CANCÚN,
Q. Roo. (apro).- En menos de seis horas, la alianza PRI y PVEM aprobó
este lunes en comisiones y luego ante el Pleno del Congreso local la
nueva ley que restringe las manifestaciones en la entidad.
Promovida
por el diputado priista Juan Carrillo Soberanis, uno de los
legisladores más cercanos al gobernador Roberto Borge, la nueva
legislación –de “Ordenamiento Social”– fue presentada la tarde del
pasado jueves, pero fue opacada por la elección del titular de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Este lunes fue turnada a comisiones y más tarde al Pleno para ser aprobada.
La Comisión de Asuntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, que preside Carrillo Soberanis, empezó a sesionar a las 10:30 horas y 45 minutos después emitió, por mayoría, el dictamen a favor de esta nueva ley.
Y a las 14:30 horas, también con los votos del PRI y PVEM, fue aprobada por el pleno del Congreso del estado.
Con la ley de “Ordenamiento Social” ya no se podrán realizar protestas en zonas históricas o turísticas y tampoco marchar en vías primarias de las ciudades.
Es más, quienes pretenden realizar una protesta tendrán que pedir permiso y con anticipación de 48 horas.
Y si la autoridad les da permiso, no podrán “proferir injurias” en las protestas y mucho menos realizar bloqueos en carreteras y avenidas.
De entrada, esta nueva ley prohíbe las manifestaciones en las que:
“Se altera el funcionamiento de las instituciones que prestan algún servicio, la paz, la tranquilidad, de la o las comunidades, o se impide el normal desarrollo de las actividades de los demás habitantes o sus derechos humanos, o profieren injurias, o se hace uso de violencia o de amenazas para intimidar u obligar a que alguna autoridad resuelva en el sentido que se deseen los manifestantes”.
Pero también de manera tajante que prohíbe llevar a cabo bloqueos y advierte que éstos serán disueltos: “Se realizarán las acciones necesarias para retirar el bloqueo de manera inmediata”.
Y además prohíbe marchas en “vías primarias”.
Cuando las manifestaciones tengan lugar en vías públicas, el paso de los participantes no deberá de obstruir más de la mitad de los carriles y, cuando la vía pública lo permita, los manifestantes deberán usar los carriles laterales”.
Y establece:
“En el caso de la manifestaciones que invadan áreas prohibidas, la autoridad apercibirá a los manifestantes a dejar de realizar esta conducta y, en caso de negativa, la autoridad tomará las medidas conducentes para reencauzar a los manifestantes a las zonas permitidas”.
De igual forma, restringe los espacios para la realización las marchas, incluidos los turísticos.
“En el caso de manifestaciones, marchas o plantones, los participantes deberán abstenerse de realizarlas en espacios públicos con valor histórico, cultural, turístico, arquitectónico o de importancia para el desarrollo del estado, o sus accesos, con la finalidad de salvaguardar las actividades económicas, la generación de empleos y la estabilidad política, económica y social de Quintana Roo.
Asimismo obliga a los participantes en manifestaciones, marcha y plantones a responder directamente cuando “causen daños a los bienes o derechos de terceros”, independientemente de la “responsabilidad administrativa, civil y penal que resultare”.
También obliga a los organizadores de marchas, a dar aviso por escrito con 48 horas de anticipación la Secretaría de Gobierno del estado y a las secretarías de los ayuntamientos.
Votaron en contra de la legislación los tres diputados del PAN, Sergio Bolio, Trinidad García y Pela Tun, así como Hernán Villatoro, del PT y Jorge Aguilar Osorio, del PRD, que también votó en contra en comisiones.
El promotor de esta ley, Carrillo Soberanis, encabezó a grupos de choque contra alcaldes y candidatos del PRD y PAN en los procesos electorales de 2012 y 2013,
De hecho, en la sesión de este mediodía, la diputada panista y exalcaldesa de Lázaro Cárdenas, Trinidad García Argüelles, mostró, ante el pleno del Congreso una fotografía de Carrillo Soberanis, ahora legislador por el PRI, cuando arengaba, en julio de 2012, a decenas de priistas a tomar el palacio municipal de esa demarcación de la zona maya.
“Si esta ley, que usted presentó, hubiera estado vigente en ese entonces, usted hubiera sido sancionado”, le manifestó la exalcaldesa al líder del FJR.
La panista García Argüelles señaló que se requería una amplia consulta con las agrupaciones sociales.
En respuesta, Carrillo Soberanis amenazó a García Argüelles, que el PRI no aprobaría la cuenta pública del municipio de Lázaro Cárdenas, de 2013, cuando ella fue alcaldesa de esa demarcación.
También manifestó que se trata de una ley para que las protestas no afecten a terceros y para cuidar la imagen turística de la entidad.
A su vez, el diputado, Jorge Aguilar Osorio calificó esta nueva ley como un “Frankenstein” y anunció acciones legales.
