Familiares de desaparecidos marchan en la Ciudad de México. Foto: Miguel Dimayuga
En videoconferencia desde Estados Unidos, el investigador de la Universidad de Columbia recordó que “en Colombia la sociedad civil se ha organizado mucho más, las víctimas se han juntado con sindicatos, estudiantes y otros sectores organizados y, a través de esta integración, han ejercido una presión mayor sobre las autoridades”, explicó, para enseguida añadir que “hay que imponer un costo social a la impunidad con paros o atraer la atención internacional”.
Decenas de miradas observaban la pantalla, instalada en la UAM Xochimilco, para permitir la intervención del especialista durante el arranque del Foro Internacional sobre Personas Desaparecidas en México, donde estudiantes y madres de personas desaparecidas conformaban la audiencia.
La mayoría lleva años buscando a sus seres queridos. Otra familia tiene apenas seis semanas de desconocer el paradero de su hija. Y se enfrentaron demasiado con la burocracia y los discursos demagógicos para estar convencidas de la ignorancia y la indiferencia de la mayoría de los servidores públicos.
De hecho, ningún funcionario permaneció en el foro después de sus respectivas ponencias.
Las madres, en cambio, demostraron que se convirtieron en especialistas en la materia y que no sólo se trasladaron hacia el recinto académico para escuchar conferencias magistrales.
“Han pasado tres años y sigo llorando”, declaró una madre al hablar al micrófono. A lo largo de más de mil días se volvió una “buscadora profesional”, yendo “a la brecha” y arriesgando su vida en el destape de fosas clandestinas en Tamaulipas.
“Mi propuesta es integrarnos en un grupo de búsqueda ciudadana”, lanzó.
Otra de las mujeres preguntó de manera tímida sobre aspectos técnicos de la búsqueda. Mientras la ponente intentaba responder, su vecina agregó:
“Olvidó precisar que el lugar dónde está su hermana está resguardado por el crimen organizado y quiere saber cómo forzar a las autoridades a actuar”, agregó.
Lo mismo ocurrió con la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres en América Latina y el Caribe, de acuerdo con su integrante Teresa Columba Ulloa Ziáurriz, ya que si bien empezó con una misión enfocada hacia la prevención, realiza ahora labores de atención y seguimiento a víctimas y de los casos.
Con detalles muy crudos, describió algunos de ellos, que abarcan desde redes de prostitución y tráfico de órganos hasta el empleo de niñas como “dedos” en Veracruz, una nueva modalidad en la que la menor de edad tiene la misión de introducirse a las casas de sus compañeras de clase para determinar el nivel socioeconómico de la familia, evaluando las ganancias de un secuestro.
Ulloa aseveró que el nuevo sistema penal no es más eficiente que el anterior ya que, precisó, “los ministerios públicos no están formados para hacer investigaciones”.
Y recordó el caso de una niña desaparecida, cuando ella tuvo que sugerir al MP de consultar el registro de aviación civil para ver los nombres de los pasajeros que se subieron en aviones a raíz de la desaparición. “No se le había ocurrido”, deploró.
Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco –visto por última vez en un cuartel militar de Guerrero en 1974– subrayó por su parte que a pesar del alcance simbólico del caso de su padre, pues en 2009 llevó a la condena del Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), las autoridades se siguen negando a investigar lo ocurrido.
“La justicia es ineficiente, tuvimos que acudir a las instancias internacionales pero a más de cinco años de la decisión no ha pasado nada, no sé si es bueno o malo porque los familiares no tenemos nada más”.
Tras seis semanas de búsqueda incesante, otra madre insistió en que la búsqueda se convirtió en su ocupación de tiempo completo. “Más busco y más investigo y menos encuentro”, lamentó.
Con un tono de resignación, la mujer precisó: “Cada día que pasa se diluyen las probabilidades de encontrar a mi hija viva, ahora lo que me digo es que voy a buscar en los Semefos”.
José Luis Cisneros, académico y criminólogo de la UAM Xochimilco, subrayó el papel de autoridad “moral y ética” que deberían desempeñar las universidades en temas tan graves como los de las desapariciones forzadas y en manos de particulares.
Sin embargo, abandonó rápidamente el tono académico y confesó, desesperado: “Yo no veo solución, no veo nada. Las reformas van y vienen pero esto sigue igual. La sociedad es tan egoísta que nada quiere saber. ¡Todos fallamos! ¿Hasta cuándo vamos a reaccionar?”.
Fuente : Proceso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario