El secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Foto: Benjamin Flores |
Para los más
pobres y la clase media no hay desencanto porque la tragedia lleva rato y
no ven ninguna salida en lo que se propone y alardea desde el gobierno.
En cambio, el desencanto de los integrantes de la burguesía se deriva
de que no perciben la recuperación de lo invertido durante la campaña
presidencial (miles de millones de pesos), ante un engallado y pedante
secretario de Hacienda que se ufana de los beneficios invisibles de la
reforma hacendaria y trata de ocultar el nivel de recesión que se vive
este año y se refleja en el desempleo (la tasa más alta de los países
denominados emergentes) y en los bajos niveles de ingreso y de las
ventas, como consecuencia de la inflación y la subida de los impuestos.
Por el contrario, ahora se reclama al gobierno tener mayor coherencia
para afrontar esta realidad, como se lo han echado en
cara directivos de
empresas, del Banco de México, exfuncionarios, periodistas
especializados y hasta el INEGI. Tampoco es nada promisorio para los
ricos lo que se destila con las reformas energética, de
telecomunicaciones, de seguridad o de educación.
En el
sector educativo, un grupo de empresarios, apoyados por las televisoras y
algunos periodistas, se la han pasado reclamando al gobierno que
mantenga la mano dura contra el magisterio disidente, que no ceda a las
presiones de los gobernadores y siga, sin que medie ninguna negociación,
con la reforma laboral en el sector docente, pactada en la nueva Ley de
Coordinación Fiscal, que busca sustituir el muy cuestionado fondo de
distribución con el que antes se operaba (el Fondo de Aportaciones para
la Educación Básica y Normal, el FAEB) por el Fondo de Aportaciones para
la Nómina y el Gasto Educativo (Fone). Para demostrar que aquí se le
hace más caso a un pequeño pero muy vociferante grupo de presión, la SEP
ha avanzado en el control del sindicato magisterial oficial (el SNTE),
logrando su total subordinación, al tiempo que se aprietan las tuercas
contra los maestros del país.
La medida más directa que
la dependencia ha impuesto es la de los denominados “convenios de
automaticidad”, que concentran en la SEP la distribución de las partidas
federales en prestaciones y salarios. Es muy estrecho el margen de
negociación que ha dejado a los gobiernos de los estados que tienen
sindicatos por fuera del SNTE, con los que desde 1992 se han venido
negociando estímulos y recursos especiales. Con ello se avanza en el
control de las plazas, movimientos y recursos del magisterio, por encima
del SNTE, pero se abre una puerta más al conflicto magisterial en los
estados y en el DF, que empezará a sentirse desde esta semana con
movilizaciones multitudinarias a escala nacional contra el ridículo
aumento salarial de 3.5% (ni para comprar una botellita de agua diaria),
del recorte a las prestaciones locales y de la mal llamada reforma
educativa, que no existe.
Para los más pobres y la
clase media depauperada, todas las medidas tomadas por el gobierno (en
medio de las cuales se produjo la vergonzosa pifia de Rosario Robles en
una comunidad indígena) son pura demagogia. A ver quién le cree al
secretario de Educación que concentrando la nómina y provocando
conflictos sin ton ni son, se va a mejorar la educación en las zonas más
necesitadas y más afectadas del territorio mexicano, cuando
precisamente allí se están rechazando dichas imposiciones.
En
algunos lugares el fracaso del actual gobierno para dar respuesta a las
demandas de la población ha conducido al borde de la desesperación,
como ocurre en Cuernavaca, donde la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos ha sufrido en carne propia amenazas, acciones directas del
crimen organizado y el asesinato de miembros de su comunidad, como
ocurrió recientemente con el profesor Alejandro Chao y su esposa Sara
Rebolledo. La misma incertidumbre enfrentan los universitarios en
Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas,
así como en muchos otros lugares de estudio, escuelas y tecnológicos.
Tragedia
y desencanto por todos lados, menos en las oficinas del gobierno
federal, que todo lo ve de manera candorosa y exitosa, según la
grandilocuencia de su discurso. Cuando un gobierno no puede apreciar el
valor de la inteligencia colectiva, de los conocimientos, y no puede
aprender de sus errores ni de su propia acción retardataria, la
tendencia de su irracionalidad se va concentrando en el impulso a un
escenario de desastre colectivo.
Ya se está avanzando
en éste, cuando se sustituyen gobiernos fallidos con representantes
federales doblemente fallidos, de modo que si se sigue por allí, los dos
casos de este tipo (Michoacán y Tamaulipas) se multiplicarán hasta que,
al fin del presente año, tengamos a la mitad del territorio en un
estado de excepción e ingobernabilidad.
Fuente : Proceso.
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