Por otra parte, a través de las redes sociales, el dirigente estatal del PAN, Eduardo Martínez y el vocero estatal de Morena, Humberto Aldana, advirtieron que acudirán a los tribunales para revertir la Ley de Ordenamiento Social.
De hecho, en las redes sociales se multiplicaron críticas contra esta nueva ley.
Fuente : Proceso
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| El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Foto: Octavio Gómez |
Este lunes fue turnada a comisiones y más tarde al Pleno para ser aprobada.
La Comisión de Asuntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, que preside Carrillo Soberanis, empezó a sesionar a las 10:30 horas y 45 minutos después emitió, por mayoría, el dictamen a favor de esta nueva ley.
Y a las 14:30 horas, también con los votos del PRI y PVEM, fue aprobada por el pleno del Congreso del estado.
Con la ley de “Ordenamiento Social” ya no se podrán realizar protestas en zonas históricas o turísticas y tampoco marchar en vías primarias de las ciudades.
Es más, quienes pretenden realizar una protesta tendrán que pedir permiso y con anticipación de 48 horas.
Y si la autoridad les da permiso, no podrán “proferir injurias” en las protestas y mucho menos realizar bloqueos en carreteras y avenidas.
De entrada, esta nueva ley prohíbe las manifestaciones en las que:
“Se altera el funcionamiento de las instituciones que prestan algún servicio, la paz, la tranquilidad, de la o las comunidades, o se impide el normal desarrollo de las actividades de los demás habitantes o sus derechos humanos, o profieren injurias, o se hace uso de violencia o de amenazas para intimidar u obligar a que alguna autoridad resuelva en el sentido que se deseen los manifestantes”.
Pero también de manera tajante que prohíbe llevar a cabo bloqueos y advierte que éstos serán disueltos: “Se realizarán las acciones necesarias para retirar el bloqueo de manera inmediata”.
Y además prohíbe marchas en “vías primarias”.
Cuando las manifestaciones tengan lugar en vías públicas, el paso de los participantes no deberá de obstruir más de la mitad de los carriles y, cuando la vía pública lo permita, los manifestantes deberán usar los carriles laterales”.
Y establece:
“En el caso de la manifestaciones que invadan áreas prohibidas, la autoridad apercibirá a los manifestantes a dejar de realizar esta conducta y, en caso de negativa, la autoridad tomará las medidas conducentes para reencauzar a los manifestantes a las zonas permitidas”.
De igual forma, restringe los espacios para la realización las marchas, incluidos los turísticos.
“En el caso de manifestaciones, marchas o plantones, los participantes deberán abstenerse de realizarlas en espacios públicos con valor histórico, cultural, turístico, arquitectónico o de importancia para el desarrollo del estado, o sus accesos, con la finalidad de salvaguardar las actividades económicas, la generación de empleos y la estabilidad política, económica y social de Quintana Roo.
Asimismo obliga a los participantes en manifestaciones, marcha y plantones a responder directamente cuando “causen daños a los bienes o derechos de terceros”, independientemente de la “responsabilidad administrativa, civil y penal que resultare”.
También obliga a los organizadores de marchas, a dar aviso por escrito con 48 horas de anticipación la Secretaría de Gobierno del estado y a las secretarías de los ayuntamientos.
Votaron en contra de la legislación los tres diputados del PAN, Sergio Bolio, Trinidad García y Pela Tun, así como Hernán Villatoro, del PT y Jorge Aguilar Osorio, del PRD, que también votó en contra en comisiones.
El promotor de esta ley, Carrillo Soberanis, encabezó a grupos de choque contra alcaldes y candidatos del PRD y PAN en los procesos electorales de 2012 y 2013,
De hecho, en la sesión de este mediodía, la diputada panista y exalcaldesa de Lázaro Cárdenas, Trinidad García Argüelles, mostró, ante el pleno del Congreso una fotografía de Carrillo Soberanis, ahora legislador por el PRI, cuando arengaba, en julio de 2012, a decenas de priistas a tomar el palacio municipal de esa demarcación de la zona maya.
“Si esta ley, que usted presentó, hubiera estado vigente en ese entonces, usted hubiera sido sancionado”, le manifestó la exalcaldesa al líder del FJR.
La panista García Argüelles señaló que se requería una amplia consulta con las agrupaciones sociales.
En respuesta, Carrillo Soberanis amenazó a García Argüelles, que el PRI no aprobaría la cuenta pública del municipio de Lázaro Cárdenas, de 2013, cuando ella fue alcaldesa de esa demarcación.
También manifestó que se trata de una ley para que las protestas no afecten a terceros y para cuidar la imagen turística de la entidad.
A su vez, el diputado, Jorge Aguilar Osorio calificó esta nueva ley como un “Frankenstein” y anunció acciones legales.
Por otra parte, a través de las redes sociales, el dirigente estatal del PAN, Eduardo Martínez y el vocero estatal de Morena, Humberto Aldana, advirtieron que acudirán a los tribunales para revertir la Ley de Ordenamiento Social.
De hecho, en las redes sociales se multiplicaron críticas contra esta nueva ley.
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