José Andrés de Oteyza, presidente de OHL en México. Foto: Miguel Dimayuga
Al ser cuestionado sobre el tema por el diputado Miguel Ángel Xolalpa de Movimiento Ciudadano (MC), el funcionario estatal justificó que las dos concesiones de OHL en la entidad: el Circuito y el Viaducto Elevado Bicentenario, sufren desequilibrios financieros importantes.
“No se ha amortizado el total de la recuperación del capital, eso no ha sucedido, no sólo se trata de bacheo, el mayor problema es el derecho de vía, al día de hoy no es verdad que ya haya recuperado su capital”, dijo, tras adelantar que las auditorías que se practican podrían arrojar resultados en ese sentido.
Por esta razón, indicó, la actual administración ha autorizado a esta empresa española tres incrementos en sus tarifas del Circuito Exterior Mexiquense: uno en 2013 de poco más de 6%, en 2014 otro igual, y en 2015 se encuentra pendiente otro aumento de 4%.
En el resto de las concesiones de autopistas, admitió, los incrementos autorizados son del orden de 10%: 3.5 por índice inflacionario y el resto para equilibrar los modelos financieros.
A OHL además se le amplió el plazo de concesión, prosiguió, pues “el equilibrio financiero requiere necesariamente recuperar la inversión realizada por el particular”.
Cabe recordar, no obstante, que la iniciativa promovida por el Ejecutivo estatal, en febrero de 2015, establecía la ampliación de los plazos de las concesiones, a pesar de que ya hubieran recuperado sus inversiones.
“Todas –las concesiones– son legales, todas basadas en las sobreinversiones realizadas por los particulares, y el gobierno del estado está obligado a garantizarles la inversión”, alegó.
Xolalpa Molina también lo cuestionó sobre las más de 4 mil viviendas afectadas por la construcción del Circuito Exterior, familias que no han sido indemnizadas.
Sobre el tema, Martínez Rojas afirmó que el gobierno del estado bajo ninguna circunstancia prohibiría la indemnización por derecho de vía; sin embargo, enfatizó, los dueños de las casas cercanas a la obra que han reportado daños producto de la obra, están situados en los límites de Sosa Texcoco, un lugar donde los deslizamientos de tierra suceden desde los inicios de la construcción.
“El gobierno del estado siempre ha mantenido una mesa permanente de apoyo a los afectados, se han hecho poco más de mil avalúos financiados por la concesionaria, y estamos haciendo trabajos de rehabilitación”, dijo.
Estos mil avalúos, precisó, fueron solicitados por los vecinos para determinar si la obra o el deslizamiento de tierra dañó sus casas; en el primer caso, la concesionaria estaría obligada a pagar los daños.
“No los hemos abandonado y no lo vamos a hacer –a los vecinos–; sin embargo, necesitamos tener certeza de que sea así, porque si todo esto se hiciera sin tener la certidumbre, irá en perjuicio de los usuarios de la vialidad”, indicó.
El secretario de Infraestructura también admitió que el Comité de Transparencia reservó en abril pasado toda información relacionada con el expediente OHL, pero justificó que la razón radica en que la empresa española se encuentra sujeta a dos procesos judiciales y cuatro auditorías.
La Secretaría de la Contraloría, detalló, revisa para determinar si hubo responsabilidad de los servidores públicos involucrados en este proceso, mientras el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) revisa el modelo financiero y los ingresos, fundamentalmente de la autopista Viaducto Elevado Bicentenario.
Además, expuso, la consultora externa Pricewaterhouse Cooper analiza todo el proceso de licitación, adjudicación, ejecución y operación, y el despacho Estrella revisa todo el proceso de adjudicación.
“Tan pronto como concluyan, conocerán con absoluta transparencia si existe responsabilidad de algún servidor público y la concesionaria”, ofreció.
Aunque no indicó el mecanismo ni el procedimiento a seguir, Martínez Rojas aseguró que la información está disponible para consulta pública.
Fuente : Proceso.
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