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Era el primer día de trabajo de campo según el plan de sus prácticas en conservación forestal en la oficina de la Asociación de Turismo y Conservación de Steadfast (STACA, por sus siglas en inglés).
Sin embargo desde las primeras horas de entrevistas Iván observó que en el poblado era común la venta y consumo de alcohol y droga, situación que las autoridades de las instituciones educativas nunca le advirtieron, mucho menos le proporcionaron garantías de seguridad.
Hacia las 14:00 horas ya cuando se disponía a salir del lugar dos hombres le salieron al paso.
“El sujeto que me interceptó primero lanzó con fuerza a mi cuerpo el primer machetazo cortando y fracturando el cubito de mi brazo derecho que alcé para cubrirme la cara. Salí corriendo hacia atrás en la misma dirección de la que procedía antes, dejando ahí la bicicleta.
“A un grito y señas del primer sujeto el segundo se colocó una máscara de ‘halloween’ y rodeó el lugar por la parte trasera del monte para alcanzarme e inmovilizarme juntos cayendo yo de espaldas, entre arbustos, a orillas del camino. Recibí más ataques con el machete lanzados a mi cabeza, manos y espalda. Comprendí mientras pasaban esos segundos que en verdad querían matarme”, relató Iván en la queja que interpuso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuya copia tiene Apro.
Como pudo el estudiante escapó de sus agresores y en su huida encontró a su compañero, también estudiante mexicano, que lo auxilió para llevarlo a un hospital donde le dieron atención médica primaria pero le advirtieron que debían operarlo de urgencia para conservar su mano.
Aquella agresión física fue sólo el inicio del calvario que Iván Juárez ha vivido en los últimos cinco meses ante el desamparo de las autoridades de Colegio de la Frontera Sur (Ecosur)-México, la Universidad de Sherbrook-Canadá y la Cancillería mexicana.
Sin seguridad ni dinero
Según la queja que Iván dirigió a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la decisión de enviarlo a Belice fue un acto de discriminación por parte del programa de maestría impartido por Ecosur y la Universidad de Sherbrooke.
Y es que, asegura, “era la única opción a estudiantes mexicanos para realizar sus prácticas mientras que estudiantes canadienses del mismo grupo tuvieron otra oferta amplia de países a dónde viajar”, por ejemplo Chile, Argentina, Brasil, Guatemala o Marruecos.
Peor aún, agrega, el viaje al vecino país del sur fue hecho “sin una beca al extranjero” por parte de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y sin tomar en cuenta que dicho país está bajo la categoría de reino independiente de la monarquía británica y, por ello, el costo de la vida es alto.
Esta situación le resultó imposible para “costear el seguro médico, gastos de vivienda digna o alimentación adecuada”.
Por si fuera poco las condiciones de seguridad y acompañamiento “fueron inexistentes, no previstas ni por Ecosur ni la Universidad de Sherbrooke”. El estudiante acusa que dichas instituciones ignoraron que Belice está enlistado entre los países más violentos y peligrosos del mundo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Incluso asegura que luego del ataque observó que “no existía plan de emergencia institucional a seguir”. De hecho la única comunicación con ambos centros de educación ha sido a través de Facebook y correos electrónicos tardíos.
La queja de Juárez Torrijos en la CNDH está acompañada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la asociación civil La Karakola.
En un comunicado ambas aseguran que Ecosur “ha buscado encubrir los acontecimientos con acciones como la solicitud de firma urgente de un convenio de beca donde se le ofrece un dinero complementario al estudiante quien cuestiona el convenio por contener cláusulas que le hacen renunciar expresamente a su ejercicio de cualquier acción o derecho en contra de Ecosur que, por otra parte, se niega a pagar íntegramente la atención psicoterapéutica”.
Además dijeron que personal del Consulado de México en Belice “forzó desde un principio” y de manera telefónica a la familia de Iván para pagar el boleto de avión que lo regresara a México con la advertencia de que “perdería el brazo o la mano”.
Cinco meses después de la agresión y sin poder recuperar el movimiento normal de su mano Iván desconoce el estado en que se encuentra el proceso judicial contra sus agresores. Tampoco ha podido recuperar su computadora y demás herramientas con las que realizaba sus estudios de maestría.
En la queja ante la CNDH el agraviado demanda que se reconozcan los derechos violentados en su contra, se brinden garantías de no repetición con otros estudiantes de la maestría y que se reparen los daños infringidos.
Se trata, dice, “que se garantice el derecho constitucional a la educación con calidad de estudiantes mexicanos”.
Fuente : Proceso.
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