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| Soberón, Peña y Cienfuegos en el desfile del 16 de septiembre. Foto: Benjamin Flores |
Continúa la organización: “La intensidad y los patrones de violencia cometida desde diciembre de 2005 constituyen pruebas fehacientes de que los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas tanto por actores gubernamentales federales, como por miembros del cártel de los zetas son considerados como crímenes de lesa humanidad”.
Lo anterior forma parte de las conclusiones del informe “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, elaborado tras cuatro años de investigación, que incluyen al menos cien entrevistas con funcionarios de gobierno, fiscales, políticos, jueces, miembros del Congreso, y activistas de derechos humanos, en Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Querétaro, además de Morelos y Génova, Italia”.
En la investigación, encabezada por James Goldston, colaboraron también la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, y se hace un análisis detallado de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de solicitudes de información a dependencias federales, así como de reportes de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y de oficinas de Naciones Unidas.
De acuerdo con el estudio no cabe duda que “al aplicar los criterios utilizados pro la CPI, existe evidencia de que el gobierno de México inició una política de uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza como parte de la estrategia gubernamental de seguridad para combatir al crimen organizado”.
Dicha estrategia, la dirigió “contra cualquier civil que supuestamente se encontraba vinculado” al crimen organizado, mientras “reforzaba una casi completa impunidad para los funcionarios federales que ejecutaban dicha violencia”, lo que implicó “la comisión de múltiples actos contra la población civil, la cual incluyó asesinatos, tortura y desapariciones forzadas”.
El informe de Open Society hace un minucioso perfil del cártel de los Zetas, cuya actuación se apega a los parámetros de la CPI, de manera que en los últimos diez años la agrupación criminal ha desplegado “una política organizacional de intimidación y terror”, contra la población civil.
Un decomiso de armas a Zetas en Coahuila. Foto: Miguel Dimayuga
Al señalar que México “ha fracasado en investigar y procesar estos crímenes”, incumpliendo sus obligaciones internacionales, Open Society hace un recuento de las atrocidades cometidas en los últimos nueve años, pero toma como antecedentes relevantes crímenes de lesa humanidad cometidos durante las represiones estudiantiles de 1968 y 1971; las cientos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante la Guerra Sucia; las masacres de Aguas Blancas (Guerrero, 1995) y Acteal (Chiapas, 1997), casos que hasta ahora se mantienen en la impunidad.
“La historia moderna de México se ha caracterizado por la represión y el incremento en la militarización ejercidas por un Estado propenso tanto a la corrupción como la influencia externa, a menudo ejercida por los Estados Unidos”, caracteriza el informe al referirse a los antecedentes de la actual crisis de derechos humanos.
El documento recuerda que en enero de 2006 México suscribió los Estatutos de Roma de la CPI, que considera once crímenes de lesa humanidad, entre ellos asesinato, tortura y desapariciones forzadas, que “sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, considerando el “ataque” como una “línea de conducta” cometido tanto por fuerzas gubernamentales como por grupos armados organizados, en este caso Los Zetas.
Labores de vigilancia en la zona turística de Acapulco. Foto: Bernandino Hernández
Entre los aspectos relevantes de este informe están las consideraciones que los investigadores de Open Society hacen para identificar a los Zetas, a diferencia de otros grupos criminales en México, como responsables de crímenes de lesa humanidad.
Describen los antecedentes del grupo, en 1997, tras la deserción de 31 miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), encabezados por Arturo Guzmán Decena, para convertirse en el brazo armado del Cartel del Golfo, con el que rompe en 2010, luego de la extradición de Osiel Cárdenas Guillén.
En el informe se describe su estructura militar, integrada por “los halcones”, quienes “supervisan las zonas de distribución”, le siguen “las ventanas”, sector compuesto por “adolescentes, quienes viajan en motocicletas, son los responsables de chiflar a fin de advertir la presencia de la policía y otros individuos sospechosos cerca de las tiendas que venden drogas”; también están “los mañosos” que son “los especialistas en armas”.
