Presteve Foods, una planta procesadora de pescado. Foto: Especial
Una de ellas obtuvo la indemnización por daños más alta en la historia del tribunal: 160 mil dólares canadienses.
En el fallo de 90 páginas, el tribunal inculpa a José Pratas, dueño de la empresa Presteve Foods (una planta procesadora de pescado), quien tendrá que pagar todo el monto también por amenazar a las dos mexicanas con despedirlas si no cedían.
Además, el fallo determina que hay fallas en el TFWP y omisiones de los gobiernos canadiense y mexicano.
“Barreras reales”
De acuerdo con Tzazná Miranda Leal, coordinadora de Justicia para Trabajadores Migrantes, organización que acompañó todo el caso de las migrantes desde 2008, más allá del dinero que se otorgará a una de las trabajadoras, el fallo sienta un precedente para que otros tribunales utilicen su argumentación en futuros casos de violación de derechos de las mujeres que lleguen a Canadá mediante el TFWP.
“El juez (Mark) Hardt sorprendió por su lenguaje para hablar del programa y reconoce pública y oficialmente muchas de sus fallas estructurales”, dice Miranda.
Además, el tribunal declaró que patrón y empresa deben pagar la indemnización. Miranda cuenta que, generalmente, los patrones se declaran en bancarrota para dejar de pagar las compensaciones.
El fallo habla en sus párrafos 82 y 132 sobre las “barreras reales y significativas” que sufren los migrantes para hacer valer sus derechos por el idioma y la falta de conocimiento de las leyes de Canadá, además de su “posición económicamente vulnerable”.
Sobre el monto, el fallo menciona que se justificó por “el daño en la dignidad, los sentimientos y el respeto” causados por el dueño de Preveste.
Las dos mujeres que obtuvieron el fallo, OPT y MPT, identificadas así públicamente debido a que la ley les otorga el derecho al anonimato, llegaron a Preveste en un programa que data del 2002 con permiso de trabajo dos años.
Comenzaron el caso en 2008 junto a otras 39 de sus compañeras (tailandesas y mexicanas), las cuales lo fueron abandonando conforme pasaban los años. Algunas regresaron a México, otras se desistieron.
Primero denunciaron a Pratas penalmente, quien cumplió una sentencia de dos meses y pagó una fianza. Al considerar que no se había hecho justicia, decidieron empezar un caso por violación de derechos humanos. Las audiencias comenzaron en 2011. En ese año, un grupo de siete mujeres realizó un arreglo económico con Pratas.
De acuerdo con Miranda, es difícil que los tribunales tomen una postura de apoyo a mujeres que hayan sufrido violencia “de una manera tan radical”.
“Es una victoria difícil porque lo que les pasó ninguna cantidad de dinero lo va a quitar”, opina la activista.
Ante la petición que Apro hizo para entrevistar a alguna de las dos mujeres, ambas respondieron que no hablan con prensa mexicana por temor a que sus familiares se enteren de la situación que vivieron. Pero sí piden que se difunda su caso sin sus nombres. En un comunicado de prensa en inglés, fechado el 28 de mayo de 2015, una de ellas (OPT) dijo:
“Quiero decirle a todas las mujeres que están en una situación parecida, que no deben quedarse calladas, que existe la justicia y que no deben aceptar maltratos ni humillaciones (…) Uno piensa que tiene que quedarse ahí, que no hay adónde ir, ni con quién hablar”.
Fallas estructurales
En el fallo de 90 páginas, el Tribunal consideró también el testimonio de las dos mexicanas sobre la falta de protección por parte del consulado mexicano en Leamington.
En el párrafo 61 y 92 del fallo, MPT testificó que el personal de la empresa le dijo que debería volver a México. El 2 de abril de 2008, el personal le dio el ticket de avión para volver.
Antes de dejar la empresa en ese día, la migrante testificó que personalmente fue con el cónsul mexicano para decir lo que le habían dicho en la empresa y la razón por la cual fue despedida. Ante el cónsul dijo que fue tocada en distintas partes de su cuerpo y amenazada con el despido.
