Un grupo de niños juega futbol en Santa Catarina, Nuevo León. Foto: Víctor Hugo Valdivia
En conferencia de prensa, en la que anunciaron la creación del Frente Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, representantes de algunas de las 67 organizaciones advirtieron del riesgo de que dicha ley se convierta en “letra muerta”, a pesar de las condiciones de pobreza en las que se encuentran 21 millones de menores, de los cuales 4.7 millones viven en pobreza extrema.
Recordaron que desde que la ley fue aprobada, en noviembre del año pasado, una
de las críticas fue que nació sin recursos públicos, por lo que exhortaron a los legisladores que en el diseño del próximo presupuesto se considere la Ley General y se dote de fondos la operación del Sistema Nacional de Protección Integral.
Al anunciar la creación del Frente, Alejandro Poiré, de Save the Children, admitió que a pesar de que la Ley General de Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes no responde en su totalidad a los estándares internacionales, fue el resultado “de un gran esfuerzo” de organizaciones sociales para modificar el proyecto original de Peña Nieto, que no se acercaba siquiera a lo que al final aprobó el Senado de la República.
Puntualizó que legalmente el gobierno de Peña Nieto estaría obligado a presentar la reglamentación de la ley en junio próximo, documento que se le encomendó a la Secretaría de Gobernación (Segob), pero del que hasta ahora no se tiene información de avances.
A unos días de que venza el plazo, Poiré señaló que en una reunión que sostuvieron miembros de organizaciones sociales con el nuevo titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, “dijo que va a haber consultas”, por lo que consideró que se corre el riesgo de aprobar un reglamento inoperante sólo por acatar los tiempos legislativos.
Gabriela Escobar, de la Fundación Junto con las Niñas y los Niños (Juconi), destacó que en junio próximo también vence el plazo para que los Congresos locales homologuen sus leyes a la nueva Ley General, pero sólo lo han hecho los diputados de Durango, Colima, Zacatecas y Baja California.
Por su parte, Alma Meneses, de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), sostuvo que dichas legislaciones “no cumplen con los estándares internacionales, ni siquiera con el piso mínimo que establece la Ley General. Se ve que sólo hicieron un ejercicio de copiar y pegar, porque incluyeron en la legislación local atribuciones que corresponden a la Federación, es decir, no hicieron el proceso de revisión y adaptación de la legislación a su realidad”, dijo.
Gabriela Morales y Sair Pinilla, del Centro Fray Matías de Córdova y Aldeas Infantiles SOS, respectivamente, ofrecieron algunos datos que ilustran la situación crítica por la que atraviesa la niñez en México.
Tras señalar que de los 39.1 millones de mexicanos menores de 17 años, 54% viven en pobreza, destacaron que 30% de los adolescentes no cuentan con servicios de salud y en esa misma proporción jóvenes de entre 15 y 17 años no van a la escuela, en tanto que 5.4% de las niñas de ese rango de edad fueron madres, y de ellas el 90% están fuera del sistema educativo.
El drama del abandono institucional a la infancia y la niñez, apuntaron, se refleja en que cerca de 3 millones de niños de entre 5 y 17 años de edad trabajan, mientras que de los 2 millones de jornaleros agrícolas migrantes, 39.1% son personas menores de 18 años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Respecto de la movilidad humana, resaltaron que el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó 16 mil 971 niños repatriados de Estados Unidos, de los cuales 13 mil 864 de entre 12 y 17 años, y 214 menores de 11 años, viajaban solos.
Los activistas insistieron que ante el escenario preocupante por el que atraviesan los infantes en México, decidieron conformar el Frente Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para vigilar que se instrumenten de manera correcta la Ley General y el Sistema Nacional de Protección Integral, y se modifique el actual modelo asistencialista y tutelar por uno de reconocimiento de los menores como sujetos de derechos.
Fuente : Proceso.
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