La organización también tiene mujeres, “las leopardas, son prostitutas que obtienen información de sus clientes para que Los Zetas la usen”, y también está “la dirección, constituida por aproximadamente 20 expertos en comunicaciones quienes interceptan llamadas telefónicas, siguen e identifica vehículos sospechosos y coordinan secuestros y las ejecuciones”.
Del análisis de sus operaciones, el informe determina que Los Zetas han realizado “emboscadas, posiciones defensivas y tácticas de unidades pequeñas, por largo tiempo empleadas por las fuerzas militares, para los sindicatos criminales de México”; se distingue entre las organizaciones criminales de América como “una de las pocas (…) dispuesta a deliberadamente atacar retenes o patrullas militares”, de manera que cuando se formaron “catalizaron una evolución en el conocimiento táctico y la obtención de la inteligencia estratégica, las cuales se han convertido en la norma a lo largo de los últimos 10 años “.
El poderío de Los Zetas, apunta el documento, fortalecido por el respaldo de autoridades civiles corrompidas, sobresale por no considerarse asimismo como un grupo de narcotraficantes: “Siempre han sido un grupo militar, cuyo principal objetivo es el control territorial. Los Zetas entendieron algo que los otros grupos no hicieron: que no era necesario llevar a cabo actividades criminales para obtener ganancias, simplemente necesitaban controlar el territorio en el que esas actividades estaban ocurriendo”.
El imperio del terror es pues el poder de Los Zetas, añade el documento, que ubica al cártel en la franja de estados que colindan con el Golfo de México (Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas), así como Nuevo León y Coahuila, pero con presencia también en Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
“Los Zetas no son violentos sólo porque sus líderes prefieren ser agresivos, sino porque se guían por un modelo económico que se basa en el control del territorio de manera violenta. Dentro de ese territorio, obtienen rentas de otros actores criminales y trasportan sólo un número limitado de bienes ilegales a través de algunas de sus propias redes. Sin ese territorio no tienen ninguna renta. En esencia, Los Zetas son parásitos. Su modelo depende de su capacidad de ser más poderosos y violentos que sus rivales de manera que puedan obtener dicha renta”, apunta el documento.
Como ejemplos claros de la política de terror impuesta por Los Zetas, Open Society tomó los casos de Allende, Coahuila, donde entre marzo y abril de 2011, la comunidad fue tomada, las casas destruidas, los negocios quemados y 300 personas fueron secuestradas, sin que hasta el momento se tenga noticias de ellas; recordó el incendio provocado en el casino Royal en Monterrey, Nuevo León, donde murieron 52 personas, porque el dueño del local se negaba a pagar la cuota establecida; así como las decenas de tomas de carreteras para evitar el tránsito de unidades militares en Monterrey y Reynosa.
Un presunto sicario de Los Zetas. Foto: Tomada de YouTube
El documento destaca el alto nivel de impunidad en estos crímenes atroces, a partir de datos duros: de 2006 a 2015 se registraron 150 mil muertes violentas; de 2007 a 2012 uno de cada 10 homicidios fue merecedor de una investigación y de las averiguaciones integradas sólo 16% se consignaron.
En el apogeo del gobierno de Enrique Peña Nieto, las desapariciones que empezaron a registrarse con Felipe Calderón, continuaron. En 2014 llegó al pico anual más alto, fue de 5 mil 194, en tanto que se registraron 103 mil secuestros, sin contar que entre 2006 y 2014, 580 mil migrantes fueron plagiados.
Sobre las investigaciones en materia de desaparición forzada, en febrero de 2015 la PGR registró 313 denuncias, y 13 condenas por ese delito de lesa humanidad, la mayoría de ellas por casos anteriores a 2007.
Madres de desaparecidos marchan en la CDMX. Foto: Octavio Gómez
En materia de tortura y malos tratos, que “se infligen con casi absoluta impunidad” entre 2007 y 2015 la CNDH documentó 9 mil 401 denuncias, en tanto que la PGR procesó mil 884 averiguaciones previas pro ese delito entre 2006 y 2014, formalizando 12 acusaciones y ocho sentencias, seis de ellas condenatorias.
El amplio informe incluye un análisis pormenorizado de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, así como de la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
De acuerdo con el documento ese caso es el ejemplo más claro de la “obstrucción política que impide en México logar una verdadera responsabilidad penal por crímenes atroces”.