“Luego testificó que el cónsul mexicano le dio que no podía hacer absolutamente nada y que su mejor opción era regresar a México porque no le podía dar ninguna ayuda, testificó que el cónsul mexicano dijo que no quería ningún problema”, dice el fallo del Tribunal.
“Acepto esta evidencia”, dictó el juez en el fallo.
“Se retiró debido a que tuvo información errónea de una persona con autoridad a la cual acudió para saber sus derechos”, consideró.
El reportero intentó obtener la versión del consulado en Leamington sobre el caso. Desde el consulado le dijeron que tendrían que consultar con México. Luego fue contactado desde el número de la Secretaría de Relaciones Exteriores desde donde le dijeron enviara sus preguntas a la dirección de Comunicación Social de la cancillería. Hasta el cierre de esta edición (viernes 12) no había recibido respuesta.
“Jamás he sabido que intervenga en algo de deportación”, dice Miranda. “El consulado ha intervenido con patrones individuales, pero por lo general intenta mantener buenas relaciones para que el programa sigue vigente”.
“En el programa para trabajadores extranjeros temporales, el jefe tiene todo el poder, controla tu dinero, tu casa, tu estatus…todo. Te tienen amarrada a lo que ellos quieren. Tomó 8 años lograr que se haga justicia, pero después de 8 años la justicia llegó al fin”, declaró OPT al saber que obtuvo el fallo a su favor.
El reportero logró obtener mediante Justice for Migrant Workers un permiso de empleo para los trabajadores migrantes temporales. En sus puntos tres y cuatro, el papel dice: “No autorizado para trabajar en otra ocupación que no sea la asignada”.
Y: “No autorizado para trabajar para cualquier empleador que no sea el asignado”.
En 2006 había un total de 265 mil trabajadores extranjeros en Canadá con trabajo “cerrado”.
El fallo considera que esta modalidad de trabajo causa que el migrante depende de la relación con su patrón para tener trabajo: “Siempre bajo el peligro de ser despedido de su patrón y ser repatriados”.
Miranda explica que hay partes del programa que son responsabilidad de la autoridad local (provincial) y otra de la federal. El gobierno federal expide los permisos, hace la clasificación de ocupaciones, y el provincial se encarga del código de derechos humanos, la ley de estándares laborales, ley de salud y seguridad social.
Los permisos históricamente sólo se dan a la gente que trabaja en ocupaciones consideradas como menos especializadas: trabajo agrícola, manual, costureras, niñeras.
Este tipo de programa existe desde la década de los veinte del siglo pasado, pero le han cambiado características y nombre, antes se les conocía como “domésticas”. A diferencia del programa agrícola (PETAT), este trae gente a todas las industrias para sólo un trabajo.
Si un trabajador no juntó dinero suficiente en una semana y por ello se ve obligado a laborar dos turnos en otro lugar, la ley lo hace objeto de castigo. “Los pueden detener y deportar por haber trabajado indocumentado; es de una precariedad enorme”, denuncia Miranda.
El grupo Justicia para Trabajadores Migrantes pide que se realicen cambios al TFWP, como ofrecer estatus migratorio permanente a los trabajadores inmigrantes desde que llegan al país, poner fin a los permisos de trabajo cerrados y que puedan cambiar de empleador. También piden que el gobierno mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores “ofrezcan apoyo real” a los migrantes.
“En Leamington –dice Miranda no se habla más que del caso. Una de ellas (las demandantes) preguntaba qué habían dicho los políticos de Canadá. Nadie de ellos se siente inculpado. Vienen elecciones federales (el próximo 19 de octubre) pero los migrantes no votan, así que no les interesa ni se sienten aludidos” dice la activista.
El 3 de julio Justice for Migrant Workers ofrecerá una conferencia de prensa en Leamington. Apelará a Kathleen Wynee, premier de Ontario, y propondrán una revisión de la ley laboral, aunque resalta que los cambios requeridos son a nivel federal.
Fuente : Proceso.
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