Tragedia en el aula: las alarmas se ignoraron

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Sin duda el ataque que perpetró un estudiante de secundaria contra tres de sus compañeros y su maestra en un colegio particular en Monterrey, Nuevo León, para posteriormente suicidarse, sí es un caso inédito en México, pero había eventos y señales previos que indicaban que era un riesgo inminente y nadie los atendió. Los sitios en la red que incitaban a este tipo de violencia no son nuevos; el comercio y manejo permisivo de las armas de fuego también ya era muy conocido, e incluso ya había habido atentados y homicidios en las aulas, aunque no con las mismas características.

Soldados vigilan la entrada del Colegio Americano en Monterrey. Foto: AP / Emilio Vázquez

El 6 de mayo de 2014, un alumno de 15 años de edad de la Escuela Secundaria Oficial 574 Gustavo Baz Prada asesinó frente a la maestra a un compañero de 13 años de edad, supuestamente en venganza por una pelea que habían tenido un mes antes. La diferencia con lo ocurrido en Monterrey es que únicamente hubo una víctima y el victimario no intentó suicidarse, pero la acción fue prácticamente idéntica.

El sábado 5 de enero de 2015, en una casa de una colonia residencial de Monterrey, Nuevo León, un adolescente de 13 años de edad recibió (o se propinó) un balazo en la cabeza con el arma que le mostraba un compañero de su colegio. Se supo que este último, de 14 años, había adquirido el arma por 6 mil 500 pesos unos días antes frente a un centro comercial de San Pedro Garza García. El hecho evidenciaba la facilidad con la que cualquier persona, incluso un menor de edad, podía hacerse de un arma de fuego. Sin embargo, se optó por guardar silencio en vez de atender una situación que seguramente más temprano que tarde podría desembocar en una tragedia, como ya sucedió desgraciadamente.

Tras los lamentables hechos que segaron la vida del menor que accionó el arma de fuego y mantiene en estado grave a otras tres personas (la maestra y dos compañeros adolescentes), se sabe que la llamada policía cibernética ubicó y canceló al menos 44 cuentas de redes sociales que promueven la violencia. Los sitios en Facebook, YouTube y Twitter se hicieron más visibles porque pretendieron atribuirse vínculos con el agresor, incluso creando cuentas apócrifas para ello; es absolutamente inconcebible que funcionaran con toda normalidad sin que ninguna autoridad lo advirtiera.

Ninguno de estos hechos sacudieron al país como la tragedia del pasado miércoles 18, pero evidenciaban que en cualquier momento podía suscitarse un incidente que cobrara más de una vida humana. Sin embargo, la idea que prevalecía era que en México no sucedería jamás una tragedia como las que repetidamente han sucedido, particularmente en los últimos años, en el vecino país del norte.

Nadie volteó a ver la publicación del documento “Iniciativa Escuela Segura”, que reportaba los resultados de un estudio realizado por el Servicio Secreto y el Departamento de Educación de los Estados Unidos tras la matanza en la Escuela Secundaria de Columbine, Colorado, en 1999.

La investigación, difundida en 2002 de acuerdo con una nota publicada en el periódico El Norte en su edición del jueves 19, arrojaba hallazgos muy interesantes. Aun cuando fue imposible la formación de un perfil muy definido, sí se encontró que muchos de los atacantes eran víctimas de bullying, se sentían perseguidos, habían sufrido alguna pérdida que no podían superar y habían considerado el suicidio. Pero, sobre todo, hacía énfasis en que todos estos eventos fueron planeados y antes de ellos el agresor había mostrado un comportamiento que preocupó a otras personas e indicó la necesidad de ayuda.

Las primeras investigaciones del caso indican que varios de estos signos también estaban presentes en el menor: había sido recurrentemente cambiado de colegio, apenas en agosto había ingresado al centro educativo donde ocurrió la tragedia, y a su anterior escuela había ingresado uno o dos años antes tras haberlo tenido que cambiar del plantel al que asistían sus hermanos. El muchacho estaba en terapia psicológica y había considerado el suicido, y batallaba para relacionarse con sus nuevos compañeros, entre los signos más notorios.

También ahora se sabe que pocos minutos antes le envió un mensaje a un compañero de su anterior escuela, que decía: “Hoy voy a estar muerto”. Incluso les había anunciado a sus actuales compañeros que llevaría un arma al colegio, aunque no les dijo para qué.

Como se deriva de los párrafos precedentes, concurrían condiciones y señales de que la tragedia podría ocurrir, aunque algunas de éstas se conocieron después de los acontecimientos.

Los sitios de la red que convocan a la violencia estaban presentes desde antes y nada se hizo para retirarlos, y es imposible saber si ejercieron algún tipo de influencia para que desencadenara la tragedia. La facilidad para acceder a las armas de fuego es una realidad muy presente en el país, y a pesar de los casos de violencia que ya se habían vivido, no se habían reforzado las medidas preventivas en las escuelas.

Respecto al último punto es conveniente recordar que en 2007 el anterior gobierno federal implementó el programa Escuela Segura, cuyos principales objetivos eran combatir el narcomenudeo, así como el consumo de alcohol y la violencia al interior y exterior de los planteles escolares y, por lo mismo, contribuía a disminuir los riesgos de estos incidentes, puesto que incluía dentro de sus acciones la llamada “mochila segura”.

Sin embargo, de acuerdo con información publicada en El Norte, el actual gobierno federal decidió sustituirlo en el 2016 por el Programa Nacional de Convivencia Escolar, y aunque ese año le canalizaron 350 millones de pesos, para este 2017 le redujeron el presupuesto a 260 millones. Tan pequeña parecía la probabilidad de que en México ocurriera una tragedia de esta naturaleza en las escuelas que el gobierno no la consideraba dentro de sus prioridades, o al menos eso parece cuando le recorta los recursos.

Lo cierto es que estaban presentes las condiciones institucionales y de contexto para que algo así sucediera, en lo cual existe una importante responsabilidad de las autoridades mexicanas; pero también había claras señales de que el agresor reu­nía varias de las características del perfil de quienes han perpetrado este tipo de ataques, además de dejar evidencias en su entorno cercano de que planeaba el atentado, y aquí los que no se percataron de ello fueron sus familiares, amigos y maestros.

No hay forma de reparar el daño, pero lo importante es que no se vuelva a repetir un hecho semejante. Para ello es importante superar el estupor, tomar decisiones y actuar en consecuencia. Es uno de los ámbitos en los que el gobierno debe ejercer el liderazgo, pero requiere del compromiso de muchos otros actores de la sociedad civil (padres de familia, maestros, alumnos…) para poder atajar el problema e impedir que se extienda.

Este análisis se publicó en la edición 2099 de la revista Proceso, actualmente en circulación.