Enrique Peña Nieto. Foto: Eduardo Miranda
En un artículo publicado este miércoles en su edición impresa, en el que califica de “mesiánico” al tabasqueño, destaca el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, así como las polémicas adquisiciones de bienes inmuebles de su esposa Angélica Rivera, en Lomas de Chapultepec; de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco, y del propio mandatario –“la última vergüenza”–, en Ixtapan de la Sal.
“Con las encuestas que sugieren que la participación en las elecciones será triste, el principal beneficiario del cinismo que está engendrando el Presidente puede ser Andrés Manuel López Obrador, un populista mesiánico que dos veces ha estado a punto de ganar la Presidencia”. Y agrega: “México se merece algo mejor”.
En un mensaje de año nuevo, resalta, Peña Nieto se comprometió a trabajar para “liberar” a su país de la delincuencia, la corrupción y la impunidad. “Su gabinete ha establecido éstas como sus prioridades. El mensaje era el correcto. Pero, por desgracia para el señor Peña, los mexicanos son cada vez más cínicos respecto al mensajero”.
Añade: “México todavía está hirviendo por la respuesta de plomo del gobierno al secuestro, en septiembre, de 43 estudiantes por parte de la policía municipal de Guerrero y su aparente asesinato ejecutado por narcotraficantes. La investigación del caso parece haberse estancado. La principal respuesta política del señor Peña a la masacre es una propuesta de enmienda constitucional para abolir a las policías municipales. Pero el Congreso no lo aprueba, entre otras cosas, porque algunas fuerzas municipales se encuentran menos podridas que las fuerzas estatales que tomarían su lugar”.
Pero no sólo fueron críticas. La publicación dio un espaldarazo al Ejecutivo mexicano al señalar que el estado de derecho en México no se puede crear en una noche. Tomará años, quizá décadas, limpiar y fortalecer la policía del país, dice.
Sin embargo, anota, “sus críticos creen que Peña está esquivando la tarea más importante: castigar a los jefes políticos corruptos que son cómplices del crimen organizado. Y el propio gobierno está manchado por el escándalo”.
Prosigue: “La última vergüenza, reportada esta semana por The Wall Street Journal, es que Peña Nieto compró una casa en 2005 a un pequeño constructor que ha ganado una gran cantidad de contratos de su gobierno. Esto sigue a la revelación de que Luis Videgaray, su secretario de Hacienda, compró una casa de 500,000 euros en un club de golf de moda con una hipoteca del vendedor, una empresa propiedad de Juan Armando Hinojosa. El empresario ha recibido mucho trabajo por parte del gobierno federal y previamente del Estado de México, cuando el señor Peña fue su gobernador y el señor Videgaray fue secretario de Hacienda”.
De acuerdo con The Economist, esto confirmó “la estrecha relación entre la administración y el Grupo Higa, imperio de negocios del señor Hinojosa”.
La revista menciona que tanto Peña como Videgaray insisten en que no han hecho nada ilegal. “Se están perdiendo el punto. En las democracias modernas, a cuyas filas México aspira a ingresar, rascarse las espaldas mutuamente, como parecen haber hecho con Grupo Higa, es visto como un comportamiento inaceptable”.
Y sostiene que si se toman en serio la lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses, “los líderes políticos de México podrían mirar a Brasil”.
Destaca que Petrobras, la petrolera estatal de Brasil, está envuelta en un escándalo mucho más grande que involucra sobornos de quizás 4 mil millones en la última década, y “gracias a fiscales feroces y a tribunales independientes, y una nueva, dura ley contra el soborno, los brasileños pueden estar seguros de que el delito de Petrobras será investigado y castigado”, incluso si el camino lleva a la propia presidenta Dilma Rousseff.
Para que este tipo de cosas sean posibles en México, apunta, se necesitan varios cambios. “Las propuestas para una oficina de un fiscal independiente y un organismo de lucha contra la corrupción deben de ser la vía rápida (…) El segundo elemento que falta es la responsabilidad política. Nadie ha asumido la responsabilidad y nadie ha renunciado por las fallas de seguridad (…). Nadie ha prohibido a Grupo Higa tener contratos del gobierno mientras se investiga de forma independiente, aunque sólo sea para demostrar que está libre de culpa”.
Fuente : Proceso.
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