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| El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. Foto: Octavio Gómez |
Miguel Reyes Hernández, titular del departamento, mencionó que aunque el Ejecutivo federal argumenta que lo que su iniciativa pretende es crear una nueva red de protección social universal, un sistema tributario más justo y transparente e impulsar al crecimiento económico, lo cierto es que la mayoría de sus planteamientos son simulaciones y demagogias.
Tras un análisis del contenido de la iniciativa, dijo que han encontrado que tal como está planteada la
reforma hacendaria implicaría la privatización del petróleo, la exclusión de derechos sociales, gravar proporcionalmente más a los trabajadores y a los sectores medios de la población, con énfasis en las personas físicas y cautivas y dejar intactos los privilegios fiscales de los grandes contribuyentes.
Explicó que aunque el gobierno federal asegura que la reforma pretende eliminar el régimen de consolidación fiscal, lo cierto es que este sólo cambia de nombre a otro que se llamará “grupo de sociedades”.
“Afirmar que se eliminará el régimen de consolidación fiscal es sólo una simulación porque lo que se elimina en cuestión jurídica es el régimen como tal, pero se crea otro que se llama “grupos de sociedades” que contiene exactamente los mismos términos para estos grandes corporativos “, precisó.
De esa manera, afirmó que este nuevo régimen igual permitiría que 4 mil 300 empresas agrupadas en 422 grupos económicos, puedan seguir consolidando de manera fiscal sus utilidades en pérdidas y de esa forma pagar sólo 1.7% de sus ingresos, en lugar de pagar el 17% que correspondería al 30% de sus utilidades.
Dijo que si realmente se eliminara el régimen de consolidación fiscal, se generarían ingresos para el país de entre 750 mil y 850 mil millones de pesos, cuando actualmente el gobierno del presidente Peña Nieto sólo plantea que con su reforma recaudaría de ISR un total de 75 mil millones de pesos.
“De los 75 mil millones que se pretende recaudar por ISR, 50 mil millones provendrían de los trabajadores, 10 mil millones por actividades profesionales y sólo 15 mil millones de empresas, con lo que se fortalece la hipótesis de que no están realmente eliminando el régimen de consolidación fiscal”, puntualizó.
Además, agregó que otro de los planteamientos riesgosos para el país es que se generarán “hoyos fiscales” por los cambios al régimen fiscal de Pemex, los cuales se pretenden cubrir con endeudamiento, que a su vez significaría un costo para todos los habitantes del país.
Por su parte, Humberto Morales Moreno, miembro del Observatorio de Salarios, planteó que el seguro de desempleo que —asegura el ejecutivo federal— se creará como un derecho universal es realmente un riesgo para los trabajadores.
Precisó que tal como está planteado, más que un derecho, lo que sería el seguro de desempleo es realmente una ampliación a una prestación que ya existe para que los trabajadores que queden sin trabajo puedan disponer por seis meses de parte de su fondo de retiro por adelantado.
“No es un seguro de desempleo como tal”, puntualizó, “no como el que opera en países de Europa y de Estados Unidos, donde el gobierno aporta los recursos. Esto sólo va a ampliar el nivel de riesgo de los trabajadores formales de mermar su sistema de pensiones; va a reducir la posibilidad de que los trabajadores que tengan que recurrir a esto se retiren con un nivel de vida digno”.
Finalmente, Jorge Abascal Jiménez criticó el planteamiento del ejecutivo en cuanto a la pensión universal, pues más bien se trata de excluir a las personas que cotizan y tienen otro tipo de pensión laboral, con lo que podrían quedar excluidos miles o millones de personas mayores de 65 años, que actualmente reciben el beneficio por parte de los gobiernos estatales.
Fuente : Proceso
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