Marcelo Ebrard, exjefe de gobierno capitalino. Foto: Miguel Dimayuga |
“¿Se pueden ustedes imaginar las fortunas que se van a generar y la inmensa cantidad de recursos que vamos a transferir a esas empresas por el solo hecho de otorgarles derechos de exploración y explotación de una superficie dada?”, planteó Ebrard Casaubón.
“Estamos al borde del precipicio, no exagero”, subrayó el exgobernante capitalino, quien también criticó la
“campaña aplastante” en medios de comunicación a favor de la iniciativa de Peña Nieto y propuso que la consulta popular, demandada por el PRD y otras fuerzas de izquierda, tenga los mismos espacios en los medios electrónicos.
En la mesa de análisis, realizada en la vieja casona de Xicoténcatl, exsede del Senado, también participaron el historiador Lorenzo Meyer, el exsenador Porfirio Muñoz Ledo y la economista Ifigenia Martínez, en una mesa moderada por Alejandro Encinas, presidente de una de las comisiones dictaminadoras, y el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa Huerta.
Todos coincidieron en la necesidad de realizar la consulta pública sobre la reforma energética antes de la dictaminación de la iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, tal como lo propuso Peña Nieto y el PRI.
“No puede ser frenado por el Congreso y menos por el presidente de la República. La consulta sería la fórmula democrática, legal y pacífica para resolver este diferendo”, subrayó Ebrard.
A su vez, Muñoz Ledo destacó que los llamados “principios pétreos” de la Constitución (aquellos que constituyen la esencia del pacto fundamental) no pueden ser modificados solamente con el proceso legislativo tradicional. Uno de esos principios es la propiedad originaria de la nación sobre esos recursos.
Por tanto, “la solución que se ha buscado es la consulta popular vinculatoria”, aclaró.
Muñoz Ledo insistió en la necesidad de “hacer un frente único para defender el petróleo, convocar a una consulta y elaborar un plan energético nacional digno para el país”.
Y estimó que se pueden recabar más de 2 millones de votos en esta consulta.
Encinas aclaró que es falso el argumento de que no se puede llamar a una consulta popular si no existe ley reglamentaria del 35 constitucional.
El senador perredista recordó que la facultad de iniciativa preferente del Ejecutivo federal se utilizó por parte de Felipe Calderón sin que existiera ley reglamentaria.
Lorenzo Meyer consideró que es necesaria una “reforma petrolera de fondo, de mucho fondo, pero esa reforma va más allá del petróleo, y es la corrupción la que debemos atacar”.
El historiador sostuvo que el principal problema de Pemex “es básicamente por la corrupción que lo envuelve” y proviene de dos áreas: el sindicato y la administración de la paraestatal.
Ifigenia Martínez aclaró que son inviables los “contratos de utilidad compartida” porque del petróleo “no se pueden extraer regalías”.
“El concepto de ‘derecho’ es engañoso. No puede haber derechos de explotación de un bien que pertenece a la nación, no al gobierno”, subrayó la economista.
La riqueza petrolera, puntualizó Ifigenia Martínez, “forma parte del subsuelo y el consumo empobrece al país, razón por la cual la recaudación de la venta del petróleo no es un derecho fiscal, es un ingreso de capital por venta de patrimonio nacional y la única forma de justificar el derecho de la renta petrolera es que su destino conserve su carácter permanente de recurso de capital; de ahí que la renta petrolera se debe emplear en inversión para el fomento industrial, infraestructura en desarrollo”.
Fuente : Proceso
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