ruffo le reclamó airadamente en sesión privada de la
bancada, el pasado 28 de abril: “¿Estás trabajando al servicio del
gobierno?”
El llamado “bloque calderonista” dentro de la bancada
panista en el Senado se alejó de la alianza con el PRD y dejó sólo a su
coordinador, Fernando Herrera, en el tema de la anticorrupción.
La senadora independiente Martha Tagle, quien participó en
todas las deliberaciones, afirma en declaraciones a Proceso: “Todo el
tiempo intentaron fracturar a la oposición. Primero al PAN. Siete
senadores firmaron una carta con el PRI para decir que había que
modificar el mecanismo de parlamento abierto, aunque Gamboa Patrón por
ahí afirmaba que tenía 20 legisladores panistas de su lado”.
–¿Por qué los puso tan nerviosos el mecanismo de parlamento abierto?
–El parlamento abierto pone en entredicho al PRI. Porque
ponía en evidencia que no habían leído nada del contenido de las leyes y
que ellos están acostumbrados a trabajar en lo oscurito. Que los
dictámenes se negocien.
El PRI y el gobierno también fracturaron al bloque de las
organizaciones ciudadanas promotoras de la Ley3de3. Contaron también con
la ayuda y las presiones de empresas como Televisa y de algunos
integrantes de los organismos empresariales, a quienes también les
indujeron el miedo con la misma frase: se va a desatar “una cacería de
brujas”.
El pasado 26 de abril, en su columna “Espectro”, de El
Universal, el director jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé condenó
la Ley3de3 porque obligaría a que cualquier empresa o persona que
reciba ingresos del gobierno por alguna venta “deberá transparentar
todos sus ingresos –públicos o privados– y dar cuenta de todo su
patrimonio”.
Es decir, que las empresas del sector de comunicaciones
estarían siendo sujetas de la Ley3de3: desde los periódicos hasta las
estaciones de radio, televisión y telefónicas que reciban pagos por
dinero público, ejemplificó el funcionario de Televisa.
El esquema de las tres declaraciones (patrimonial, de
intereses y de impuestos) “abre la puerta a una cacería de brujas y pone
en riesgo la privacidad y seguridad de decenas de miles de personas que
nada tienen que ver con el gobierno ni reciben recursos públicos y
mucho menos son parte de actos de corrupción”, afirmó Tejado Dondé,
coincidiendo con la expresión de Gamboa Patrón.
–¿Se fracturó a la sociedad civil? –se le preguntó a Martha Tagle.
–En algunos casos les metieron el mismo miedo. Que si
algunos querían participar en la llamada “Mesa de las 7 Sillas”, donde
estarían representantes de las organizaciones ciudadanas dentro del
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, debían también
hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de
intereses.
“Creo que el papel de la sociedad civil en este proceso debe
ser de bisagra. No se les puede exigir ‘estás conmigo o estás contra
mí’ o ‘ya cambiaste de bando’”, afirma Tagle en clara referencia a una
declaración del coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, quien
acusó a la sociedad civil de haber “cambiado de bando” tras su reunión
con el PRI y el Verde.
También del lado de la negociación del PRD y del PAN hubo
errores, comentaron algunos senadores. Entre esos, concentrar la
negociación sólo en dos o tres senadores que desconocían los mecanismos
del parlamento abierto y las negociaciones políticas.
Gatopardismo
Finalmente, el pasado 26 de abril Gamboa Patrón admitió en
conferencia de prensa que no había condiciones para sacar el paquete
anticorrupción antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones y
que el PRI y el Verde ya estaban trabajando “un documento jurídico” con
las organizaciones Transparencia Mexicana, Instituto Mexicano de la
Competitividad (IMCO), Fundar, Fundación Espinosa Yglesias y México
Evalúa.
“Son ONG muy serias, como todas, pero han trabajado todo el
viernes, todo el sábado y el domingo, y el día de hoy están por terminar
el proyecto que creo que va a tener que ser presentado a los grupos
parlamentarios”, afirmó Gamboa Patrón, admitiendo así que no se trabajó
en parlamento abierto.
El 28 de abril, el presidente de la Coparmex, Gustavo de
Hoyos, presentó una carta a los presidentes del Senado, Roberto Gil, y
de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa Patrón,
demandándoles que cumplieran con lo establecido por la Constitución en
materia de reforma anticorrupción. El próximo viernes 27 se vence el
plazo que dio la reforma constitucional para publicar las leyes
secundarias.
“Solicitamos que de no haber consenso antes del 30 de abril,
se convoque de inmediato a un periodo extraordinario en el que se
discuta y aprueben los dictámenes de todas y cada una de las leyes que
conforman el andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo el
presidente de la Coparmex.
El líder empresarial expresó su desacuerdo con la
posibilidad de una reforma cosmética, sin capacidad de sancionar a los
funcionarios públicos:
“El Sistema debe poseer dientes para morder a la impunidad,
es decir, afectar directamente los bienes producto de la corrupción en
un marco jurídico adecuado para resarcir el daño”.
A pesar de estas demandas, el 28 de abril el PRI y el
Partido Verde presentaron sus cinco iniciativas que trabajaron a puerta
cerrada con algunos representantes de la sociedad civil.
Y sólo plantearon la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a las
leyes de Fiscalización, Coordinación Fiscal y Contabilidad
Gubernamental.
La parte medular de la Ley3de3 desapareció en las
iniciativas del PRI y del Verde: la obligación de los servidores
públicos de hacer públicas sus declaraciones de bienes patrimoniales, de
conflictos de interés y fiscales queda a voluntad de los sujetos
obligados.
Así se establece claramente en el artículo 29 de su iniciativa de Ley General de Responsabilidades Públicas:
“El servidor público que así lo determine podrá hacer
pública la totalidad de su declaración patrimonial. Los declarantes
podrán incluir la información de sus cónyuges y dependientes económicos
directos, siempre y cuando cuenten con la autorización expresa del
titular de la información”.
Lo mismo se ordena para las declaraciones de intereses y las declaraciones fiscales anuales.
“No le cambiaron nada a lo que actualmente ya existe en
materia de declaraciones patrimoniales”, reprochó la senadora Martha
Tagle.
La posibilidad de un periodo extraordinario quedó en el
limbo. Gamboa Patrón negociaba convocar hasta el 7 y 8 de julio de este
año, “después de las elecciones de los estados”, y después del plazo
límite de la reforma constitucional en materia de anticorrupción, que
vence el sábado 28.
Fuente : Proceso.
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