Retomando las indagatorias del GIEI, recuerda que existen evidencias de que al menos 40 de los 131 detenidos fueron torturados, sin contar con al menos otros 70 casos de civiles también atormentados por policías federales en Carrizalillo, Guerrero, donde la población fue interrogada por la desaparición de los 43.
“Las investigaciones federales sobe las desapariciones en Ayotzinapa presentaron muchos de los sellos distintivos de la manipulación política que ha caracterizado la gestión de la PGR con respecto a crímenes atroces”, puntualiza el informe.
Para la organización, la falta de justicia estriba en la negación del problema durante los últimos dos gobiernos: “Los funcionarios de mayor jerarquía sistemáticamente niegan o minimizan la escala y la naturaleza de los asesinatos, las torturas y las desapariciones, y hacen aseveraciones generalizadas sin fundamento considerando a las víctimas de estos delitos como criminales”.
Recuerda que los funcionarios de alto nivel “han optado por la rutina de atacar a los funcionarios de la Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil y otros que han destacado estos crímenes atroces”.
En la práctica la forma en que se ha minimizado los delitos atroces, ha sido utilizando la tortura como “herramienta investigativa”, lo que ha derivado en “encarcelamiento de inocentes, impunidad para los culpables y abandono de los desaparecidos, secuestrados y victimas del tráfico humano, cuya suerte no se investiga apropiadamente”.
A ello se suma que los gobiernos se “han propuesto proteger al Ejército y a la Marina de investigaciones penales creíbles sobre su participación en crímenes atroces”; la promoción de la militarización de las actividades policiales, lo que ha llevado al uso indiscriminado de la fuerza y a la coerción y tortura.
Mientras los fiscales federales “han evitado enjuiciar a actores del Estado y a actores no estatales por crímenes atroces”, reclasificando los crímenes, sepultando las investigaciones en la confusión burocrática, desmotivando a las víctimas para que no denuncien e incluso fabricando evidencia.
Las escenas del video donde militares torturan a una mujer. Fotos: Especial
El informe resalta que durante los gobiernos de Calderón y Peña ha sido común que ante la presión política, surjan iniciativas y reformas que a la larga han fracasado; en tanto que no ha habido coordinación con los estados para la creación de protocolos y estandarizar leyes para combatir las atrocidades, lo que se ha traducido en una negación a todos los niveles.
Sin pretender formular señalamientos concretos ante la CPI, como sí lo han hecho algunas de las organizaciones mexicanas que acompañan a Open Society –entre ellas la CMDPDH-, se recomienda la creación de una “entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción”, para lo que el país debería “iniciar un amplio proceso de consultas que incluyan a la sociedad civil”.
El mandato que tendría la entidad sería la investigación independiente de ese tipo de casos y presentarlos ante los tribunales mexicanos, proporcionar asistencia técnica a las instancias de investigación, desarrollar propuestas de reformas en el ámbito judicial y someterlas al Congreso y producir informes periódicos sobre la situación de los crímenes y los avances en la justicia penal.
Para atender las situaciones más urgentes Open Society sugiere la creación de equipos multidisciplinarios para investigar las desapariciones, localizar a las víctimas y sancionar a responsables.
Los equipos deberán ser integrados por personal supervisado por la CNDH, organismos civiles y grupos de familiares de víctimas, y el Congreso; crear un instituto nacional forense independiente de la PGR y la Secretaría de Gobernación, que sustituya a las dependencias federal y estatales, en tanto que el congreso debería aprobar la creación de un centro de protección de testigos, independiente de la PGR y la Policía Federal; en tanto que desde el Ejecutivo debería diseñarse un plan de retiro de las fuerzas armadas de labores de seguridad pública.
“Atrocidades innegables: enfrentando crímenes de lesa humanidad en México” será presentado mañana en el museo de Memoria y Tolerancia y con posterioridad en Bruselas, Ginebra y Washington.
Cienfuegos, Soberón y Peña durante una entrega de reconocimientos a soldados. Foto: Octavio Gómez
Fuente : Proceso.
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