Peña y Solalinde durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 2012. Foto: Miguel Dimayuga |
En una carta que entregó en la residencia oficial de Los Pinos, el cura señala que mientras en el exterior el presidente de la República anuncia que México es un país democrático y respetuoso de los derechos humanos, con la clase política a modo y empresarios se festeja sus “reformas” estructurales hechas al vapor y al ritmo de intereses pactistas, pero sin la mínima intención de consultar al patrón que le paga al Ejecutivo federal: el pueblo mexicano.
Lo que falta de entregar del país seguramente se consumará en las leyes secundarias de las “reformas”, apunta.
En la misiva dirigida a Peña Nieto, Solalinde señala que la inseguridad ha resultado un buen negocio, pues por un lado el gobierno no proporciona seguridad a la ciudadanía, pese a que hay 40 mil policías federales que, más que proteger, “hay que protegerse de ellos”, y por otro lado existen 600 mil policías de agencia privadas donde las ganancias millonarias van para el mismo círculo político: los patrones, que son juez y parte.
En ese sentido, subraya que a la autodefensa de los pobres, el gobierno la considera fuera de la ley, y los pobres la consideran defensa propia extrema.
De acuerdo con el texto, el gobierno no protege, ni deja a las comunidades protegerse, ya que los líderes de grupos de autodefensa y cualquier líder crítico resultan incómodos, y tarde o temprano se encontrará la forma de eliminarlos.
Muchos de esos líderes, apunta, han sido asesinados en “accidentes”. No hay voluntad para dialogar con ellos y tampoco hay valor para matarlos de frente, sostiene el cura.
Y advierte que ante la situación que se vive en el país, Peña Nieto ya no puede esperar una Iglesia incondicional.
En la carta, Solalinde también hace referencia al tema migratorio y pide al Ejecutivo federal cambiar sus métodos de aplicación de la ley en esa materia, y que el gobierno se conduzca con humanidad.
Es indispensable, dice, que se trate a los hermanos latinoamericanos en tránsito por México como personas, y en caso de que cometan una infracción, como ocurre con quienes transitan sin documentos, sugiere evitar que se les dé un trato de delincuentes o que sean enviados a prisión.
De igual manera, considera urgente terminar con las Estaciones Migratorias, donde a los ciudadanos de otros países, afirma, se les da un tratamiento que resulta inaceptable, así como resolver las incongruencias e inconsistencias del reglamento de la Ley Migratoria.
Fuente : Proceso.
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