Germán Larrea, presidente de Grupo México en una fotografía con Peña Nieto difundida el 9 de septiembre por Presidencia. Foto: Presidencia
En una publicación del diario El Mundo, en su edición de este miércoles, señala que el gobierno de Andalucía, encabezado por Susana Díaz, adjudicó la explotación de esa mina para dejar el yacimiento a la empresa Magtel, vinculada a la Junta de Andalucía.
Tras estallar el escándalo, Susana Díaz anunció la suspensión de esta adjudicación. Lo hizo en medio de sus tensas negociaciones con las otras fuerzas políticas representadas en Andalucía, para tratar de formar gobierno, luego de las recientes elecciones en las que obtuvo una votación mayoritaria, pero
insuficiente para ejercer el control absoluto.
El escándalo que mancha a Grupo México ocurre en medio de otro caso de corrupción que implica a la filial mexicana de la empresa española OHL, que está en el foco de la sospecha por unas grabaciones de llamadas telefónicas donde sus directivos hablan de sobrecostos, amaños y un presunto soborno a un funcionario del gobierno mexiquense de Eruviel Ávila.
Según el auto judicial al que tuvo acceso el diario español, la Junta de Andalucía le concedió a la empresa hasta 15 millones de euros en ayudas en cuatro años y fichó a un exalto cargo socialista.
Esta adjudicación se anunció el pasado 16 de marzo –y que era por 30 años—, en plena precampaña de las elecciones autonómicas siendo una de las promesas de campaña de Díaz la reapertura de la mina cerrada desde 1998 y la creación de cientos de empleos en este proyecto.
El auto judicial fue dictado el pasado día 7 por la magistrada Patricia Fernández, juez de instrucción 3 de Sevilla, que concluye que el consorcio formado por la empresa Minorbis y Grupo México no cumplía ni uno solo de los requisitos establecidos en el procedimiento.
La juez se basa en un informe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, del que se desprenden los indicios que confirman la denuncia presentada por otra empresa que aspiraba a esa mina, Emerita Resources.
Es tal el cúmulo de irregularidades -apunta el fallo judicial- que Minorbis-Grupo México no debió pasar siquiera la primera fase del concurso.
“No se observa –dice el auto publicado hoy por El Mundo—el más mínimo rigor en la actuación de la administración”, y recalca que esta mina ocasionó uno de los más graves accidentes medioambientales de España, en el año 1998, y que en esta adjudicación no se contemplan.
La magistrada investiga posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y negociación ilegal.
Las investigaciones se dirigen a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asencio, ubicada como “responsable” de las decisiones tomadas en este procedimiento de adjudicación.
La juez destaca que esta funcionaria ni siquiera acreditó la capacidad de Grupo México a través del preceptivo informe de la Oficina Consular.
También cuestiona que las dos empresas asociadas no detallen la inversión comprometida y sólo se alíen mediante un procedimiento cuestionable como es una “declaración conjunta de compromiso” que, en opinión de la juez, no va más allá de “una declaración de buenas intenciones”. Tampoco presentaron un seguro que es requisito obligatorio.
Grupo México es el consorcio culpable del vertido de sustancias altamente contaminantes en los ríos Bacanuchi y Sonora, en el estado norteño de Sonora, en México, en 2014.
De acuerdo con las autoridades medioambientales de México, la compañía de Germán Larrea tendrá que ocuparse de los multimillonarios gastos para reparar las consecuencias de ese vertido.
El empresario mexicano hizo presencia en el procedimiento para la licitación de los nuevos canales de televisión en México, aunque después anunció que renunciaba a esa opción de negocio.
Fuente : Proceso.
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