En su más reciente informe, la organización Artículo 19 alertó que “año con año, el número de agresiones contra la prensa aumenta”.
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, este 3 de mayo, indicó que en 2015 documentó 397 casos de agresiones, en comparación con 326 en 2014. Mientras que “durante la actual administración federal (del 1 de diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2016) se han registrado 1,142 agresiones”.
Ante ello, sentencia que “el incremento en las incidencias actúa en contra del ejercicio de la libertad de expresión y expone el nivel democrático de nuestro país”.
La organización señaló que “cuando se agrede a la prensa se vulneran los derechos de los ciudadanos a la libre expresión y a la información, y termina por desestimar la labor de los periodistas en la sociedad. Sin embargo, el Estado ha sido omiso en su obligación por brindar justicia, verdad y reparación del daño en los casos de violencia contra la prensa. La impunidad que prevalece en el país es un aliciente para la repetición constante de estos actos. Las condiciones para que los periodistas y comunicadores ejerzan su labor, no ha mejorado, al contrario cada vez son más precarias”.
Agregó que la labor periodística enfrenta un panorama adverso, porque se han documentado 93 asesinatos de periodistas de 2000 a la fecha, los últimos 20 durante el gobierno actual del presidente Enrique Peña Nieto.
En tanto, de enero a marzo de 2016, se documentaron 69 agresiones contra la prensa, de las que destacan los asesinatos de 3 periodistas: Marco Hernández Bautista, el 21 de enero, en Oaxaca; Anabel Flores Salazar, el 8 de febrero, en Veracruz; y Moisés Dagdug Lutzow, el 20 de febrero, en Tabasco.
Recordó que ante este escenario de violencia, “los periodistas de regiones del país donde mayor índice de agresiones se registra han encontrado en la autocensura una medida efectiva de protección”.
En su informe, Artículo 19 urgió:
1) A las autoridades encargadas de la procuración de justicia que cada uno de los ataques contra la prensa sean investigados tomando en cuenta la labor del periodista o comunicador, su línea informativa.
Asimismo, se les exige garantizar la máxima publicidad de estos casos tomando en cuenta el interés público que reviste la muerte de un periodista o comunicador.
2) A los organismos nacionales de protección y defensa de derechos humanos, analicen cada uno de los casos, a la luz de la afectación que genera la muerte de un periodista o comunicador a la libertad de expresión y recomienden a las autoridades involucradas acciones efectivas que garanticen la verdad, la justicia y la reparación.
3) Al poder legislativo federal y local, se abstenga de promover la aprobación de normas que inhiben o limitan la libertad de expresión de forma directa o indirecta.
Ver informe íntegro
Comunicado:
Fuente : AristeguiNoticias.
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