Enrique Peña Nieto. Foto: Eduardo Miranda
Ahora, en plena crisis de credibilidad del gobierno federal, hay un mejor complot que el inventado por Bernal. Este nuevo complot tiene como objetivo derrumbar a las instituciones mexicanas, vulnerar al Ejército y su prestigio nacional, utilizar a las víctimas de las masacres de Tlatlaya, Iguala y Ayotzinapa –más las que se acumulen– en un juego de poder comandado por el multimillonario norteamericano George Soros y “fuerzas oscuras” internacionales, radicadas en Estados Unidos.
Por más delirante que parezca, el nuevo “complot mongol” contra Peña Nieto no lo encabeza ni el populismo de Andrés Manuel López Obrador, que adquirió estatura internacional gracias a los discursos del hijo predilecto de Atlacomulco en Palacio Nacional y ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas.
No es el populismo del dos veces candidato presidencial, exjefe de Gobierno capitalino y líder del nuevo partido Morena, el auténtico “peligro” para México, sino una conjura que se armó en las oficinas del excéntrico multimillonario George Soros, quien seguramente dio la orden hasta la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, para mandar al matadero a decenas de jóvenes estudiantes y crearle un problema de Estado al pobre Peña Nieto, con tal de quedarse con nuestro petróleo.
Según las versiones que comienzan a correr entre el club del nado sincronizado que cobra en Los Pinos y publica en columnas y blogs de autoconsumo de la clase política, la matanza de Tlatlaya y la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala son un montaje y una conjura para debilitar al Estado mexicano a través de organismos no gubernamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro ProDH, y el gran paraguas financiero de George Soros, a través de su “brazo desestabilizador”: la fundación Open Society.
Así lo redactó Ricardo Alemán, columnista de El Universal, quien no necesita documentar ni sustentar ninguna de sus sentencias porque todo es una revelación divina, como le sucedió a Moisés cuando le dieron las diez tablas de la ley hace ya varios cientos de años:
“Hoy es posible probar que detrás del montaje de Tlatlaya están las mismas organizaciones no gubernamentales que tripulan el caso de Los 43 de Iguala. Y si lo dudan basta echar una mirada al informe parcial, nada serio, tramposo y hasta chabacano que el 2 de julio de 2015 emitió el CentroProDH; organización propiedad de Emilio Álvarez Icaza, que engañó con el cuento de que los efectivos militares habían recibido la orden de exterminar de noche a los integrantes del crimen organizado.
“El Centro ProDH es el mismo que tripula y mantiene secuestrados a los padres de Los 43 de Iguala; el mismo que controla la información sobre el caso de los normalistas, el mismo que ‘pastorea’ a los dizque expertos de la CIDH y el mismo que recibe jugosos dividendos de organizaciones extranjeras interesadas en desestabilizar gobiernos democráticos, como la Open Society Foundations, del magnate interesado en el petróleo mexicano, George Soros.
“El Centro ProDH es el brazo operativo de Emilio Álvarez Icaza, a quien Soros impulsó en la CIDH. Y el Centro ProDH es la organización que cooptó, financió e instruyó a las tres mujeres que sobrevivieron al enfrentamiento entre militares y narcotraficantes en Tlatlaya –que casualmente no fueron asesinadas–, pero que de manera repentina acusaron a los militares de haber ejecutado a los integrantes de una banda del crimen organizado a la que pertenecían”.
Bajo la lógica de este redactor de complots, seguramente la periodista Carmen Aristegui –quien anunció que llevará su litigio contra MVS y el Estado mexicano a la CIDH–, forma parte del complot de George Soros. La misma revista Proceso que entrevistó a Emilio Álvarez Icaza, los miles que han marchado demandando justicia en el caso Ayotzinapa, los reporteros de Squire y de AP que revelaron detalles de la matanza de Tlatlaya y hasta quienes se han reunido con los integrantes de la CIDH forman parte de la nómina de George Soros.
Es más, hasta el mismo Joaquín El Chapo Guzmán se escapó del penal del Altiplano por órdenes de Soros y de Emilio Álvarez Icaza y, en el colmo del delirio, los cinco jóvenes ejecutados en la colonia Narvarte de la Ciudad de México seguramente fueron asesinados por sicarios de la CIDH para “manchar” la trayectoria de este gran amigo de los opinólogos pagados por el erario de Veracruz, Javier Duarte.
Los delirios serían un caso excepcional si no estuviéramos ante una intensa campaña de medios de la Secretaría de la Defensa Nacional, y de su titular Salvador Cienfuegos, para negar cualquier responsabilidad “por comisión u omisión” en estos casos y, sobre todo, para advertir que las Fuerzas Armadas mexicanas no tienen por qué rendir cuentas ante ningún grupo de expertos ni ante ninguna instancia internacional.
La “entrevista” de Cienfuegos en el Canal 2 de Televisa, más la reacción visceral de funcionarios, columnistas y hasta defensores oficiales de derechos humanos al informe de la CIDH sobre la situación de graves violaciones a garantías individuales en México, apuntan a que un espíritu peor que el del Complot Mongol comienza a permear en el gobierno federal: es el Gustavo Díaz Ordaz que se siente felizmente incomprendido por haber caído en la trampa de su propia paranoia.
Twitter: @JenaroVillamil
Comentarios: www.homozapping.com.mx
Fuente : Proceso.
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