MÉXICO, D.F. (apro).- Al votar ayer la disminución de 50% en el impuesto a refrescos y aguas procesadas que contienen cinco gramos o menos de azúcar por 100 mililitros, los diputados de PRI, PAN y Verde atentaron contra la salud de los mexicanos, y particularmente contra los niños, denunciaron hoy las organizaciones reunidas en la Alianza para la Salud Alimentaria.
Activistas exigen a diputados controles para refresqueras. Foto: Hugo Cruz
Los legisladores de PRI y PAN se opusieron a las reservas de la oposición –que planteaba argumentos basados en la salud– y rebajaron el impuesto a las “agüitas”, “néctares” y otras bebidas saturadas de azúcar destinadas a los niños, las cuales incentivan la adicción a los dulces y sustituyen el consumo de leche y jugos naturales, aseveraron las organizaciones, al denunciar un “acto contra la niñez”.
Una tercera parte de los niños mexicanos ya sufre de sobrepeso y, de acuerdo con las ONG, uno de cada tres niños nacidos después de 2010 se enfermará de diabetes en su vida –enfermedad que, a la fecha, ya cobra 24 mil vidas al año–. Por primera vez, esta generación de niños vivirá menos tiempo que sus padres, se alarmaron.
“Hasta hace poco no existía presión arterial infantil y diagnosticar una diabetes de tipo 2 en los jóvenes y la población activa era muy raro; ahora ya no”, explicó el doctor Abelardo Ávila, integrante del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, al sostener que “está comprobado que estas bebidas tienen efectos sobre todo el ciclo metabólico y generarán daños a largo plazo”.
De acuerdo con las organizaciones, las refresqueras dedican grandes cantidades de dinero en mercadotecnia –ya sea a través de la publicidad o en el diseño de las botellas y etiquetas– y en la ingeniería de productos –con colorantes, azucares y endulzantes– para acostumbrar a los niños a consumir estas bebidas y a volverse adictos a los alimentos dulces y ultraprocesados.
“La adicción a la azúcar inicia desde temprana edad, existen estudios que revelaron que el azúcar es altamente adictiva, incluso más que la cocaína”, recordó Alejandro Calvilla, director de El Poder del Consumidor, organización que denuncia con frecuencia los métodos que utilizan las industrias refresquera y de comida chatarra para engañar a los consumidores sobre el valor nutricional de sus productos.
Según Calvilla, a raíz de la implementación del impuesto las refresqueras aumentaron los precios de sus productos. Ahora que los diputados les condonaron la mitad de este gravamen, es poco probable que disminuyan sus precios. Por lo que, en comparación con el año pasado, las refresqueras ingresarán 50 centavos más por litro de refresco.
“La industria de la comida chatarra vulneró la alimentación tradicional, como el consumo de productos naturales, y destruyó los sistemas productivos como la agricultura familiar y la producción local”
Indignados, los representantes de la Alianza para la Salud Alimentaria no tuvieron palabras suficientes para condenar esta decisión “totalmente regresiva” e “ilógica”, pues la bancada del PRI derrumbó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que contemplaba un impuesto de un peso por litro de bebidas azucaradas.
Este IEPS formaba parte de la reforma fiscal que presentó Enrique Peña Nieto el 8 de septiembre de 2013. Las organizaciones lo consideraban insuficiente, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó un impuesto de al menos 20% para reducir de manera efectiva el consumo de refrescos, lo que representaba un sobrecosto de alrededor de 2 pesos por litro.
En aquel entonces, Peña Nieto explicó que el impuesto serviría para “desincentivar el consumo (de bebidas azucaradas) y, con ello, reducir índices de obesidad, especialmente en nuestros niños”.
Las organizaciones señalaron a las refresqueras y embotelladoras –Coca Cola y sus socias; Pepsico, Nestlé o Danone, entre otras– de haber cabildeado en las altas esferas del poder para tumbar parte del IEPS, que Jorge Terrazas, el director de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac), intentó frenar.
La industria se encuentra muy satisfecha de sus operaciones en el primer país consumidor de Coca Cola por habitante –los mexicanos consumen en promedio 728 productos de la refresquera al año, equivalente a dos cada día–, donde reporta ganancias multimillonarias.
En su reporte anual de 2014, la Coca Cola Company –sede mundial de Coca Cola– se felicitó de que México, Brasil, Japón y China sean sus mayores clientes a escala mundial, después de Estados Unidos, ya que estos cuatro países suman 31% de sus ventas globales, que sumaron 12 mil 156 millones de dólares en el segundo trimestre del año.
Las embotelladoras mexicanas Femsa y Arca forman parte de las cinco socias más importante de Coca Cola en el mundo.
De acuerdo con su información corporativa, Femsa Coca vendió más de 36 mil 550 millones de pesos de sus productos en el segundo trimestre de 2015, a través de sus cerca de 3 millones de puntos de venta y sus más de 351 millones de consumidores en varios países de América Latina.
Si bien Coca Cola reportó un incremento de 1% en sus ventas en América Latina, reconoció una disminución de 1% del volumen vendido en México, “debido al impacto de un nuevo impuesto que entró en vigor el 1 de enero de 2014”.
PepsiCo afirmó en su informe financiero del 2014 que México forma parte de sus mejores clientes –aportó 4 mil 414 millones de dólares de ingresos–, y resaltó que “nuestras operaciones fuera de Estados Unidos, en particular en Rusia, México, Canadá, Gran Bretaña y Brasil, contribuyen de manera significativa a nuestras ganancias”, las cuales se elevaron, en total, en 66 mil 683 millones de dólares el año pasado.
Pero PepsiCo también lamentó en su informe un declive de 2% de volumen de ventas –pero un incremento del 1% en ingresos netos– en América Latina, “lo que refleja un 0.5% de disminución en México debido a un impuesto sobre ciertos productos”.
En víspera de arrancar el 2016 con un “presupuesto base cero” y ciertas medidas de austeridad, los legisladores “amputaron” al IEPS de una recaudación que se elevaría en al menos 522 millones de pesos, destinados en un principio a incentivar el consumo de agua natural y a la atención a las personas afectadas por la diabetes.
Fuente : Proceso.
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