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| El gobernador del Edomex, Eruviel Ávila. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La criminalización del magisterio disidente en el Estado de México entró en una nueva fase: A la represión histórica, las agresiones físicas, la fabricación de delitos y el autoritarismo laboral se sumó una serie de reformas al Código Penal que tipifican como “delitos graves” el ejercicio de derechos fundamentales por parte del sector magisterial.
De acuerdo con las denuncias de diferentes organizaciones, las detenciones arbitrarias, torturas y fabricación de delitos han sido la constante desde 2012, cuando Eruviel Ávila (PRI) llegó a la gubernatura estatal.
Las agresiones físicas a las maestras Teresa y Antonia Salazar, profesoras de escuelas oficiales en Los Reyes-La Paz y Chicoloapan, así como al profesor Hermenegildo Torres, iniciaron la andanada.
Pero el 1 de septiembre de 2011, diez días antes de que Ávila tomara posesión de la gubernatura, el profesor Óscar Hernández Neri fue acusado de asesinar a una mujer en abril de 2007.
La versión de Hernández, quien hasta 2011 fungió como testigo del caso, es que la mujer anunció que se iba a suicidar. Dos vecinos de la supuesta víctima lo condujeron al domicilio, donde el profesor la encontró muerta.
Sin embargo, el 29 de abril de 2009 fue detenido un docente de la preparatoria 55, que dirige Óscar Hernández. El maestro fue torturado. Declaró haber escuchado a su director confesar el estrangulamiento de la mujer. Los “testigos”, no obstante, se retractaron de su declaración original.
Numerosas organizaciones educativas y sociales denunciaron la fabricación de un delito para inculpar al profesor y su causa fue asumida por la entonces senadora Rosario Ibarra de Piedra.
Además de las declaraciones, la acusación de estrangulamiento contradecía los peritajes de toxicología forense, que documentaron la presencia de sustancias autoinducidas. Esto significa que la mujer decidió quitarse la vida.
La andanada
En 1989 Óscar Hernández fundó la prepa 55, en Chicoloapan. Esa escuela tiene una de las matrículas más grandes de la entidad. Las instalaciones –autofinanciadas y desarrolladas principalmente con trabajo comunitario– lucen como las de un campus de universidad privada; su diseño es sustentable, cuenta con talleres de hidroponía y sus paredes están decoradas con jardines verticales y con grafitis artísticos, inspirados en motivos históricos o sociales.
La escuela registra sólo 10% de deserción y no aplica examen de admisión. Rechaza el examen de Ceneval porque “la educación media superior es un derecho de todos los jóvenes”, explica Hernández en entrevista con Proceso.
El esquema utilizado en la escuela, surgido del modelo de “preparatoria popular”, fue replicado por Hernández y otros docentes en la comunidad El Chocolín, en Chimalhuacán. Él y su equipo impulsaron proyectos similares en otros niveles educativos, como la Universidad Revolución, con presencia en los municipios del Valle de México y la sierra norte de Puebla. Hernández y las escuelas en las que se ha involucrado forman parte de la organización Sector Educativo Independiente (SEI).
Además del caso de Hernández, el 27 de marzo de 2013 fue detenido Felipe Rodríguez, dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), junto con su hijo Jesús Alejandro. Dicha organización –fundadora de decenas de escuelas populares en la entidad– mantuvo su oposición a la reforma educativa y, a diferencia de las secciones 17 y 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE, cuyos dirigentes dejaron de oponerse tras la detención de Elba Esther Gordillo a finales de febrero), la UPREZ mantuvo su postura.
Según las denuncias de diferentes organizaciones de derechos humanos y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Felipe Rodríguez fue torturado física y psicológicamente tras su detención. Le desprendieron el lóbulo de una oreja; lo golpearon con toletes y culatas de armas largas; le destrozaron la prótesis de su pierna derecha, además de encañonarlo, simular que le daban el tiro de gracia y amenazarlo con asesinar a su familia. (La Jornada. 27 de marzo de 2013.)
Otro caso es el de la maestra Virginia Lugo Becerra, integrante de la organización Pedagogía Libertaria Plenum XXI. Ella fue encarcelada por una denuncia de despojo interpuesta por dirigentes de Antorcha Campesina. La acusan de ocupar un predio en el que luego abrió la escuela Nueva Coatlinchán.
Legalizar la represión
El intento del gobernador Eruviel Ávila por inhibir las protestas magisteriales llegó al extremo de enviar una iniciativa de reforma legal que pretendía penalizar hasta con 10 años de prisión a quienes abandonaran las aulas para realizar actos ajenos a su función y afectaran a los estudiantes.
La propuesta establecía como agravante que un profesor promoviera o participara con la comunidad escolar en actividades “ajenas a su educación”. La sanción iba de seis a ocho años de encarcelamiento e inhabilitación de dos a ocho años en el servicio público.
La iniciativa fue enviada al Congreso local el pasado 26 de noviembre. Intentaba justificar la criminalización de los maestros alegando preceptos constitucionales, una interpretación de los derechos humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Para la Coordinadora Magisterial Popular Mexiquense (CMPM), el proyecto de reforma se proponía afectar la libertad de agrupación, manifestación, sindicalización, expresión, información y la libertad de cátedra. En la argumentación de la iniciativa, señalaron, el gobierno mexiquense desvirtuaba los instrumentos jurídicos que garantizan el ejercicio de las garantías constitucionales.
La propuesta de Eruviel Ávila fue acogida por el Congreso local y su discusión fue programada para el viernes 17. Dos días antes, diferentes medios de comunicación difundieron el contenido, y las secciones 17 y 36 del SNTE, así como los colectivos agrupados en la CMPM, expresaron su rechazo.
Los dirigentes seccionales del SNTE calificaron la iniciativa como un “exceso”, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) se desmarcó del rechazo y la CMPM calificó la iniciativa como una pretensión de Eruviel Ávila por criminalizar la protesta magisterial y denunció una “represión creciente” en la entidad.
La noche del miércoles 15, el secretario de Educación en la entidad, Raymundo Martínez Carvajal, informó que la iniciativa se retiraría, pero no lo hicieron definitivamente.
“Ha sido retirada por tiempo indefinido la iniciativa de ley que pretendía sancionar penalmente las inasistencias de docentes cuando éstos realizaran plantones, utilizando a alumnos y afectando el servicio educativo”, se expuso en un comunicado emitido por el gobierno del estado.
Martínez Carvajal destacó “las buenas relaciones” que mantiene con el magisterio del SNTE y el SMSEM, pero no mencionó a la CMPM, que agrupa también a miles de maestros –inclusive a integrantes de las anteriores– en repudio a la reforma educativa.
El jueves 16, la CMPM condenó la intentona de penalizar la lucha social y el ejercicio de derechos humanos. Asentó que era un signo más de la actitud represiva creciente desatada desde hace unos meses.
Estorbo
Cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México (2005-2011), la Plaza de los Mártires, en Toluca, se convirtió en centro de concentración policial. Situada a las puertas de Palacio de Gobierno fue cercada por vallas metálicas y cientos de agentes que impedían el arribo de manifestaciones, de manera que cuando actores sociales intentaron realizar un plantón debieron hacerlo tímidamente junto a la sede del Ejecutivo estatal.
Sin embargo, el pasado 10 de julio, una marcha multitudinaria de maestros llegó al lugar, y los uniformados, superados en número, recibieron órdenes de no proceder contra los manifestantes, que instalaron un plantón en la Plaza de los Mártires.
Más recientemente, cuando Peña Nieto ya ocupaba la Presidencia y se discutía la reforma educativa, diferentes colectivos magisteriales integraron un frente para rechazar lo que consideraron, más que una reforma educativa, una reforma laboral.
A Mónica Martínez Calvo y Éric Ramos Olivares los cesaron por participar en protestas. De acuerdo con el profesor César Hernández, uno de los voceros de la CMPM, la presión laboral sobre el magisterio –inclusive contra agremiados del SNTE– se manifestaba mediante descuentos por inasistencia, retenciones y, finalmente, procesos administrativos que derivaban en sanciones.
El 17 de julio, cuatro maestras decidieron iniciar una huelga de hambre en la Plaza de los Mártires. Un día después, el secretario del Ayuntamiento de Toluca arribó a la plaza y amagó a los ayunantes con denunciarlos por el delito de “estorbo de aprovechamiento de bienes de uso común”, una disposición que los legisladores delinearon en el Capítulo VI del Código Penal, integrado por los artículos 187 y 188.
