Jorge Mario González García, uno de los detenidos el 2 de octubre. Foto: Especial
La noche de ayer, un joven identificado como Julio Marcel fue detenido junto con cinco mujeres, tras encabezar la formación de personas que mostraron camisetas estampadas con el mensaje “Peña asesino”. Este acto de represión ha sido una constante en los últimos años.
Desde el 1 de diciembre de 2012, Apro ha dado cuenta de detenciones irregulares en marchas y concentraciones ciudadanas, dos de las principales derivadas de las protestas del 10 de junio y del 2 de octubre de 2013.
El primero de diciembre de 2012 fueron detenidas 67 personas que participaron en las marchas contra la toma de protesta de Enrique Peña Nieto.
Aparte, como consecuencia de su participación en la marcha conmemorativa al “Halconazo”, fueron detenidos y procesados Diego Mora, Freddy Rosete, Diego Jacob Rodríguez, Carlos Esteban Jiménez, Jorge Alejandro Velázquez, Carlos Vázquez y Luis Barrera.
La mayoría son integrantes del Frente Oriente y fueron sentenciados por los cargos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y daños a la propiedad con dolo.
El 4 de octubre de 2013, Jorge Mario González García fue detenido por participar en las manifestaciones conmemorativas por la masacre del 2 de octubre de 1968.
El 7 de octubre se le dictó auto de formal prisión y se le fijó una fianza que, una vez pagada, le permitió llegar a las puertas del reclusorio, donde fue reaprehendido pues la caución se le revocó debido a su “peligrosidad social”.
El 20 de noviembre de 2014, elementos policiacos del Distrito Federal y Policía Federal agredieron a ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones del Zócalo capitalino protestando por los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.
El pasado 14 de septiembre, a dos años de las represiones masivas de manifestantes perpetradas por policías capitalinos durante las movilizaciones conmemorativas del 10 de junio y el 2 de octubre, la ‘ombudsperson’ capitalina, Perla Gómez Gallardo, concluyó lo que:
Las detenciones fueron arbitrarias; que se excedió el uso de los delitos “ultrajes a la autoridad” y “ataques a la paz pública”; que los detenidos en la mayoría de los casos no correspondían a quienes presuntamente habían incurrido en ilicitudes, y que en los diferentes procesos judiciales que se siguió a los detenidos hubo violaciones a garantías, entre otras, al debido proceso.
El periodista de Proceso Arturo Rodríguez ha dado puntual seguimiento a la represión de la policía contra activistas. Cita en una de sus investigaciones:
“El saldo de esos operativos, documentado por la CDHDF, fue de 90 personas agraviadas, entre ellas 23 mujeres, 61 hombres y seis adolescentes.
“Las conductas irregulares de los policías capitalinos consistieron lo mismo en la dilación de entrega al MP de los detenidos que en explicarles los motivos de la detención, con lo que se violó la garantía de libertad personal.
“Además, la Procuraduría local habría incurrido por su parte en otras violaciones a derechos humanos, por ejemplo, en al menos en un caso ordenó la retención de una persona sin que constara la declaración del policía que la detuvo y en cuyo testimonio se basaría el proceso”.
Fuente : Proceso.
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