Los empresarios trabajan bajo violencia que amenaza sus vidas, otros cierran o se van del país; la segunda entrega del reportaje publicado en el Informe Especial Expansión: El otro Mexican Moment.
La policía federal patrulla las calles de Iguala desde la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. (Foto: Jesús Almazán / Revista Expansión)
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — (NOTA DEL EDITOR: Ésta es la segunda parte del reportaje publicado por la revista Expansión en su edición el 19 de diciembre de 2014. La primera parte: Hacer negocios entre robos, secuestros y extorsión).
A menos de dos horas en auto de Chilpancingo, Guerrerro, en México, está Iguala, enclavada entre montañas. Es famosa por las minas de oro que la rodean y por haber sido clave en la Independencia.
Es aquí donde policías municipales persiguieron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 y, supuestamente, los entregaron a la organización criminal Guerreros Unidos por instrucciones de José Luis Abarca, el alcalde de Iguala detenido por la PGR precisamente debido a estos hechos.La entrada es un camellón amplio con árboles chaparros. Muchas calles están pavimentadas. Hay un megacentro comercial más grande que los que hay en la capital del estado, Chilpancingo. Son obras que hizo Abarca.
Pero los comercios están vacíos, incluso el mercado y los centros joyeros. Los habitantes de los pueblos aledaños ya no hacen las compras en Iguala. “‘No queremos trato con asesinos’, así nos dicen”, cuenta un líder joyero que vive en otra ciudad por seguridad.
Un señor con un local de arreglos florales empeñó hasta el banquito con el que podaba el árbol de la calle para ir saliendo día a día.
“Debo 18,000 pesos para surtir y no cerrar el negocio”. Asegura que vio la corretiza de los policías municipales a los estudiantes de Ayotzinapa. Su vieja camioneta tiene un hoyo porque, dice, los municipales corrían y disparaban al aire al mismo tiempo.
Por las calles pasan camionetas con gendarmes y policías federales. Ahora son los pocos clientes de los negocios. En esas mismas calles, en las esquinas y en las plazas, también hay muchos hombres jóvenes, parados en el mismo lugar por largo tiempo, mirando, con el celular en la mano y un morral cruzado.
“Gorrita, morral y celular. ¿Qué crees que son? Halcones”, había dicho en Chilpancingo, Apolinar Segueda, líder de la Unión de Taxistas Democráticos, refiriéndose a los vigías delos criminales.
Unos curiosos llegan al Palacio de Gobierno de Iguala a ver cómo quedó consumido por el fuego: manifestantes que pedían la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa lo quemaron y lo saquearon el 22 de octubre.
Acapulco, así como en Iguala
Acapulco, el motor económico de la región, no presenta un aspecto mucho mejor. La economía de Guerrero depende en 70% del turismo, que se concentra en esta ciudad. También acapara la mayor tasa de homicidios del país.
La Costera, la zona más clásica de Acapulco, es un desfile de comercios cerrados o sin gente. La zona de barcos para cruceros está vacía. La empresa Princess Cruises, famosa por la serie de televisión de los años 80 'El crucero del amor', decidió retirarse hace cuatro años después de 50 años de llegar al puerto, cuenta Ruth Leal, mánager de la compañía. “Ha sido una pérdida sentimental”, dice.
Más de 50% de los negocios bajaron las cortinas desde hace dos meses, afirma Laura Caballero, líder de la Asociación de Comerciantes Establecidos en la Costera. “Si antes (de Ayotzinapa) estábamos al 70%, ahora estamos al 20%. No viene nadie”.
Desde lo de Iguala, en Acapulco hay por lo menos 15 hoteles en riesgo de despedir a un promedio de 1,000 empleados, dice Erick Catalán, delegado federal del Trabajo en Guerrero, que representa a la Secretaría del Trabajo en el estado. Para el fin de semana del puente del 20 de noviembre de 2014, la ocupación hotelera estuvo 35 puntos abajo de años anteriores.
Una fabricante de ropa cuenta, en condición de anonimato y por teléfono, que dejó Acapulco por miedo. Vio cómo quemaban comercios. Intentaron robarla. Se salvó de una balacera. Asesinaron a vecinos y a un familiar.
No hay policías municipales desde abril. El ayuntamiento los desarmó después de hacerles exámenes de confianza. En todo el estado, hasta finales de noviembre, había 10,000 fuerzas federales, que vigilaban lugares como la Costera. Aun así, los crímenes siguen. El 21 de noviembre, los criminales asesinaron a cinco personas en la misma colonia y balearon dos camionetas de pasajeros.
"Ya no podemos prosperar en Chilpancingo, no puedo ampliar mi negocio porque me pongo en la mira. Los delincuentes me quitaron la esperanza". Empresario dedicado a la construcción. (Foto: Jesús Almazán/Revista Expansión)
El tour del terror
Los problemas de Guerrero son un ejemplo de lo que ocurre en casi una decena de estados, donde hay grupos criminales y cárteles de la droga. Michoacán, que comparte la conflictiva región de Tierra Caliente con Guerrero, es uno de ellos. Las historias de los empresarios son parecidas a las de Chilpancingo o Acapulco.
Rodrigo Villagrán abrió en enero de 2014 una cafetería en el centro de Morelia. Cerró en octubre tras sufrir el tercer asalto violento a plena luz del día. En un estado que produce 85% del aguacate de México y 50% del limón, los productores y transportistas de estos productos sufrían continuas extorsiones del cártel de Los Caballeros Templarios, que ganaba miles de millones de pesos al año.
La situación de la región aún es problemática, pero mejoró cuando grupos de civiles armados y autodefensas, primero, y la policía federal, después, se enfrentaron a los Templarios desde mediados de 2013.
Zonas calientes
Michoacán, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas son los focos rojos para el gobierno federal. Enrique Peña Nieto anunció el 27 de noviembre de 2014 que implantará la policía única estatal primero en esas zonas.
Tamaulipas es una de las regiones más afectadas de México, desde que en 2010 el cártel del Golfo y Los Zetas empezaron una lucha por el control. Cientos de empresarios cerraron sus negocios en los últimos cuatro años por el asedio del narcotráfico.
Cuando Roberto, prefiere no decir su apellido, se graduó hace seis años de la carrera de Veterinaria, tenía los elementos necesarios para emprender su propio negocio: provenía de una familia de ganaderos, poseía contactos en la región y se había graduado con honores en una universidad de Monterrey.
Empezó a trabajar en las tiendas de forraje que su padre tenía en Miguel Alemán y Mier, en la llamada frontera chica de Tamaulipas, una región ribereña al sur de Texas asediada por criminales que pasan droga a Estados Unidos. Quería ahorrar dinero para abrir su propia veterinaria, pero en 2013 la familia cerró el negocio. “La gente que iba por el alimento para los animales dejó de ir a (...) los ranchos por miedo”, dice.
Entre 2011 y 2012, la producción de carne del estado cayó 20%, según la Secretaría de Agricultura.
Alicia administra un local de renta de vestidos y trajes para bodas en Nuevo Laredo. Rentaba en 2009 unas 70 piezas semanales y facturaba alrededor de 35,000 pesos cada siete días. Hoy, si le va bien, sólo una o dos piezas salen del establecimiento.
Al menos 60% de las pymes del estado son víctimas de algún delito, según un estudio del INEGI de 2012.
“Muchos empresarios se fueron a vivir a Texas porque tienen la solvencia económica, tienen cómo comprar allá”, dice. “Pero nosotros, ¿cómo nos vamos, sin casa, sin dinero? No es tan fácil moverte”.
En 2011, unas 230,000 personas abandonaron sus hogares en Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, un organismo estadounidense. Cerca de la mitad migró a Estados Unidos. La economía de otros estados del norte también sufre por la inseguridad.
En Sinaloa, “no hay un escándalo social como en Guerrero ni en Michoacán, pero sí hay bastante violencia”, según Mariano Gómez, presidente del Centro Empresarial del estado.
Es fundamental, agrega, mejorar la percepción de seguridad de la región para impulsar la economía, y pone el ejemplo del puerto de Mazatlán, donde por tres años dejaron de llegar cruceros por los crímenes.
Veracruz no es prioridad
Veracruz es uno de los estados donde opera el cártel de Los Zetas, aunque no está entre las zonas prioritarias del gobierno federal para implantar primero la policía única. Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, dice que escogieron esas regiones según “los datos duros (...) de cuáles son los estados que tienen mayor incidencia delictiva”.
La percepción de algunos empresarios de la región es diferente. “Sí, la situación está delicada”, dice un notario de Córdoba, en el centro del estado. Allá nadie sale de casa después de las siete de la tarde, cuenta, por miedo a los secuestros.