El artículo 187 ordena condenar con seis meses a un año de prisión y con 30 a 100 días de multa a quien estorbe el aprovechamiento de bienes de uso común o vías de comunicación, desatendiendo el requerimiento de la autoridad de liberarlas. La pena se agrava hasta los dos años y una multa de 150 días a quien evite el uso de los bienes públicos, es decir, quien tome una instalación.
Llama la atención que, de acuerdo con el artículo 188, se aplicará la misma pena a quien venda droga en las calles o dirija el comercio sin permiso.
Cuando la huelga de hambre en la Plaza de los Mártires llevaba dos días, una comisión dialogó con el subsecretario de Gobierno, José Luis Bárcenas, quien aceptó conceder el derecho de audiencia. Estableció como interlocutor al subsecretario de Educación, Alejandro Neyra. Así, los inconformes decidieron levantar el campamento.
Cuando estaban por terminar de recoger sus cosas, un grupo de policías judiciales llegó a la plaza y notificó a los maestros Martínez Calvo y Ramírez Olivares, así como a Pedro Hernández Escobar y Adriana Gaytán Ruiz, que habían sido acusados de estorbo y debían presentarse al siguiente día en el penal de Almoloya de Juárez.
“Las órdenes de aprehensión fueron inmediatas”, recuerda Óscar Hernández. Considera que el rechazo generalizado de los maestros a la reforma educativa ha fortalecido a la CMPM, lo que provocó que el gobierno estatal respondiera con actos jurídicos amañados y persecutorios.
Ley Panal
En San Miguel Coatlinchán, cercano a Texcoco, la mancha urbana no ha podido destruir la tradición que rinde culto a Tláloc. De hecho, los habitantes siguen indignados porque en 1964 el gobierno federal, apoyado por el Ejército, sustrajo de sus tierras el monolito de Tláloc que a la fecha se exhibe en la entrada del Museo Nacional de Antropología, en el Distrito Federal.
Tienen un consuelo: Afirman que el monolito corresponde en realidad a Chalchiuhtlicue, esposa de Tláloc, deidad azteca relacionada con el agua lacustre y el nacimiento. Las antiguas familias originarias sostienen que guardan el secreto sobre la verdadera ubicación de Tláloc, al que aún rinden culto.
Si Coatlinchán fue obligado a desprenderse de una de sus deidades y enriqueció a la modernidad con una mayor comprensión del mundo azteca, se le ha pagado con abandono. Sólo cuenta con una escuela en la cabecera municipal que está sobrepoblada, por lo que surgió una escuela comunitaria sin reconocimiento oficial, Tenochtitlán.
María de la Luz, madre de tres niños alumnos de Tenochtitlán, presume que, en sólo dos años, lograron poner piso firme y consiguieron mesabancos.
Aun cuando la desnutrición es evidente, ahí no hay Cruzada contra el Hambre, no hay Oportunidades ni se aplican los programas de nutrición ni las campañas de vacunación. Eso sí, en las efemérides de cada lunes se rememoran las leyes que dieron origen a esos programas sociales…
En esa primaria los profesores integrantes de organizaciones sociales como la SEI no cobran salario y se sostienen con los ingresos que devengan en instituciones oficiales. Lo hacen amparados, porque el año pasado el Partido Nueva Alianza propuso una ley para castigar con cárcel al que brinde educación sin registro oficial, y la mayoría priista del Congreso local lo aprobó.
Los artículos 148 y 176 del Código Penal mexiquense establecen que quien no tenga autorización del gobierno para impartir educación será sujeto a una pena de cinco a 10 años de prisión y a una multa de mil a mil 500 días de salario mínimo, castigo que se agrava si quien lo comete trabaja además en el sector educativo oficial. Eso es lo que ocurre con los maestros de la escuela Tenochtitlán y cientos de centros educativos de todo el estado. (Proceso 1926.)
Aunque dicha ley no se ha aplicado, el historial de agresiones ha detonado numerosas demandas de amparo interpuestas no sólo por los movimientos sociales sino también por la organización de prestigio internacional Save the Children.
El maestro César Hernández, uno de los voceros de la CMPM, concluye: Lo que sucede es que existe un proceso represivo creciente en el Estado de México, que se ha radicalizado por su oposición a la reforma educativa.
Fuente : Proceso.
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