“Todo empresario, de pequeña y mediana empresa, tiene miedo de empezar un negocio por la inseguridad”, añade otro empresario de la misma ciudad, con compañías de distintos sectores.
Hace dos años, secuestraron a su hermano. “Nos pidieron 600,000 pesos, y les dimos el dinero —dice—. Y nos lo entregaron... pero muerto”. Desde entonces, apenas duerme. “Te roban la tranquilidad: algunos negocios tuve que cerrarlos y a otros no ir más”.
Los datos duros no dejan en buen lugar a Morelos: ocupa los primeros puestos en los rankings de homicidios por cada 100,000 habitantes, secuestros, extorsiones y número de células criminales en el estado, según el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Hubo una racha en la que ya no venían los niños”, dice Corina Coria, dueña de una guardería en Cuernavaca, la capital. “En general, la inseguridad nos ha bajado las ventas en 40% en dos años”, añade Gerardo Tallabs, gerente de un negocio de copias en esa ciudad.
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirma que la situación va mejor. “Desde que llegué hace dos años, implementé un nuevo modelo de policía única estatal y (...) estamos rompiendo el nudo de complicidad entre policías y delincuentes”.
Chihuahua, Coahuila y el Estado de México también tienen fuerte presencia del crimen organizado, que perjudica las actividades de los empresarios.
En defensa propia
Algunos entrevistados afirman que tendrán que tomar medidas por su cuenta si la situación no mejora.
En Chilpancingo nació en 2013 un movimiento contra la inseguridad que reúne lo mismo a empresarios que a sindicalistas y comisarios de autodefensas. Los abandera Jaime Nava, un publicista de 40 años que preside la Coparmex en la región. “Al menos en la zona, no vas a encontrar a otro sector organizado como éste”, dice.
“La psicosis, un tremendo miedo, eso es lo que nos unió”, dice María Luisa Vargas, líder de 300 maquiladores en el estado y presidenta de la Comisión de Seguridad de la Coparmex.
El empresario constructor Adrián Alarcón confiesa que es raro que los empresarios simpaticen con campesinos armados, pero que, “para ser honesto”, él quisiera andar con ellos: “Pero nosotros no agarramos el fusil, no los sabemos usar, y no me voy por mis hijitos. Si no, ya anduviera allá”.
“Si algo le pasara a mis hijos, estaría dispuesto a todo, incluso a decir: vámonos por un movimiento armado”, señala un empresario, líder en la industria de la tortilla en el estado, que habla con condición de anonimato. Para evitar llegar a eso, los empresarios de Chilpancingo coinciden: necesitan soluciones de inmediato.
Por qué Nuevo León sí mejoró
“Vale la pena que visiten Nuevo León”, dice Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia. La Fuerza Civil, añade, la policía única que el gobierno estatal implantó en 2011, es un caso de éxito que mejoró mucho la situación de violencia.
La unión del sector privado ayudó, aunque los empresarios fueron muy críticos con el gobierno por la situación del estado. “Hubo voluntad de la iniciativa privada, cuando se reconoció que se vivía un problema serio”, explica Jorge Domene, vocero de Seguridad del gobierno de Nuevo León.
Los empresarios aportaron su know-how sobre cómo reclutar a la nueva policía. “Hay mucho que podemos aportar”, afirma Alberto Fernández, presidente de la Coparmex en Nuevo León. “Sin embargo, falta mucho. Iniciamos con un plan para tener 15,000 policías, y tenemos 3,500”.
La unión del sector privado y el gobierno es necesaria para que las cosas mejoren, agrega Blanca Treviño, presidenta de Softtek, una multinacional tecnológica con sede en Monterrey.
“Lo que tiene que ver con seguridad, nadie queremos estar porque te vuelves visible", dice. "Pero no podemos aislarnos de la solución. Podemos estar exigiendo, o integrarnos y decir: ‘¿Cómo lo arreglamos?’”. (La primera parte de este reportaje publicado por Expansión: Hacer negocios entre robos, secuestros y extorsión).
Con información de Dalia Martínez (Michoacán), Javier Estrada (Tamaulipas), Lourdes Flores (Nuevo León), Isabella González (Veracruz) y Jessica Bigio (Morelos). Fuente : CNNexpansion.
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